El conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Silencio administrativo. La Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática que dirige Rubén Martínez Dalmau se negó este miércoles a pronunciarse sobre la petición de sus socios de Gobierno, PSPV y Compromís, de que haga públicas las puntuaciones del programa Reconstruïm pobles. Un plan de subvenciones destinado a rehabilitar edificios municipales y entornos patrimoniales que fue revestido de convocatoria de ayudas competitiva cuando, en realidad, 24 de los 70 beneficiarios fueron seleccionados a dedo y sin atender al resultado de la baremación que el propio departamento dirigido por Unides Podem elaboró para el proceso.
Este martes, tras publicarse la noticia por Valencia Plaza, los síndics de Compromís, Fran Ferri, y del PSPV, Manolo Mata, instaron al vicepresidente a hacer públicas las baremaciones para comprobar si no se habían seguido a pies juntillas los criterios de valoración elaborados por Vivienda y si municipios que tenían mejor puntuación se quedaron sin ayuda mientras que otros peor valorados sí la recibieron. En definitiva, ambos portavoces requerían más transparencia al área gobernada por los morados.
Incluso, el primero iba más allá al advertir que si no se había cumplido con el baremo diseñado, pediría que se corrigieran las adjudicaciones porque sería "de justicia" que los mejor puntuados fueran realmente los que percibieran ayudas. Mata, además, deslizó que a los alcaldes descontentos les quedaba la vía administrativa para impugnar el proceso. Algo que, huelga subrayar, ya han advertido que harán los alcaldes de Albaida, Josep Antoni Albert, y de Mislata, Carlos Fernández Bielsa.
La petición de los portavoces, no obstante, no obtuvo respuesta este miércoles. A última hora de la jornada, la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática seguía sin hacer publicas las baremaciones en su página web y preguntados por este periódico se negaron a confirmar si lo harán finalmente o no. "No vamos a hacer declaraciones", zanjaron desde el departamento.
El malestar y revuelo generado entre los municipios con la forma en que se han adjudicado estas ayudas es significativo. Tanto, que algunos ya han amenazado con llevar a los tribunales el proceso. La Conselleria puso en marcha en abril el programa Reconstruïm pobles e hizo un llamamiento a los municipios para que solicitaran estas ayudas. En el comunicado explicaban que la intención era "abrir a todos los municipios del territorio la posibilidad de ser objeto de una de estas intervenciones". Así, demandaron también que señalaran cuáles eran las prioridades que tenían y recordaron que podrían llegar a conseguir 250.000 euros para mejorar sus localidades.
Apenas un par de meses después la Conselleria hizo público el listado de seleccionados -70 de entre los 450 proyectos que se presentaron-, pero omitió tanto las puntuaciones obtenidas por cada uno de ellos, como los criterios que habían servido para seleccionar unos y no otros. En ningún momento el departamento hizo públicos los motivos de exclusión del resto de aspirantes.
Una circunstancia que enfadó especialmente a los municipios que se quedaron sin ayuda, que exigieron conocer todos los detalles del proceso al que habían concurrido. Sin embargo, tan solo consiguieron que Vivienda y Arquitectura Bioclimática hiciera públicos los criterios de selección que había utilizado para resolver este programa que aunque no fue un concurso al uso, se diseñó como tal. Unas reglas que luego, no obstante, no se aplicaron.
Un total de 24 municipios de los 70 agraciados no cumplían los requisitos ni alcanzaban las puntuaciones mínimas para lograr esta ayuda concedida por la Vicepresidencia segunda del Gobierno valenciano. Localidades que saltaron por encima a otras mejor valoradas que se quedaron sin subvención. Alguno de ellos tenían un 0 en la puntuación y sumaban 1,38 millones de euros en ayudas.
Así, según el documento, no cumplían los mínimos exigidos los proyectos presentados por las corporaciones de Puebla de Arenoso, Cortes de Arenoso, Vinaròs, Callosa del Segura, Almoradí, Santa Pola, Sagunto, Ayora, Elda, San Vicent del Raspeig, Argelita, Meliana, Manises, Yátova, Buñol, Poble Nou de Benitatxell, Gata de Gorgos, Benissa, Teulada, Xàbia, Castelló de la Plana, Moncofa, Requena y Atzeneta d'Albaida.
En total, las ayudas concedidas que percibieron suman 5,5 millones de euros se repartieron a localidades que no cumplían los criterios diseñados por la propia conselleria.
