VALENCIA. La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana se encuentra ultimando el informe de la cuenta general de entidades locales de 2009. A día de hoy, 30 municipios no han presentado la documentación requerida por el organismo tal y como obliga la ley. Tampoco lo han hecho diez consorcios y una docena de mancomunidades.
Entre estas localidades, se encuentran tres de gran tamaño: Torrent, Xirivella y Sueca. Las dos primeras están gobernadas por el Partido Popular y la tercera, por una coalición que encabeza el Grup Independent de Sueca, El Perelló i El Mareny. El resto de municipios, 27, que no han rendido cuentas ante la sindicatura, son poblaciones de tamaño reducido. Entre todas ellas, representan el 3% de los habitantes de la Comunitat, que cuenta con 542 localidades.
Estos municipios ‘rebeldes' se han incrementado respecto a 2008. Entonces, fueron 13 los que no presentaron los documentos. Casos como el de Sueca son especialmente llamativos, puesto que no han remitido las cuentas desde el año 2006, según los datos de la web del organismo.
El resto de poblaciones que no lo remitieron son pequeñas localidades, alguna de ellas con el dudoso honor de no haber presentado cuentas incluso durante seis años consecutivos, como es el caso de Benafigos (Castellón) y Orxeta (Alicante).
Desde la sindicatura destacan que el porcentaje de colaboración de las entidades es alto, aunque no total, y destacan las facilidades que ofrece el organismo en los plazos para que los ayuntamientos remitan las cuentas. El ente permite en primera instancia para la presentación de los balances del año anterior hasta octubre e incluso, suele existir un segundo plazo hasta abril para el envío de registros.
Sin embargo, siguen produciéndose casos en los que los municipios no cumplen. "La causa de que no se manden los documentos suele ser, a menudo, los propios retrasos de los ayuntamientos en la gestión de sus cuentas", destacan fuentes de la sindicatura. Desde el organismo, aún confían en que estos 30 municipios rezagados presenten la documentación requerida a la que están obligados por ley.
