VALENCIA. La Conselleria de Transparencia concluyó días atrás el primer borrador del Código de Ética y Buen Gobierno. Este es el primero de los cuatro reglamentos en los que se va a desgranar la Ley de Transparencia que prepara el departamento dirigido por Manuel Alcaraz, que afectará prácticamente a la totalidad personas con cierto nivel de responsabilidad en el Gobierno valenciano. El objetivo es que el citado documento, todavía sujeto a revisiones, sea aprobado el próximo mes de octubre y va dirigido a que, entre otras cosas, los altos cargos de la Administración señalados hagan pública su declaración de bienes, actividades, renta y currículum.

En este código, según fuentes próximas a su redacción, se procede a la derogación del decreto de 1995 de declaración de bienes de altos cargos con la intención de actualizar ese apartado y optimizar las fórmulas de tramitación para facilitar su exposición. Por ejemplo, en el documento se instará a homogeneizar los formularios de declaración de Les Corts y los de la Generalitat para agilizar los trámites. 

En cuanto a quién afectará este reglamento, la respuesta es amplia: según la información recabada por este diario acerca del texto, consellers, secretarios autonómicos, subsecretarios, directores generales así como las personas titulares de órganos o centros directivos cuyo nombramiento competa al Consell tendrán que ajustarse a lo dictado en el código.

No serán los únicos. También estarán sujetas al reglamento las personas que desempeñen cargos directivos como presidentes, directores generales, directores gerentes, consejeros delegados y funciones ejecutivas asimilables tanto en las organizaciones del sector público instrumental de la Generalitat, como en sociedades mercantiles y empresas públicas, fundaciones públicas y consorcios dependientes de la Generalitat, así como cualquier persona que haya suscrito un contrato laboral especial de alta dirección con la Generalitat.

Además, también están incluidos en el ámbito del código los titulares de aquellos otros puestos de la Administración de la Generalitat y de su sector público instrumental, cualquiera que sea su denominación, cuyo nombramiento se efectúe por el Consell. En cuanto a los asesores, todavía se estudia alguna fórmula que refleje ciertas obligaciones en esta línea este tipo de personal eventual.

Por otro lado, también se establece en el documento que los altos cargos rechazarán cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, por razón de su cuantía o causa o que pueda condicionar la neutralidad u objetividad de su cometido. Estos obsequios se registrarán y se harán públicos con detalle de su descripción, la persona o entidad que los realizó, la fecha y su destino, en los términos previstos por el artículo 9.4.b) de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana.

Por otro lado, este reglamento también establece que los citados cargos no utilizarán tarjetas de crédito o débito con cargo a cuentas de la Generalitat o de su sector público, además de no participar de manera ordinaria en inauguraciones de obras o servicios públicos salvo causa justificada.

ADHESIÓN VOLUNTARIA EN LOS AYUNTAMIENTOS

En cuanto a la implantación en los consistorios, donde no alcanza la competencia de la Conselleria de Transparencia, se están llevando a cabo reuniones con los ayuntamientos para exponer las líneas del texto. En este sentido, fuentes de este departamento señalaron que en un anexo al código habrá un formulario en el que cada cargo local podrá adherirse de forma voluntaria e individual. Así, los políticos que lo deseen podrán rellenarlo con la correspondiente documentación y remitirlo a la Conselleria Transparencia.

Por otro lado, este primer borrador será enviado a medio centenar de expertos y asociaciones (desde juristas a organismos como Transparencia Internacional) para que propongan correcciones o añadidos.