Juan Ángel Poyatos, responsable de la Oficina Valenciana para la Recuperación. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El pleno del Consell no aprobará este viernes tampoco, salvo sorpresa de última hora, el decreto del Botànic que pretende agilizar la ejecución del dinero procedente del plan europeo de recuperación. Una norma que modificará puntualmente leyes como la de Hacienda y Subvenciones o la del Sector Público para aligerar el control previo y acelerar la ejecución de los fondos procedentes de Bruselas que finalmente no se encuentra tampoco en el orden del día del pleno de esta semana.
Con este nuevo aplazamiento, el decreto ya sumará tres semanas en el cajón. El primer retraso se produjo el pasado 18 de febrero cuando el PSPV llevó un texto fuera del orden del día a la reunión del consellet -cita previa al pleno del Ejecutivo a la que asisten secretarios autonómicos y subsecretarios para ordenar las cuestiones que se debatirán y aprobarán al día siguiente-.
Un hecho que provocó un profundo malestar en las consellerias de Compromís y Unides Podem, que se negaron a llevar el decreto al pleno del día siguiente por un motivo: porque sus socios no les hubieran trasladado con anterioridad a la reunión el contenido de la norma para poder estudiarlo con detenimiento, tanto por la relevancia que esta tendrá como por la infinidad de normas que modifica -es una suerte de Ley de Acompañamiento-.
Días después, valencianistas y morados trasladaron al PSPV las modificaciones que querían introducir en el borrador preparado entre Presidencia y Hacienda. Entre las más significativas, la Conselleria de Participación pedía volver a dejar en un millón de euros la posibilidad de que cada Conselleria pudiera autorizar previamente sin necesidad de pasar por el pleno del Consell ayudas por concurrencia competitiva. Los socialistas habían elevado esta cantidad hasta los doce millones de euros, algo con lo que tampoco estaba de acuerdo Compromís.
Las consellerias de ambas formaciones, pero en particular de la coalición valencianista, también revocaron con sus cambios la necesidad de que presupuestos tenga que realizar un informe positivo para poder sacar adelante un proyecto. En su lugar, propusieron que el silencio administrativo fuese interpretado favorablemente si en el plazo de diez días este informe de presupuestos no se presenta. Una modificación que, según explicaron en su día a este diario, pretendía agilizar los trámites burocráticos que ya de por sí tiene la Administración.
Los socialistas, sin embargo, no pusieron sobre la mesa a la semana siguiente el decreto. Ni tampoco lo hicieron el viernes pasado ni lo harán hoy. Fuentes del Botànic, trasladan a este diario que este lunes se había convocado una reunión para discutir a tres bandas qué es lo que ocurre con este decreto "y el PSPV no se presentó", afirman.
Sin entrar a valorar los cambios planteados por sus socios, desde el PSPV defienden que el retraso se debe a que la intención es llevar un texto "lo más consensuado posible". Otras fuentes, sin embargo, recalcan que el departamento que aplica la normativa, es la que presenta la propuesta de texto legal al resto. O dicho de otro modo: que la redacción del decreto correspondía a Hacienda y Presidencia y las enmiendas presentadas por los socios y que modifican prácticamente la mitad del mismo no sentaron del todo bien hace unos días.
Junto a este decreto, también destaca la ausencia por tercera semana consecutiva del decreto de teletrabajo, que también fue retirado del orden del pleno en la misma reunión del consellet el pasado 18 de febrero porque Compromís se negó a dar su visto bueno a varios apartados de la norma.
Entre ellos, los valencianistas se oponen a que la normativa ponga límites a los altos funcionarios de la Administración valenciana para que puedan teletrabajar. Una cuestión sobre la que el Consell Jurídic Consultiu ya se pronunció -instó a la Conselleria de Bravo a que no lo prohibiera de forma "absoluta"- y que Función Pública corrigió parcialmente al introducir que podrían acogerse a los programas de trabajo no presencial siempre que se justificase debidamente. La normativa no clarificaba quién sería el órgano competente para resolver que estuviera motivado o no, si bien desde Justicia aseguraban que las subsecretarías de las consellerias serían las competentes en esta cuestión.
El vacío y el texto final no agradó a Compromís, que propuso eliminar este artículo del decreto porque fue una consideración esencial del órgano dirigido por Margarita Soler. Pero no fue la única discrepancia de la coalición mostró con esta norma. Como ya venían reivindicando desde las primeras negociaciones del decreto, los representantes de Compromís en el Gobierno valenciano también pidieron que Bravo ampliase los días que los empleados públicos pudieran teletrabajar a la semana: que en lugar de tres, el máximo sea cuatro y que luego cada conselleria se autoorganice como desee.
También que no se obligue a que todos los empleados públicos deban coincidir un día en su puesto de trabajo, que no exista un baremo -dado que todos los funcionarios podrían acogerse al programa de teletrabajo y que la aprobación de los planes sean más ágiles.
La situación en la que quedó el decreto era compleja porque desde Justicia explicaron que el texto ya no podía sufrir cambios significativos al haber pasado por el Consell Jurídic Consultiu, si bien se mostraban dispuestos a negociar algunas modificaciones de carácter técnico. Y en Compromís subrayaban que varias de las alegaciones que realizaron en la fase de participación de las consellerias no se tuvieron en cuenta.
Por el momento, el decreto se encuentra en el aire y tres semanas después nadie sabe cuándo se volverá a llevar a un pleno del Consell, si bien fuentes del tripartito aseguran que el viernes que viene, 18 de marzo, podría estar listo. Habrá que esperar.
