VALÈNCIA. Durante la mañana de este lunes, la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de València validará los Presupuestos municipales elaborados por el equipo de gobierno para 2019. Podrían aprobarse pequeñas modificaciones puntuales, pero lo previsible es que se mantengan las líneas generales de lo acordado entre las tres formaciones de La Nau -Compromís, PSPV y València en Comú-, que fue objeto de análisis en este diario.
Pero más allá de comparaciones entre concejalías, ediles, y partidos políticos, basta con echar un ojo a las cuentas para advertir un cambio destacado respecto a las cifras que se manejaban en los últimos presupuestos. Se trata del área de Vivienda que dirige la portavoz de València en Comú (ValC), María Oliver. Si eran 4,4 millones de euros los que había presupuestado en 2018, esta cantidad se rebaja un 44% para el próximo ejercicio hasta los 2,4 millones de euros.
Estos datos contrastan con la vehemencia que Podemos, núcleo duro de ValC, ha mantenido en las negociaciones de las cuentas autonómicas en el área de vivienda que dirige María José Salvador. El año pasado, el partido liderado por Antonio Estañ pedía un plan de choque para conseguir 1.000 viviendas de alquiler social y un aumento presupuestario de 100 millones de euros, de los que finalmente consiguieron arrancar poco más de 15.
Sin embargo, en la ciudad de València, donde la formación morada dirige la concejalía de Vivienda, cuenta con niveles de ejecución especialmente bajos. Sin ir más lejos, a finales de septiembre, a falta de tres meses para acabar el ejercicio, Vivienda únicamente había conseguido ejecutar poco más del 10% del presupuesto que tenía disponible para todo 2018. Así pues, las nuevas cuentas reflejan una disminución del presupuesto consignado a esta delegación.
De hecho, la delegación de Oliver ya ha descargado la tarea de construir vivienda social en la empresa municipal Aumsa, encabezada por el concejal socialista Vicent Sarrià, ya que, según explican en ValC, tiene mucha mayor capacidad de construcción que no la concejalía de Vivienda. En ese sentido, también ValC ha reivindicado mayor consignación para la sociedad urbanística, que finalmente se ha traducido en un incremento presupuestario de 600.000 euros para la construcción de vivienda social.
Respecto a la ejecución presupuestaria, en ValC explican que es "engañoso" hablar de la ella en Vivienda puesto que parte de sus actuaciones se enmarcan en proyectos cofinanciados con otras instituciones y que son plurianuales. En esa línea había argumentado María Oliver meses atrás, al asegurar que, como participan distintos organismos, el Ayuntamiento debe "poner todo el dinero sabiendo que no se va a gastar todo ese año". La concejal lo explica como una obligación del consistorio para dar la seguridad al resto de instituciones de que se tiene presupuesto para hacer frente a las obras.