El conseller Rubén Martinez Dalmau. Foto: Eduardo ManzanaVALÈNCIA. (EP) El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, ha afirmado este martes que "el derecho al acceso a la vivienda ni se presiona ni se negocia, sino que "se garantiza protegiendo a la gente, no a los grandes fondos de inversión".
Así se ha pronunciado tras reunirse con representantes de diferentes organizaciones sociales para trasladarles el alcance del decreto ley para la ampliación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto, aprobado por el Consell el pasado 5 de junio.
En el acto han estado representadas organizaciones como la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), STOP Desahucios, Asociación València Acull y, además, todas las que integran la Red para Inclusión Social (European Anti-Poverty Network / Red Europea de Lucha contra la Pobreza, en adelante EAPN CV).
Martínez Dalmau ha apelado a la responsabilidad de todos los sectores de la sociedad valenciana para hacer frente al problema de la vivienda en la Comunitat y poder hacer realidad el plan estratégico Hàbitat 20-30 para duplicar el número de viviendas de interés social en los próximos diez años.
Ha añadido que "se ha iniciado el camino con el decreto ley para la ampliación de vivienda pública, una realidad que significa un antes y uno después en las políticas públicas de vivienda, no solo en la Comunitat, sino también en el Estado español".
El vicepresidente ha destacado que "la importancia de la nueva norma radica en que da, por primera vez, las herramientas necesarias para evitar que las casas donde vive la gente acaben siendo propiedad de los fondos de inversión".
"Queríamos recuperar las viviendas que perdió la gente en su día por culpa de sus deudas hipotecarias y, por eso, con este decreto ley, ahora podremos comprar casas procedentes de ejecuciones hipotecarias, daciones en pago y ventas-extrajudiciales, además de intervenir en las grandes operaciones de venta de vivienda, edificios o paquetes de más de 10 viviendas", ha indicado.
El vicepresidente se ha referido a cómo "en los últimos años se han invertido recursos públicos en promociones de viviendas que han acabado finalmente siendo objeto de especulación". Por eso, ha dicho que "a parir de ahora, todas las casas que estamos adquiriendo tendrán una calificación de viviendas de protección oficial con carácter permanente, asegurando el cumplimiento presente y futuro de la función social de la vivienda".
Asimismo, se ha mostrado convencido que "había que dar este paso decisivo para frenar prácticas especulativas con los recursos públicos" y así se ha hecho.
