VALÈNCIA. La defensa de la exconsellera Salomé Pradas ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la instrucción de la causa que investiga la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja sobre los 228 fallecimientos y las lesiones de la dana de Valencia. En el escrito presentado por su abogado, señala a la instructora por sus autos de contenido "categórico" y la denegación de algunas diligencias solicitadas e incluso desliza una posible intervención ajena en el procedimiento, en referencia al marido de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, que podría estar asesorándola. Por ello, pide la suspensión cautelar de la jueza y el nombramiento de un sustituto legal.

El letrado Eduardo de Urbano explica en un comunicado que "la instrucción de esta causa, una de las más complejas y de mayor relevancia social de los últimos años en nuestro país, debe realizarse con pleno respeto a las garantías procesales y a los principios de imparcialidad judicial" pero, en este caso, se han detectado "irregularidades" que a su juicio "vulneran derechos fundamentales de las partes y ponen en cuestión la equidad del procedimiento". De hecho, llega a decir que la jueza tiene una "premeditación en el objeto de la instrucción".

Autos más propios de "una sentencia condenatoria"

La queja presentada ante el Poder Judicial explica que "llama poderosamente la atención la contundencia y apreciaciones" con las que la magistrada decidió imputar tanto a la exconsellera como al ex 'número dos' de Emergencias, Emilio Argüeso, "sin haber practicado más diligencias" que la toma de declaración de múltiples víctimas y la solicitud de varios informes tanto a la Generalitat Valenciana como a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Según la defensa, las frases de la jueza son "más propias de un auto de conclusión de sumario e, incluso, de una sentencia condenatoria".

"Al contrario de lo que es propio de esta fase inicial del procedimiento, la Sra. Instructora realiza una y otra vez, afirmaciones que atribuyen con toda seguridad los delitos que se investigan a la Sra. Pradas y el Sr. Argüeso, antes incluso de escucharlos en sus respectivas declaraciones", señala el escrito de alegaciones. Expresiones como "manifiesta pasividad" o "grosera negligencia" empleadas por la jueza son destacadas por la defensa de Pradas: "No es solo que se adelanta el resultado de la instrucción" o que "es inveraz" sino que la jueza llega a "ironizar" con que el centro de emergencias aquel día aparentaba ser "una burbuja aislada del mundo exterior".

Opinión "predeterminada"

El escrito abunda en que la titular del juzgado de Catarroja "tiene una opinión predeterminada" al reiterar su "convicción una y otra vez" desde "el momento inicial". En ese sentido, la defensa de Pradas se queja de que se han ignorado "cualesquiera diligencias que pudieran indicar otro resultado del procedimiento que no fueran el señalamiento de los investigados" al seguir una "línea reductora" del objeto del procedimiento "exclusivamente" a "la responsabilidad de la Generalitat Valenciana". Pero, insiste la defensa, la normativa dice que "tienen competencia las tres administraciones territoriales".

Así, apunta el letrado, "teniendo en cuanta que la fase de Instrucción se dirige a esclarecer hechos y 
personas responsables, una forma de conducir esta fase como se está haciendo, supone un evidente sesgo y una falta de imparcialidad", que lamenta que se deniegan continuamente solicitudes de diligencias a todas las partes, impidiendo que se investigue a personas que han participado en los hechos, otorgándoles la condición de testigos".

Es "particularmente llamativo", a juicio del letrado, lo ocurrido con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, cuya condición de investigada ha denegado reiteradamente la jueza "pese a las múltiples solicitudes" de varias acusaciones particulares y populares, sobre todo tras su declaración como testigo el pasado 14 de abril. Durante su declaración, afea el escrito, la jueza impidió "las preguntas que esta defensa pretendió realizar [...] argumentando que excedían el objeto del proceso previamente delimitado por la magistrada instructora". Y pone de relieve que también "ha exculpado a priori de cualquier responsabilidad a los alcaldes [...] renunciando a cualquier investigación pese a tener competencias (y muy relevantes) en materia de protección civil".

A todo ello añade la "vulneración sistemática" del derecho de defensa por la notificación "desordenada y tardía" de los señalamientos para la práctica de las diligencias, que a veces "se han notificado con posterioridad a haberse practicado". También acusa de una "deficiente" transcripción de la declaración de Pradas en la que se "omitió mucha de la información proporcionada" por la exconsellera y de la "limtiación del derecho a prguntar" durante la declaración de Bernabé, que duró siete horas sin pausa: "La jueza limitó las preguntas a aquello relacionado con el ámbito autonómico" y, además, dada la extensión sin recesos, "las defensas, que intervienen al final" lo hacen "en un estado físico-mental claramente en inferioridad de condiciones que quienes intervienen al principio".

El abogado de la exconsellera insiste también en la necesidad de acumular las acusaciones: hay más de 40, entre particulares y populares, lo que hace la causa "ingobernable" y "el desequilibrio que se produce entre acusaciones y defensas en cualesquiera trámites es evidente", señala, para poner de relieve el atasco que supone la resolución de los recursos a cada paso que da la instructora. "Esto nos hace imaginar una instrucción de meses -sino años- en la que mientras tanto, la Sr. Pradas y el Sr. Argüeso continúan como investigados, sometidos a una pena de banquillo y a un escarnio mediático causada por el proceder de la Instructora", apunta.

Participación ajena y uso de noticias en las resoluciones

El escrito también insinúa la posible participación de un juez ajeno al proceso, en referencia al marido de la magistrada. No puede esta Parte dejar de expresar su preocupación por las recientes noticias que han sido publicadas en diversos  medios  sobre  la  presunta  participación  de  un  juez  ajeno  al procedimiento", señala por la presnecia del marido de la magistrada en algunas ocasiones tras las vistas, como publicaron medios como Las Provincias o OK Diario. "De ser esto así -y todo apunta a que así es- se estaría vulnerando el derecho de las partes al juez" y "se estaría faltando al deber de secreto".

Asimismo, el abogado de Pradas señala a la jueza por emplear "informaciones que publican los periódicos para fundamentar sus resoluciones en el sentido que ella considera, cuando otros medios dicen otra cosa y sin que se hayan incorporado debidamente a los autos, tales informaciones, que por tanto no han sido objeto de contradicción", como por ejemplo para exculpar a la Agencia Española de Meteorología (Aemet).