Una mujer muestra el certificado COVID Digital de la Unión Europea. Foto: EDUARDO PARRA/EPVALÈNCIA (EP). La delegada del Gobierno en la Comunitat, Gloria Calero, ha abogado este miércoles por esperar a estudiar la implantación del certificado COVID en establecimientos a la vacunación de la gran mayoría de los valencianos, así como porque haya un marco general en España.
Así ha coincidido con la postura del 'president' de la Generalitat y la consellera de Sanidad, los también socialistas Ximo Puig y Ana Barceló, que ven discriminatorio aplicar esta medida sin que los más jóvenes hayan podido acceder a sus dosis. En otras comunidades como Galicia o Canarias ya está implantado, mientras Andalucía ha pedido el aval de la justicia.
Calero, en rueda de prensa, se ha limitado a destacar la "prudencia" con la que la Generalitat gestiona la pandemia y que "Puig está acertado en la decisión de esperar". También ha recordado que la sanidad está transferida a las autonomías, por lo que considera que la Conselleria podría aplicar esta medida dentro de su ámbito aunque "tendrá que haber competencias del Estado".
Sobre el cumplimiento de las últimas restricciones vigentes hasta el 16 de agosto, como el toque de queda en 77 municipios en riesgo, ha reconocido que "está siendo más difícil de controlar por buen tiempo y por la sensación de que la vacuna ya nos está librando de todo". Pero ha resaltado que los valencianos cumplen mayoritariamente y que "es una minoría la que se está saltando las normas".
Ha lamentado además que "no hay soluciones fáciles" para controlar que no se produzcan botellones, ya que cree que todo depende de la educación y de "las formas de divertirnos". Tras reconocer que "mucha gente joven no puede entrar en una discoteca porque los precios están como están", ha advertido que "tampoco es saludable ponerse detrás de un coche y venga a beber", con o sin pandemia.
Por otro lado, como subdelegado en funciones en Valencia, Luis Felipe Martínez ha explicado que la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el primer estado de alarma "solo afecta a las sanciones que están en trámite".
Es algo que se tendrá que valorar en cada caso, aunque ha garantizado que actualmente no se tramita "ninguna" sanción de ese periodo en las tres subdelegaciones provinciales. "Si hay alguna que no se haya tramitado, si se diera el caso, debería ordenarse el archivo de la sanción", ha precisado.
