Foto: CORTS/INMA CABALLERVALÈNCIA. La cita se hizo de rogar y finalmente se saldó sin cumplir las expectativas que en ella tenía puestas la oposición. El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, acudió este martes a la comisión de Obras Públicas de Les Corts para explicar la financiación de la Fundación CEPS durante su mandato.
Una comparecencia demandada por Vox y PP en la que no obstante el tema en cuestión quedó prácticamente relegado a un segundo plano, dado que el responsable de Arquitectura Bioclimática centró el grueso de la intervención en lanzar una retahíla de reproches a los grupos parlamentarios de la oposición por haber pedido su asistencia para rendir cuentas sobre una cuestión que "nada tiene que ver" con su gestión en el Ejecutivo.
Les acusó de comportarse "como un tribunal de la inquisición", cargó contra el PP porque fue quien concedió subvenciones a la Fundación CEPS durante los Gobiernos de Eduardo Zaplana, José Luis Olivas y Francisco Camps, e, incluso, enfundado por un momento en su traje de docente universitario dio una 'clase magistral' a los diputados de la comisión para recordarles, Estatut de Autonomía y Reglamento de Les Corts en mano, cuál es la labor que debe realizar el poder legislativo: controlar al ejecutivo.
"Lo que espero de estas Corts es que me pregunten por mi trabajo como vicepresidente y conseller de Vivienda, sobre cómo estamos parando centenares de desahucios desde que llegamos, cómo hemos aumentado el parque público de vivienda, cómo gestionaremos los fondos europeos... Pero veo que nada de todo esto les interesa y estoy asistiendo al enésimo intento por desgastar la figura de una de las principales piezas del Consell por motivos puramente partidistas", asestó el conseller tan solo iniciar su intervención.
El dirigente morado, no obstante, continuó e increpó a la oposición por, a su juicio, reclamar comparecencias ajenas a su gestión y "no hacer realmente su trabajo". Y a continuación, les señaló el camino a seguir: "Están más centrados en desgastar al Consell en una pandemia, que en traer iniciativas legislativas a este Parlamento, que es lo que deberían hacer. Su faena es controlar la acción del Gobierno y se han olvidado de su trabajo como diputados. Llevan muchos años en el cargo y parece que no se han leído el Estatut o el Reglamento de Les Corts y eso es inexplicable". La bronca no quedó ahí, también les acusó a los tres portavoces de la oposición de haber demostrado una "actividad política nula para intentar cambiar las políticas de vivienda".
La mañana transcurría sin que el motivo de la comparecencia saliera a relucir mas que para desvincular su gestión de la polémica surgida en 2019 a cuenta de un pago anónimo que la Fundación adeudaba a la Genrealitat. Y por si cabía alguna duda de si iba a ocurrir o no, el conseller las disipó al advertir a sus señorías que como diputados "no tienen patente de corso, ni carta blanca para preguntar por lo que quieran". "Que ustedes sean diputados no quiere decir que pueda escudriñar en una persona más allá de su gestión, porque vulneran la esencia de la función de control que tienen y la democracia", añadió.
El tono de la intervención, cada vez más bronco, fue comentado especialmente en las filas de la oposición, pero también en las del Botànic II. A la salida varios diputados comentaban la "clase magistral de parlamentarismo" que había realizado el conseller, así como el momento en el que afeó a PP, Ciudadanos y Vox que los valencianos paguen los impuestos que pagan para sustentar sus salarios: "Cada uno de ustedes les cuesta a los valencianos 303.000 euros y estoy seguro que la ciudadanía no quiere que se gaste ese dinero en esto, que pierdan el tiempo y lo que es peor, que me lo hagan perder a mí, que yo ahora mismo tendría que estar trabajando en parar desahucios".
Ahora bien, sobre quién saldó el pago que debía CEPS a la Generalitat no dijo nada. A pesar de que hace unos días Dalmau advirtió que acudiría a la comisión a dar "todas las explicaciones oportunas" ante las críticas de la oposición, el vicepresidente segundo se remitió en todo momento a las explicaciones que en su día ya ofreció la consellera de Participación y Transparencia, Rosa Pérez Garijo, de quien dijo ser la responsable sobre la transparencia de las subvenciones.
La intervención despertó toda una serie de críticas en la oposición. Mientras el diputado del PP Alfredo Castelló lamentó la "comparecencia lamentable" que había ofrecido el conseller e insistía en tratar de desvelar quién realizó el pago de la deuda de CEPS con la Generalitat, en Ciudadanos, la diputada Mamen Peris reprochaba que Dalmau cuestionara cómo debe hacer la oposición su labor de fiscalización, qué preguntar o qué comparecencias reclamar.
Por su parte, el diputado de Vox David García le señaló al conseller que si estaba disconforme con tener que rendir cuentas en el Parlamento o por haber sido llamado a la comisión de Obras Públicas con este motivo, se lo trasladara a la Mesa de Les Corts, que es la que autoriza las peticiones de comparecencias que reclaman los grupos parlamentarios. En ella, está representada Unides Podem -la diputada Cristina Cabedo es la secretaria primera- y el Botànic tiene mayoría en la Mesa, por lo que podían haber bloqueado la asistencia de Dalmau si así lo deseaban.
De hecho, cabe recordar que la petición pasó por la Mesa de Les Corts hace meses, fue aceptada y se introdujo en el orden del día de la comisión para el pasado 3 de junio. Pero el conseller, a dos días de que se produjera, excusó su asistencia por motivos de agenda "inaplazables". Dalmau tuvo que acudir a un debate de políticas medioambientales organizado por un grupo mediático -según explicaron fuentes oficiales en su día-, y no podía anteponer su asistencia a la comisión al tratarse de un compromiso ineludible, según las mismas fuentes, y decidió aplazarla a este martes.
La comparecencia, que finalmente se celebró ayer 13 de julio, fue reclamada en su día por Vox y a esta se acumuló la misma petición por parte del PP tras conocerse que en 2019 la Generalitat reclamó a esta fundación el retorno de una subvención que le concedió a CEPS de 21.618 euros mientras Dalmau era presidente de la misma porque esta no había presentado en tiempo y forma los justificantes de gastos realizados con esta ayuda.
Una ayuda que concedió el Gobierno valenciano en 2010, durante la etapa del PP, para la celebración del proyecto de "Género y Democracia en América Latina". Hace dos años, fue la Conselleria de Transparencia, a través de la dirección general de Cooperación y Solidaridad, la que reclamó a la Fundación el reintegro de esta ayuda por no aportar la justificación de los gastos del congreso. De los más de 20.000 euros que reclamaba Transparencia, 15.625,95 euros se correspondían a la propia ayuda y el resto en concepto de intereses de demora por la dificultad que tuvo la Administración para comunicar el procedimiento a CEPS, que se encuentra en proceso de disolución desde 2016.
No en vano, la dirección general de Cooperación y Solidaridad tuvo que acudir al Boletín Oficial del Estado para reclamar la deuda ante la imposibilidad de localizar a ningún responsable de la Fundación. Primero, en octubre de 2018, Transparencia dio por vencido el plazo para que la entidad presentara los justificantes de gasto oportunos, pero al no poder localizarla en varias ocasiones para notificarle tal decisión, emitió en marzo de 2019 otra resolución por la que se acordaba el reintegro de la subvención concedida. Esta vez, tampoco consiguió notificarlo a pesar de dirigirse al domicilio de la entidad -en la calle Carniceros-, por lo que terminó publicándose el anuncio en el BOE.
En ese momento, la Fundación presentó alegaciones para sortear el abono, pero justo en diciembre de ese mismo año -2019- un anónimo pagó en una ventanilla de una sucursal del Banco Santander la cuantía que adeudaba, como publicó el diario Las Provincias. Una circunstancia que despertó numerosas suspicacias entre los grupos de la oposición -aunque también en el Botànic- ya que a día de hoy sigue sin saberse quién lo realizó a pesar de que la ley antiblanqueo obliga a revelar su identidad y despejar la incógnita.
La Conselleria de Transparencia trasladó al PP -que había realizado una petición de documentación- la respuesta que dio la Agencia Tributaria Valenciana para no desvelar la identidad del anónimo que saldó los 21.618,70 euros que la Fundación CEPS, vinculada a varios cargos de Podemos y de la que Dalmau era socio fundador, adeudaba a la Generalitat. La contestación de la ATV explicaba que el pago de ese montante de dinero se realizó por ventanilla en una sucursal de la calle de las Barcas de València y por lo tanto era imposible facilitar la identidad de la persona que lo realizó.
Una respuesta que, no obstante, choca con el reglamento de la ley antiblanqueo establece que las transacciones económicas que superen los 1.000 euros tienen la obligación de contar con la identificación de quien la realiza. Sin embargo, la incógnita tampoco logró despejarse este martes en la comisión.
