El Consell debe implementar, entre otras, nuevas medidas orgánicas y jurídicas para perseguir con mayor eficacia la corrupción
VALENCIA. Uno de los mayores riesgos para nuestro sistema es la corrupción, y cuando se usa como arma partidista puede volverse en contra de quien la utiliza, provocando una general desafección de la sociedad hacia las instituciones, dando lugar a experimentos y partidos radicales. En medio de todo eso se ha producido la crónica de una polémica anunciada con la creación del Consejo de Transparencia.
La persecución de los ilícitos (prevaricación, cohecho, tráfico de influencias..) que giran alrededor de la gestión pública tiene que ser un empeño de todos, desde los partidos y sindicatos, hasta la última de las organizaciones sociales, llegando incluso al común de los ciudadanos. Ellos son los titulares de los derechos y libertades que esa lacra corrompe, y que debe generar un rechazo social, aunque muchas veces no se produzca en función de quién los cometa. Cómo no, también se incluyen las Administraciones Públicas y Poderes del Estado, y es por eso que se crean órganos como el citado Consejo de Transparencia, que antes de nacer ya ha generado un agrio debate.
La Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana crea, en su artículo 39, este Consejo integrado por dos Comisiones: una consultiva, con diferentes representantes (de la Administración de la GVA, de la Sindicatura de Comptes, del Síndic de Greuges, y así hasta un total de 10), y otra ejecutiva, donde ha surgido la controversia.
Para empezar, este debate es consecuencia de la ingenuidad y de dejar el trabajo a medio hacer por parte del anterior Consell y del grupo mayoritario que le apoyaba. El mismo que ahora ha contemplado atónito los intentos de ningunearle respecto al nombramiento de los miembros de la comisión ejecutiva. Aunque sean grandes profesionales en sus campos (por lo menos los que personalmente conozco), puede que el grupo esté descompensado.
Si lo que se pretende es que sirva de puente entre los ciudadanos y la Administración a la hora de proporcionar información sobre la gestión pública para su control, sería conveniente que alguno de sus miembros fuera servidor público perteneciente a alguno de los cuerpos superiores de las Administraciones públicas, como Interventor (control del gasto), Inspector (recaudación de tributos), o incluso Técnico de la Administración General, y así pudiera descubrir información como la que al final del artículo se recoge.
Podremos crear todo los órganos que queramos para, aparentemente, incrementar el control de la ciudadanía sobre las instituciones y que la democracia sea más participativa, pero si estos nuevos entes no lo logran, lo único que generaremos es más fustración. Y, sobre todo, si queremos que los votantes vuelvan a creer en la política debemos de incrementar las competencias y la independencia de los órganos de control, como la Sindicatura/Tribunal de Cuentas o la Intervención General De este modo se volverían más eficaces y evitarían varias contrataciones mediáticas que hay bajo sospecha.
Porque puede estar muy bien (ojo, y se debe) perseguir las posibles irregularidades ya pasadas, como acaba de expresar la vicepresidenta del Consell y lideresa de la macrocoalición Compromis-Podemos con el anuncio de controles financieros específicos en áreas sensibles. Pero si quiere ser coherente con su karma electoral de tolerancia cero a las corruptelas, debe evitar prácticas como las adjudicaciones a dedo que practica ahora mismo el Consell actual en un 85,02 % del total (datos 25/11/2015 de GVA Oberta de Cttos. Menores) y pagos sin que haya detrás un contrato registrado (así aparece presuntamente en el Portal de Transparencia de la GVA-Pagos de Caja Fija), y ambos datos son de adjudicaciones posteriores al 1 de julio. Ya sabemos que una cosa es predicar y otra, dar trigo.