De vuelta a los tribunales

VALÈNCIA. Una nueva temporada comienza ya en estos días. Esta vez, como se decía antes, un poquito más altito. Pues parece que los tribunales, el Poder Judicial, la Justicia en su labor diaria, la que se imparte en juzgados, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, no deja de satanizarse en cuanto se dice que la aplicación necesaria de las leyes, de los reglamentos o de cualquier otra norma propia del sistema democrático, legislativo y constitucional no es admisible en cuanto pudiera venir a desmontar la voluntad de los políticos en sus planes o deseos normativos. Y, consecuentemente, si los tribunales, como su razón de ser exige y es su expreso mandato, aplican la ley y los principios constitucionales en sus resoluciones, ello podría suponer una “intromisión incómoda” del Poder Judicial en los otros dos poderes del Estado (el legislativo y el ejecutivo) que pudiera deslegitimizar su actuación. 

Se pone en tela de juicio, por tanto, si el Poder Judicial debe o no intervenir en la revisión y enjuiciamiento de las decisiones de origen o tinte más político que precisan la aplicación de una norma jurídica para su correcta validez.

Cabe recordar que precisamente la Justicia, este poder moderno del Estado, surge como una reacción activa y reparadora frente a los abusos del poder del Antiguo Régimen (l'Ancien Régime), la Monarquía Absoluta, tres siglos atrás, allá por los años 1789 y siguientes con la Revolución Francesa. Se crea entonces un órgano de autocontrol, el Conseil d'Etat,  antecesor de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, frente a nuevas tentaciones absolutistas.

Posteriormente, los sistemas  constitucionales han venido protegiendo más plenamente a los ciudadanos de las eventuales arbitrariedades del poder político, ignorando a veces, aún de buen fe, las normas legales, el Estado de Derecho.

"Parece que la Justicia no deja de satanizarse en cuanto se dice que la aplicación necesaria de las leyes y los reglamentos no es admisible cuando pudiera venir a desmontar la voluntad de los políticos en sus planes o deseos normativos"

Y ese es, en definitiva, el gran rol de los tribunales: dotar de seguridad jurídica a todos los ciudadanos, interpretar y aplicar la ley. No están los tribunales de adorno, ni para ser descalificados interesadamente. Garantizan la igualdad y la seguridad de todos los ciudadanos. Incluso en sus posibles errores al resolver las cuestiones que se les someten, las leyes procesales previenen una amplia vía de recursos para corregirlos, en su caso. Desde la independencia y la profesionalidad. 

Propiciar una desconfianza en los tribunales es propiciar un flaco favor a la Democracia y a la Justicia, valores esenciales para la convivencia. Frente a la legalidad para todos igual, podemos encontramos con la ley del más fuerte, la ley de la selva. Y para garantizar esa legalidad, están muy bien concebidos los tribunales. Jueces independientes y profesionales. Dependientes, únicamente, de las leyes y de su correcta interpretación y aplicación. De la legalidad. Guste o no guste a los particulares, guste o no guste a los políticos; guste o no guste a determinados intereses, guste o no guste incluso a los propios jueces, pues se deben a la ley. 

Por eso hemos de cuidar a nuestros tribunales. Pues con ello nos cuidamos a nosotros mismos. Evitando tentaciones de absolutismos o arbitrariedades. De improvisaciones oportunistas que, al final, tan solo producen confusión. En el mundo global de hoy en día, y para el desarrollo de las naciones, la economía y la justicia, más que se nunca se precisan unos tribunales profesionales e independientes, que apliquen las leyes y defiendan la igualdad de todos. 

Creo pues, al hilo de todo ello, que la idea de la separación de los poderes del Estado sigue bien vigente y necesaria, para poner cada institución en su sitio. Y defender cada cual en su original sentido, que tanto bien ha podido hacer en servicio de los ciudadanos, su única razón de ser. Los poderes legislativos, a legislar en nombre y representación del pueblo soberano; los poderes ejecutivos, a ejecutar los mandatos de los representantes del pueblo a través de sus leyes; y el poder judicial, para garantizar, precisamente, que esa voluntad popular sea correctamente ejecutada y se respeten los derechos, eventualmente infringidos, por todos; en favor de la ley y la justicia y de los ciudadanos, por jueces independientes y profesionales.

Miguel Ángel Casañ Llopis es magistrado y portavoz de Asociación de Jueces Francisco de Vitoria en la Comunitat Valenciana