Foto: ÓSCAR CAÑAS/EPVALÈNCIA (EP). El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha reclamado este lunes en el Congreso mantener "mecanismos de descuelgue" y la prevalencia del convenio de empresa frente al sectorial en la normativa laboral.
Así lo ha manifestado durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos de la Cámara Baja para informar del proyecto de cuentas públicas para 2022, donde se ha pronunciado explícitamente en plena recta final de las negociaciones para derogar la reforma laboral de 2012 de aspectos concretos de la misma.
Y es que el gobernador ha incidido en la necesidad de facilitar "flexibilidad" a las empresas para realizar "ajustes", en un momento en el que, ha dicho, se vayan a dar "las mayores reasignaciones" en las empresas y trabajadores, consecuencia de la pandemia pero también por cambios estructurales como las políticas de lucha contra el cambio climático.
En este sentido, ha reivindicado que "es muy importante que la legislación laboral permita esas reasignaciones" y que "la política económica debe facilitar" la adaptación de las empresas "a la nueva realidad económica". Esto pasa, ha dicho, por "permitir el uso de los mecanismos de ajuste" vigentes para que las empresas puedan "ajustar su situación interna".
En plenos trabajos para la derogación de la reforma de 2012, ha recordado que la institución valora "positivamente" su capacidad para crear empleo, pero ha señalado que no resolvió los problemas de dualidad de contratos, con una temporal que nueve años después "sigue siendo muy elevada", así como la duración de los períodos de desempleo.
Sobre la temporalidad, ha señalado que genera desigualdades y es una de las principales causas de la baja productividad, a no invertir suficientemente las empresas en estos empleados, que tampoco pueden desarrollar competencias por su corto paso por la empresa.
Para ello, el gobernador ha invitado a hacer reformas "un poco atrevidas" y se ha remitido al último informe anual de su institución donde planteó como una de sus principales propuestas, implantar un programa de 'mochila austriaca', que no ha mencionado en esta ocasión.
Sobre los largos periodos de desempleo, ha invitado a reformar las políticas activas, mirando a los países nórdicos donde, ha dicho, las políticas realizadas son "muy ilustrativas de lo que podría hacerse".
Por otro lado, el gobernador ha querido alertar de los posibles efectos en el gasto público que puede tener una espiral inflacionista ante una "indiciación generalizada" de las partidas presupuestarias, que en las cuentas pasan por los sueldos de los empleados públicos y las pensiones, tras la recuperación del IPC como referencia para revalorizarlas.
El gobernador ha explicado que en gran parte este repunte de los costes se produce en bienes producidos fuera del país. "Esto es una pérdida y lo que podemos hacer es repartirla", ha dicho, proponiendo un reparto "equitativo" entre los márgenes empresariales, los salarios o medidas del sector público para los colectivos más vulnerables.
Sin embargo, ha dicho que es "muy peligroso" el "tratar de evitar el coste que realmente existe" con una "indiciación generalizada", ya que, de ser permanente, supone una pérdida de competitividad, de actividad y de empleo.
También ha señalado la importancia de mejorar la eficiencia de los procedimientos judiciales y extrajudiciales de reestructuración de deuda para facilitar, por un lado, la supervivencia de empresas viables con problemas de solvencia y, por otro, permitir una "salida ordenada" de aquellas con problema de viabilidad.
El gobernador ha llamado a mantener el tono expansivo de la política económica y no anticipar la retirada de estímulos pero, al mismo tiempo, extremar su selección y centrarlos en los sectores económicos y grupos poblacionales más afectados.
