Uno de los registros por parte de la UCO en la operación Azud. Foto: JORGE GIL/EP VALÈNCIA. Varios investigados en el caso Azud acudieron este miércoles a los juzgados a declarar tras el levantamiento parcial del secreto de sumario de esta causa, que indaga en una presunta trama de comisiones a cambio de adjudicaciones en diversas administraciones públicas de la Comunitat Valenciana.
El primero fue Carlos del Romero, un asesor fiscal del empresario Jaime Febrer, considerado como cabecilla del entramado. La Guardia Civil, en los informes que se contienen en el sumario, sostiene que el constructor le diseñó al exalcalde de València Alfonso Grau, con el asesor fiscal, una empresa para que pudiera blanquear las mordidas. Se trataba de Edificio Familia 3000, dedicada al alquiler de locales comerciales, y la cual adquiría inmuebles a precios muy inferiores.
Una de estas operaciones fue la compra de un local en la Gran Vía Fernando el Católico de València por 423.237 euros. El contrato fue realizado por Febrer y la escritura se firmó por Federico Ferrando.
Carlos del Romero, preguntado al respecto de todo ello, explicó este miércoles que ayudó a confeccionarle una empresa a Grau con las indicaciones de Febrer, de acuerdo con fuentes judiciales. El asesor fiscal señaló igualmente, según las mismas fuentes, que llegó un momento en el que el volumen de empresas del constructor era muy alto y le pasó la gestión a otro asesor.
A ambos se les cuestionó sobre el papel del exjefe jurídico de Divalterra José Luis Vera, a quien los investigadores señalan como supuesto conseguidor entre el empresario y los alcaldes, por lo cual habría recibido comisiones. Señalaron que no acudía a las reuniones ni participó en la reestructuración empresarial vinculada a Febrer. La idea, comentaron, era crear un holding, pero de ello se encargaron los asesores fiscales. Vera, en todo caso, afirmaron que pudo participar en otras cuestiones, según fuentes judiciales.
El último en declarar fue un directivo de Astroc, que aseguró que no tuvo ningún tipo de relación con funcionarios o políticos. Por su parte, la funcionaria del Ayuntamiento Esmeralda Orero, a quien los investigadores también consideran partícipe del supuesto entramado, se acogió a su derecho a no declarar.
