Juan Ángel Poyatos, responsable de la Oficina Valenciana para la Recuperación. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El decreto que prepara el Consell del Botánic para agilizar la ejecución del dinero procedente del plan europeo de recuperación no solo regula la gestión de esos fondos, sino que también modifica puntualmente leyes como la de Hacienda y Subvenciones o la del Sector Público para aligerar el control previo y acelerar la ejecución.
El borrador del mismo, cuya aprobación en el pleno del Consell de este viernes está en el aire porque Podem y Compromís han pedido al PSPV más tiempo para estudiar su contenido, trata de resolver incluso algunos de los problemas sobrevenidos con la crisis sanitaria, como el de la acumulación de residuos de la covid-19.
De ese modo, las disposiciones adicionales y finales son un compendio de modificaciones legales que abordan desde la posibilidad de incorporar excepcionalmente en el cuerpo de Abogados de la Generalitat a letrados externos hasta la declaración de interés general de todas las actividades, obras e infraestructuras sanitarias titularidad de la Generalitat.
En concreto, la disposición final quinta establece que los residuos sanitarios como los EPI sometidos a una cuarentena preventiva de 72 horas como mínimo se considerarán residuos no peligrosos, residuos sanitarios de baja actividad, "y podrán ser destinados a su tratamiento final en las instalaciones de coincineración de residuos autorizadas en la Comunitat". "En este caso, los residuos deberán ser procesados para su destrucción en las instalaciones de coincineración con un mejor funcionamiento operativo y ambiental", establece el borrador, que vincula la vigencia de esta medida a la duración del estado de alarma.
Además, las modificaciones o adaptaciones de las autorizaciones administrativas de las instalaciones de tratamiento de residuos que sean necesarias para ello deberán ser tramitadas por el procedimiento de urgencia y con despacho preferente.
El Decreto Ley que contiene estas disposiciones va en la línea del aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez para eliminar cuellos de botella y agilizar la ejecución del fondo europeo de recuperación, que fue convalidado en el Congreso gracias a la abstención de Vox y con la oposición frontal del PP por limitar el control sobre el reparto de ese fondo.
Para ello, regula específicamente la gestión de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la UE y del React EU para tramitar por urgencia todos los proyectos financiados con esos fondos, permitir el desembolso anticipado de hasta la mitad de la financiación o limitar la fiscalización previa.
Pero el borrador también plantea cambios en varias leyes autonómicas como la de Hacienda, Sector Público y Subvenciones de la Comunitat, la Ley de Función Pública y en el Decreto Ley 1/2011 de medidas urgentes en el sector público de la Generalitat. También modifica la norma que regula la composición y las competencias de la comisión delegada del Consell y su composición.
Entre las modificaciones propuestas para la Ley de Hacienda destacan, por ejemplo, la posibilidad de que cada Conselleria pueda autorizar previamente sin necesidad de pasar por el pleno del Consell ayudas por concurrencia competitiva de hasta doce millones de euros, un límite que ahora está fijado en un millón. En la regulación de las subvenciones, introduce un nuevo apartado para poder conceder ayudas con una mera declaración responsable de cumplimiento de los requisitos por parte del solicitante, sin perjuicio del control y verificación posterior.
En este sentido, cada órgano gestor debe aprobar un plan de actuaciones de verificación para comprobar el cumplimiento de los requisitos una vez desembolsada la ayuda.
Por lo que se refiere a las ayudas concedidas de forma directa, desde ahora se permitirá que tengan carácter plurianual cuando el beneficiario de las mismas sea otra administración de carácter territorial. Además, se eleva de 3.000 a 6.000 euros la cuantía de las ayudas a personas físicas para las cuales no es necesario la constitución de garantías por parte del beneficiario, salvo que las bases establezcan lo contrario.
El borrador del decreto también plantea un cambio puntual en la Ley de Función Pública que elimina el carácter vinculante de los informes preceptivos de la Conselleria de Función Pública sobre los anteproyectos de ley y los proyectos de disposiciones generales que se refieran a estructura orgánica, métodos de trabajo y personal elaborados por las conselleries.
Por último, de aprobarse el borrador de Decreto, la Comisión Delegada del Consell para Asuntos Económicos dejará de tener entre sus funciones la autorización previa de los contratos de servicios de la Administración del Consell y su sector público instrumental.
Por lo que se refiere a la gestión del dinero procedente de Europa, la exigencia de comprometer al menos el 60% del importe total de los fondos recibidos de aquí a final de 2022 y el resto a más tardar el 31 de diciembre de 2023 obliga a "aliviar y acelerar" la tramitación de los procedimientos de competencia de la Generalitat.
Así, con el fin de "multiplicar la capacidad de gestión" de la administración autonómica y promover con la máxima rapidez los proyectos de inversión se proponen cambios como la tramitación de urgencia y la reducción a la mitad todos los plazos del procedimiento ordinario en los proyectos a financiar con el eurofondo.
Además, se podrá efectuar el desembolso anticipado del fondo hasta un límite máximo del 50% de la cantidad total a percibir y se relaja el control previo de los expedientes de aplicación de los fondos, a los que la Intervención deberá dar prioridad sobre cualquier otro y despacharlos en un plazo máximo de 5 días.
En cuanto a las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva de proyectos incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, las bases reguladoras y la convocatoria se aprobarán en un único expediente. No se les aplicará la tramitación general; únicamente deberán tramitarse con carácter de urgencia la resolución de inicio, audiencia e información pública, el informe de la Intervención Delegada y el informe de la Abogacía.
En cuanto a la gestión de personal a cargo de la Administración de la Generalitat y su sector público empresarial, la prioridad en los próximos años será garantizar la disponibilidad y la calificación suficientes para asegurar la ejecución de las inversiones.
Para ello, las subsecretarías de los departamentos que ejecutarán fondos podrán asignar funciones a tiempo parcial a su personal sin que ello comporte cambio de adscripción de la persona ni del puesto de trabajo.
La Conselleria de Función Pública dará prioridad a los expedientes de creación o modificación de puestos de trabajo, nombramiento de personal funcionario interino o contratación de personal laboral de duración determinada en todos los casos en los que el órgano proponente justifique las necesidades derivadas de la ejecución de inversiones, proyectos o actuaciones del Plan de recuperación. En estos casos, los plazos previstos en las normas aplicables a la gestión de los expedientes se reducirán a la mitad.
En la asignación de puestos al personal de nuevo ingreso para la ejecución de las ofertas de empleo público, Función Pública dará prioridad a la cobertura de vacantes en unidades responsables de la gestión de inversiones, proyectos o actuaciones vinculadas al plan de recuperación.
Por otro lado, el Decreto que prepara el Consell da dos meses a todos sus departamentos a publicar una orden que recoja una relación completa de todas las circulares, instrucciones, resoluciones o cualquier disposición cuyo objetivo sea ordenar la gestión administrativa en relación a los requisitos, procedimientos, plazos, informes, trámites o cualquier otro aspecto de la actuación de la Administración. Las que no sean incluidas en esas órdenes quedarán automáticamente sin efecto una vez transcurridos esos dos meses.
A partir de ahí, cada conselleria tendrá un mes para recoger el contenido de esas órdenes en un catálogo que contendrá el texto vigente íntegro de cada disposición, así como la autoridad de la que procede y la fecha en que se dictó, y en su caso la de las modificaciones posteriores. Este catálogo se publicará en la página web de cada departamento y en el portal de la transparencia de la Generalidad.
En el apartado de disposiciones finales, el Consell ha incluido una modificación de la Ley de Asistencia Jurídica de la Generalitat para que el titular de la Abogacía General pueda integrar en el cuerpo de la abogacía de la Generalitat a funcionarios que posean la titulación exigida. Excepcionalmente podrá también habilitar a letrados no funcionarios.
Además, el borrador de Decreto propone un par de cambios en la Ley de Presupuestos de 2021. Uno de ellos va encaminado a restablecer la paga por productividad del personal sanitario que trabajan en consorcios hospitalarios y del personal de servicios esenciales en entes del sector público instrumental de la Generalitat.
En el ámbito de los servicios sociales, el texto también realiza un cambio significativo respecto a la cantidad de personal con la que podrán contar los centros socio sanitarios. El decreto autoriza a las entidades del sector público de este ámbito a incrementar la tasa de reposición con un máximo del 15%. Es decir, que los órganos dependientes de la Conselleria de Políticas Inclusivas tendrán cobertura legal para incorporar personal de nuevo ingreso siempre que sea para poner en marcha nuevos servicios. Un cambio que se ampara en la ley de los Presupuestos Generales del Estado de este ejercicio.
