Foto: EVA MÁÑEZJavier Boix acusa de difamación a la Fiscalía Anticorrupción por decir que Blasco "cobró" y no acusarlo de ello
VALÈNCIA. Javier Boix, el letrado del exconseller Rafael Blasco, hizo una de las intervenciones más apasionadas y brillantes que se le recuerdan en mucho tiempo en su turno de conclusiones en el juicio del caso Cooperación que sienta en el banquillo al exconseller, y a otras 23 personas, por las irregularidades en 10 contratos por valor de cinco millones de euros destinados a ONG, y la construcción de un hospital en Haití.
Desde el minuto uno hasta el final de su alegato no dejó títere con cabeza y tuvo palabras, más bien dardos, para todas y cada una de las acusaciones personadas. De hecho, uno de sus principales objetivos fue el Ministerio Fiscal, con el que ha llegado a un acuerdo.
Sobre él declaró: "vamos a respetar la conformidad, pero no con la boca pequeña". Explicó que debía entrar en el fondo porque hay dos acusaciones y algunas afirmaciones del fiscal que son inciertas. Con respecto a la acusación del abogado de la Coordinadora de ONGD que dijo que no podía haber confesión tardía porque Blasco se había negado a declarar en el juicio, Boix le recordó que, "hay que hablar con contundencia y decir que, que no declarara, no quiere decir que no haya confesión tardía porque ratificó el escrito de acusación".
El fiscal y la coordinadora fueron el centro de sus ataques. Aseguró que, "se han basado en maledicencias y han lanzado tópicos, y en base a esos tópicos hay que condenar. Me viene a la cabeza un discurso sobre los populismos punitivos del Papa Francisco". Y en concreto, a la coordinadora les dijo, "entiendo que es falsa la intención de una sentencia justa, quieren el vapuleo bajo aplausos. El comportamiento judicial visto hoy que solo se les ocurre a mentes retorcidas, solo demuestra lo que es esa acusación popular. Su terminal mediática está ahí. Lo dan todo a su periódico. Es una vergüenza, la utilización del procedimiento para cosas que no tienen que ver con la Justicia".
Y en cuanto a que hay quien solicita asociación criminal, quien pide banda criminal y así hasta cinco términos diferentes, aseveró que, "si el juicio dura un día más llegan a organización terrorista".
Uno de los motivos de enfado del letrado más evidente hizo referencia al hecho de que ninguna acusación acusa de cohecho, pero a su juicio, "el Ministerio Fiscal lo acusa de cohecho porque dice que cobra". El abogado dijo que "eso es difamar. La sala del TSJ dijo que no cobró y el Supremo lo confirmó. Y el escrito de acusación dice que no. Y vuelven a lo mismo sin acusar de cohecho. Me parece gravísimo hacerlo en un juicio y con la toga puesta. Dejo en manos de mi cliente lo que quiera hacer con eso".
En su particular cruzada jurídica contra las acusaciones afirmó que, ni la Abogacía de la Generalitat, ni nadie, acusa de fraude de subvenciones y, por ello, "tienen que imponerles las costas a las acusaciones porque han dicho cosas de las que no acusan. La acusación popular no ha entrado en términos jurídicos sino en el linchamiento y el aplauso".
Sobre el hecho del pago de la Responsabilidad Civil, y "del poco" dinero entregado a juicio de la coordinadora, aseguró que "tenemos un dinero consignado, que se entregó mientras Blasco estuvo en la cárcel. Hay una sentencia de conformidad con Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de València que le bastó con el diez por ciento. El pacto está cumplido al cien por cien. Basta con la intención de reparar, porque si no se discrimina a quienes tienen poco. Hay que atender a la voluntad reparadora".
Y como puntilla recordó: "en los reportajes estos que hacen a través de televisión salía que los pisos de CIES están vacíos, es una vergüenza, y ahora no quieren recuperar. Pues si no quieren recuperar, que no lloren". "Ha pasado más de un año desde que reconocimos los hechos. Mi cliente declara, pero no se somete a un circo, que es lo que quería la acusación popular. El acuerdo reconoce expresamente que no hay dádiva a mi patrocinado. Otras veces he visto a la Fiscalía defender una conformidad con más energía", agregó.
Uno de los puntos fuertes de su alegato jurídico fue la defensa de que lo que se ha juzgado ya se juzgó, que el despiece de la causa ha llevado a juzgar dos veces lo mismo y que lo único a dirimir es la RC. Explicó: "este juicio ha sido una vulneración de derechos clarísimo. Lo juzgó el Tribunal de Cuentas. Las costas que me puedan pagar las entregaré al procedimiento para el pago de las responsabilidades civiles".
Le dijo a la Sala que si tienen dudas sobre la constitucionalidad de qué jurisdicción prevalece, si la penal o la del Tribunal de Cuentas, que planteen una cuestión de constitucionalidad antes de emitir sentencia. Y repitió "no quieren recuperar, quieren venganza. Es muy bonito no recuperar y hacerse el doliente".
Con respecto a la cosa juzgada esgrimió, "volvemos a denunciar el falseamiento de la realidad fáctica y jurídica por la formación de piezas separadas, que ha sido enormemente perversa. Mi cliente declaró en el TSJ durante horas por lo que aquí se le ha preguntado, y luego lo separan cuando el hecho común es el mismo. Qué hay aquí de diferencia, los proyectos, pero eso afecta a la responsabilidad civil solo. Lo importante, es la relación previa entre Tauroni y Blasco que no ha sido probada en este procedimiento. El interés específico de Blasco en determinadas ONG, falso, no probado".
