VALENCIA. "La situación financiera era imposible, con meses que a duras penas pagábamos las nóminas. No pagábamos a los proveedores durante meses y meses... Por ello, la Generalitat decidió hacer un plan de reestructuración muy agresivo". Así ha justificado José López Jaraba, exdirector general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), la puesta en marcha del expediente de regulación de empleo (ERE) que inició en la empresa hace más de año y medio.
En el juicio que se ha iniciado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), los dos últimos responsables de la cadena pública han atribuido su actuación en este caso al cumplimiento de las órdenes recibidas desde el Consell y a la consumación de un trabajo iniciado con antelación a su llegada al cargo, en el caso de la actual responsable de la empresa, Rosa Vidal.
"El ERE fue una decisión política. Una reestructuración muy cruda, muy desagradable, ya que había 60 o 50 millones para financiar la empresa, cuando los gastos de personal ya sumaban más de 80 millones", ha asegurado Jaraba. El número de afectado, que inicialmente superaba las mil personas (aunque la cifra definitiva quedó ligeramente por debajo), fue tomada por la Generalitat junto a la dirección de la empresa para intentar garantizar la continuidad de RTVV.
SALVAR LAS VOCES DE LA RADIO
Ante el efecto de la medida, el exdirector general ha defendido que su equipo cumplió con el encargo recibido e, incluso, asegura que intentó reducir su impacto sacando del ERE a algunas personas. Así, dio el visto bueno a que quedaran excluidos, al margen de los criterios de selección establecidos, "las principales voces de la radio", por la identificación que habían conseguido entre los oyentes.
Jaraba, que dimitió en el mes de diciembre de 2012 (antes de que se completara el proceso de despidos), ha insistido en la complejidad del proceso; aunque también ha reconocido el pago de las deudas de la cadena con empresas con las que había estado relacionado anteriormente a asumir el cargo, a preguntas de la acusación.
Antes que él, ha respondido a los abogados de la acusación y la defensa la directora general desde abril de 2013, Rosa Vidal. En su caso, ha indicado que con el ERE tuvo que asumir una decisión "que ya estaba tomada". Además, ha advertido que nadie le puso en antecedentes y tuvo que ser ella quien solicitara la información sobre el ERE al personal de la empresa para preparar su primera comparecencia antes Les Corts Valencianes. "No encontré a nadie con quien hacer un traspaso de poderes formal".
CRITICAS A LA EMPRESA Y A GARRIGUES
La actual responsable de la empresa, procedente del despacho Broseta Abogados, no ha ahorrado críticas a la forma de trabajo en la empresa, donde asegura que las jornadas laborales se reducían a 35 horas semanales "y había gente que ni iba a trabajar", además de producirse otras deficiencias de gestión.
Igualmente, ha apuntado que tuvo que elaborar dos informes jurídicos ante el trabajo realizado por los abogados de la firma Garrigues, contratada antes de su llegada a la empresa, por discrepancias en las listas de afectados y por no haberse tenido en cuenta diversos criterios sociales en la baremación de los afectados.
En este sentido, exigió explicaciones por las discrepancias existentes entre las distintas listas oficiales de afectados que circulaban por los despachos de dirección de las empresas que componían el grupo empresarial. Al final, unificó los listados (teniendo que notificar a determinados trabajadores que iban a ser despedidos, cuando creían que no iba a ser así) y estableciendo otro grupo de excluidos.
LA REPESCA ENTRE LOS ÚLTIMOS AFECTADOS
En concreto, Vidal defiende que se volvió a valorar a los trabajadores que quedaban en la empresa, cuando parte del ERE ya se había ejecutado, y de estos rescató a quienes se encontraban en una situación excepcional, como las familias monoparentales, a uno de los miembros de las parejas que se habían visto afectadas o a las personas con discapacitados a su cargo.
Igualmente, paralizó el desalojo del personal de departamento de servicios técnicos, que debía desaparecer para ser externalizado. A esas alturas, advirtió que iba a ser imposible licitar y adjudicar en cuatro meses ese servicio, por lo que pidió al consejo de administración que no se hicieran efectivos los despidos.
En total, Vidal se atribuye haber sacado de las listas a 186 personas, aunque no entra a valorar si esa reevaluación con el ERE ya en ejecución significó romper la igualdad de criterios aplicada a la plantilla, ya que las personas a las que ya se les había notificado el despido antes de su llegada no se pudieron beneficiar de ese cambio de planteamiento.
Según sus propias palabras, al llegar a la empresa, encontró sobre la mesa entre 800 o 700 reclamaciones frente a los criterios aplicados, algunos de ellos de tipo social. Al reevaluar lo que quedaba de plantilla con los nuevos criterios asegura que no volvió a presentarse ninguna queja en ese sentido.
