El pasado jueves, en la reunión habitual preparatoria del pleno del Consell, se produjeron voces discrepantes ante el inminente cese de Eusebio Monzó, que ha dejado el cargo tras su imputación esta misma semana
VALENCIA. Este viernes se confirmó la noticia esperada desde el miércoles pasado. La portavoz del Consell, María José Catalá, anunciaba el cese de Eusebio Monzó, secretario autonómico de Hacienda, tras ser imputado por supuestas irregularidades en la concentración de Centro de Convenciones de Castellón, cuyo proyecto correspondió al arquitecto valenciano Santiago Calatrava.
El número dos del conseller Juan Carlos Moragues, cuya imputación se debe a su responsabilidad como director general en Proyectos Temáticos años atrás, es sustituido por el actual responsable del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Enrique Montes. La salida de Monzó obedece a la estricta 'línea roja' establecida por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, quien a lo largo de la legislatura ha forzado la dimisión de los altos cargos del Ejecutivo que han sido imputados en distintas causas.
Precisamente esta doctrina del presidente salió a relucir en la reunión habitual de subsecretarios y secretarios autonómicos que se celebra los jueves para preparar el pleno del Consell del día siguiente. Fuentes de la Generalitat señalaron a este diario que varios altos cargos expusieron su malestar por el caso Monzó y lamentaron la rigidez aplicada por Fabra en estos casos.
En esta línea, algunos de los altos cargos presentes coincidieron en que existía una "desprotección" por parte del Consell a los dirigentes del segundo escalón de la Generalitat, sobre los que recae en la mayoría de los casos la responsabilidad de firmar distintas actuaciones que, a posteriori, están siendo llevadas en algunos casos a los tribunales.
El caso de Monzó ha resultado especialmente significativo por varios motivos. Uno de ellos es que otro de los imputados en este asunto es el subsecretario del Ministerio de Educación, Fernando Benzo, por su etapa como director de oficina de Calatrava. Sin embargo, el responsable de esta cartera, José Ignacio Wert, le mantiene en el cargo a diferencia de Fabra, que no ha vacilado en propiciar la salida de Monzó. Además, cabe recordar que esta baja es una pérdida muy inoportuna para el conseller de Hacienda, dado que el secretario autonómico viene siendo una pieza fundamental tanto en la gestión de pagos como en las relaciones con Madrid en la negociación del nuevo sistema de financiación.
En este sentido, se da la circunstancia que el PP en el ámbito nacional no sigue la misma tesis de Fabra en lo que se refiere a las imputaciones. De hecho, las conclusiones arrojadas en la última escuela de verano de la formación 'popular' celebrada la pasada semana apuntan a que la 'línea roja' del partido en España se sitúe en la apertura de juicio oral y no en la imputación. Es decir, desde Génova no coinciden con la cruzada llevada a cabo por Fabra en este ámbito, lo que provoca que haya distintas varas de medir para los cargos nacionales y para los del Gobierno valenciano.
LOS ALTOS CARGOS QUIEREN REUNIRSE CON FABRA PARA TRATAR ESTE ASUNTO
Fuentes del Ejecutivo señalaron a este diario que el malestar en el segundo escalón ha ido creciendo en los últimos meses. Prueba de ello, recalcan, es el goteo de abandonos que se han producido en las distitnas consellerias en dirección a la empresa privada o de regreso a las plazas que algunos ostentan. Cada vez existen más dudas en los subsecretarios y secretarios autonómicos para estampar su firma en determinadas órdenes o actuaciones: las citadas fuentes apuntan a que se ha creado cierto "pánico" a la hora de suscribir iniciativas, lo que está ralentizando determinados procesos.
En este sentido, desde el segundo escalón han planteado reunirse con el presidente Fabra para tratar de redibujar la estricta 'línea roja' establecida por el jefe del Consell.
