Los documentos sobre Feria Valencia, Les Arts o la concertada abren una crisi
VALENCIA. El viceinterventor de control financiero de la Generalitat Valenciana, Ignacio Pérez, se ha convertido en problema para el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, que asiste impotente al impacto judicial que están teniendo los informes especiales que ha realizado este técnico de la Conselleria de Hacienda. 
Pese a que tres de los cuatro documentos de revisión de la gestión de empresas públicas que ha firmado Pérez los realizó a instancias de la Comisión Delegada de Hacienda y Presupuestos, es decir, del propio Consell, las conclusiones del trabajo de fiscalización de Feria Valencia, Vaersa y Fundación Palau de les Arts han provocado la irrupción de la Fiscalía, lo que ha generado tensión entre el conseller de Hacienda, de quien depende la Intervención y el resto de consellers a los que ha salpicado el caso, como Isabel Bonig o María José Català, o con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
"Los informes se encargan para mejorar la gestión pero están convirtiéndose en un elemento para judicializar los casos", lamentan desde el entorno de Moragues. La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Moragues ha sido el último de los informes que se ha conocido públicamente, el que ha firmado Pérez sobre la educación concertada y el uso de los fondos que destina la Generalitat a los colegios privados subsidiarios de la red pública. Este documento, que denuncia el mal uso de los fondos por parte de los centros subvencionados, no fue solicitado por la Comisión Delegada de Hacienda. Lo realizó a iniciativa propia el viceinterventor, que tiene entre sus funciones "la elaboración de la propuesta de informes y dictámenes que se deriven del ejercicio del control financiero permanente y de los controles financieros específicos".
El propio conseller de Hacienda reconoció el viernes pasado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell su incomodidad con el informe del que dijo no comporte la metodología utilizada para extrapolar sus conclusiones -solo se revisó una pequeña parte de los colegios concertados- así como el lenguaje utilizado en el documento, duro con los controles públicos.
El problema de fondo es que la Conselleria de Hacienda ha perdido el control de la Intervención, un órgano que depende de su organigrama pero tiene independencia de actuación. Esa libertad, sin embargo, estaba tradicionalmente muy acotada, especialmente durante el mandato del que fue todopoderoso Interventor General Salvador Hernándiz, destituido por el Consell a finales de 2012 tras la filtración de un documento vinculado al caso Blasco.
RELEVO EN LA CÚPULA DE LA INTERVENCIÓN
La llegada de Francisco de las Marinas al cargo supuso un cambio radical en el órgano. Se rompió la relación que mantenía Hernándiz con los consellers a los que estuvo vinculado. A petición suya se nombró a un director general de Intervención, cargo que no existía, puesto para el que Moragues nombró a Pascual Pascual.
De ellos dependen cinco viceinterventores generales: el de Función Interventora, el de Control Financiero, el de Auditorías, el de Contabilidad Pública y el de Administración Sanitaria. De ellos, el de Control Financiero, Ignacio Pérez, es el que está generando los problemas políticos a Moragues con sus informes.
Según distintas fuentes consultadas por este periódico, la situación de este departamento es anómala. El Interventor General está en un permanente segundo plano desde su nombramiento. De hecho, en las últimas comparecencias públicas del conseller Moragues para explicar asuntos como la Cuenta General o el informe de la Sindicatura de Comptes quien le acompañó fue el viceinterventor de Contabilidad, Gonzalo Peral.
Resulta patente que la sintonía de Peral con Moragues es mayor que la de Pérez, por comparar dos cargos del mismo nivel. El viceinterventor de Contabilidad llegó a defender el criterio del conseller sobre Feria Valencia y su carácter privado frente al informe de su compañero de departamento en el que no solo aseguraba que es pública sino que pedía a la Generalitat que asumiera el control cuanto antes, lo que desató la ira de Rita Barberá.
De hecho, la Fiscalía nombró a Pérez perito judicial para proteger su independencia ante posibles presiones que pudiera recibir para modificar el informe en el que desveló sobrecostes en las obras de Feria Valencia y mala gestión del equipo que formaron Alberto Catalá como presidente y Belén Juste como directora general.
Desde el departamento de Moragues se insiste en que en los últimos dos años se ha profundizado en la independencia de la Intervención. Sin embargo lamentan el lenguaje de los informes de Pérez así como el criterio utilizado para su elaboración. Tanto en el caso de Feria Valencia como en el de los colegios concertados las muestras que se utilizaron para la elaboración del documento fueron inferiores al 10% del total al que se extrapoló en las conclusiones.
