De cómo la presión municipalista obligó a Montoro a recular

VALÈNCIA (VP). Casualidad o no, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, convocó al presidente de la FEMP, Abel Caballero, nada más conocerse que éste había organizado una cumbre municipalista para este martes. La reunión Ministerio-Federación se produjo el lunes, justo un día antes de la cumbre. “Y de ese encuentro se desprenden varios pre-acuerdos, fruto de la presión del municipalismo español”.

Así lo explicó este jueves el concejal de Hacienda de València, Ramón Vilar, quien ha valorado positivamente el cambio de rumbo del Ministerio de Hacienda respecto a la utilización por parte de las entidades locales de sus remanentes de tesorería, de manera que se amplían los ámbitos en los que los ayuntamientos que, como València, cierren los ejercicios con superávit en sus cuentas podrán reinvertir sus recursos en necesidades ciudadanas.

El edil indicó que dichos acuerdos abren “unas perspectivas de cambio muy interesantes en la relación entre el Ministerio y los municipios, y también en el ámbito de la financiación local”. De hecho, en sustancia los acuerdos se dirigen a desvincular el uso de los remanentes y superávit de los ayuntamientos de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, “algo que no era ni obligatorio, ni conveniente ni casi legítimo”, en palabras del concejal de València.

Todo ello se legislará mediante un Real Decreto Ley, y se prevé que el Consejo de Ministros abordará este asunto antes de concluir el mes de marzo. El acuerdo flexibilizará el uso de los remanentes, manteniendo el esquema actual: actualmente dicho uso se limita al pago de deuda y a inversiones financieras de carácter sostenible. 

Permitirá otro tipo de inversiones

Y será precisamente este último ámbito el que será ampliado para permitir más inversiones, como las de carácter educativo (en el caso de València son competencia autonómica), instalaciones deportivas de carácter sostenible, o inversiones en materia de seguridad ciudadana, entre otras. Asimismo, los pre-acuerdos hacen referencia a la tasa de reposición del personal público, que desde el ámbito local se quiere ampliar o, incluso, eliminar.

Los pre-acuerdos también incluyen el compromiso de legislar de manera inmediata sobre la aplicación del Impuesto de plusvalías, oficialmente denominado sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Este tributo, tras la sentencia del Tribunal Constitucional de hace unos meses, ha dejado a los ayuntamientos en una especie de “tierra de nadie”, sin una normativa clara y adaptada a la jurisprudencia, y que ya está ocasionando reclamaciones por parte de la ciudadanía. 

“Los municipios no pueden ser los responsables de estar aplicando una ley que no se ajusta a los mandatos del Constitucional”, ha recordado el concejal de Hacienda, que ha defendido que “deben ser los responsables de no legislar quienes deberán asumir los problemas”.

La financiación local

Finalmente, los compromisos prevén retomar la actividad de la comisión mixta Ministerio-FEMP para el estudio del nuevo modelo de financiación local. No obstante, el concejal Ramón Vilar ha afirmado, dado que se acometerá de manera paralela la negociación para la financiación de los ayuntamientos y la de las autonomías, que “si  por alguna casualidad pretenden enfrentar al municipalismo con las autonomías del Estado, van dados”. “A mí no me van a encontrar enfrentándome a lo que todos reconocemos como la infrafinanciación de la Generalitat”, ha manifestado. “No son temas incompatibles, sino complementarios”.

Finalmente, el delegado de Hacienda se ha referido a la liquidación del Presupuesto Municipal de 2017, que se ha cerrado de nuevo con superávit, tal como ayer anunció el alcalde de València, Joan Ribó. La liquidación del ejercicio anterior arroja un superávit de 93 millones de euros, ha señalado Vilar, y un remanente de tesorería de 62,2 millones, que es la cantidad de la que se podrá disponer para inversiones, y que supone un notable incremento sobre el ejercicio anterior, el de 2016, que fue de 41,6 millones.

Vilar ha explicado este resultado positivo en función de la “extraordinaria gestión de los ingresos”, que ha sido incluso superior a las cantidades previstas. Como ejemplos ha citado el IBI, del que se esperaba recaudar 227,5 millones, y cuyos derechos de liquidación suben hasta los 250,3 millones. O el Impuesto de Plusvalías, de 32,5 millones previstos, a los 39,3 de liquidación; el ICIO, de 6 a 8,2 millones; o los ingresos por multas que, tras el acuerdo con la Generalitat, se preveía que fueran de 7 millones, y que finalmente han ascendido a 19 millones.“El Ayuntamiento de València tiene la suficiente solvencia para reinvertir con absoluta tranquilidad los remanentes que producen el superávit final”, concluyó.