Francina Armengo y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Foto: POVEDANO/CONGRESOVALÈNCIA (EP). El Defensor del Pueblo ha advertido en su informe anual de la escasa implantación de zonas de bajas emisiones de especial protección (ZBE) que, según ha puesto de manifiesto, "avanzan lentamente", a pesar de que tenían que haberse puesto en funcionamiento antes de 2023. El informe se ha este viernes en el Congreso, tras su entrega a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol.
De este modo, ante la limitada implantación de zonas de bajas emisiones, la oficina de Defensor del Pueblo que dirige Ángel Gabilondo ha iniciado actuaciones de oficio en 33 ciudades. Por un lado, con los municipios de más de 50.000 habitantes, cuyos ayuntamientos "no habían siquiera iniciado los trámites para declararlas"; y, por otro, con los municipios de más de 300.000 habitantes que, "si bien habían comenzado con la tramitación, en otoño de 2023 todavía no las habían aprobado".
En un tercer grupo se incluyó a algunos municipios en los que la implantación de las ZBE se "había paralizado o revertido". A estos últimos, el Defensor del Pueblo les recordó que las ayudas otorgadas con cargo a fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la implantación de ZBE deberán devolverse si no cumplen con lo comprometido.
En el primer grupo se incluían los ayuntamientos de Aranjuez, Arganda del Rey, Coslada, Tres Cantos y Valdemoro (Comunidad de Madrid); Arona, Granadilla de Abona y San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife); Baracaldo (Vizcaya); Calvià (Baleares); Cerdanyola del Vallès (Barcelona); Ferrol (A Coruña); Mijas (Málaga); Motril (Granada); Orihuela (Alicante); Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), y Telde (Las Palmas).
En el segundo grupo se incluyen Alicante, Bilbao, Córdoba, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Murcia y Palma de Mallorca. Y, en el tercero, Badalona (Barcelona), Castellón y Elche (Alicante), Gijón (Principado de Asturias), Lorca (Región de Murcia), Majadahonda (Comunidad de Madrid), Valencia y Valladolid.
También se han analizado casos de emisiones atmosféricas de centrales térmicas como la central Diésel de Melilla, "afectada por el proceso de descarbonización de la economía y la transición hacia el uso de la energía renovables". En este caso, detalla que se han dirigido cuatro sugerencias a la Consejería de Medio Ambiente y Sosteniblidad de la Comunidad Autónoma de Melilla. Asimismo, indica que se ha analizado la contaminación atmosférica generada por la manipulación de graneles sólidos en los puertos de Almería, Alicante y Bahía de Cádiz.
La institución añade que tramitó quejas por agresiones al litoral debidas a construcciones contrarias al planeamiento, vertidos a las aguas, afecciones a los montes por talas irregulares y por diversas afecciones a la fauna, en particular a las aves, entre otras cuestiones.
En su informe, al que ha tenido acceso Europa Press, también enumera las actuaciones llevadas a cabo en el Espacio Natural de Doñana y recuerda que las administraciones estatal y autonómica alcanzaron un acuerdo para dar solución al uso de agua para riego en el entorno de Doñana, lo que motivó que el Defensor del Pueblo resolviera concluir las actuaciones que mantenía abiertas con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir respecto a la posible ampliación de regadíos alrededor del espacio natural protegido.
En el ámbito estatal, el Marco de actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del Espacio Natural Doñana, puesto en marcha en noviembre de 2023, completa el presentado en noviembre de 2022, que incluía una serie de medidas centradas fundamentalmente en la gestión de recursos hídricos y la restauración eco-hidrológica y de la biodiversidad. Al presupuesto inicial de 356,3 millones de euros de 2022 se añadieron 350 millones adicionales en 2023 y se amplió el ámbito de actuación.
El Defensor del Pueblo destaca que, "dado que las medidas, inversiones y ayudas previstas requieren un plazo de tiempo para su implantación y también para que las administraciones puedan valorar su eficacia", permanecerá "atento a la evolución de todo ello y confía en que se consiga revertir la delicada situación en que se encuentran algunas de las masas de agua subterránea que sustentan este valioso espacio natural".
Por otra parte, el Defensor del Pueblo aborda en su informe la obligación de descontaminación de los suelos y la aplicación de las normas vigentes a través del análisis del caso de la isla de Montío, unos terrenos enclavados en el río Saja de Cantabria, que se utilizaron durante décadas para verter sustancias residuales de la actividad química industrial.
A través de esta actuación se dirigieron sugerencias al Gobierno cántabro para que estableciese las medidas obligatorias para proceder a la descontaminación y recuperación de los terrenos y considera que las conclusiones del caso son trasladables a otras actuaciones análogas.
En este sentido, la institución ha recordado que a través de la aplicación de las reglas de Derecho Común, "cualquier actividad susceptible de causar molestias, daños o perjuicios era objeto de ponderación de sus efectos previsibles y determinación de las medidas correctoras". Asimismo, defiende inventariar los suelos contaminados en todo el territorio y suministrar información pública sobre esta cuestión.
Considera también que la existencia de un hecho físico como es la contaminación con efectos medibles sobre la salud de las personas y el medio ambiente, "exige encontrar al responsable de la contaminación y exigirle la reparación". "Si no descontamina quien lo hizo, la Administración puede ser, en última instancia, quien deba proceder a ello con cargo a los presupuestos públicos, lo cual no parece un reparto equitativo de cargas ni la solución buscada en principio por el ordenamiento jurídico", ha advertido el Defensor del Pueblo.
