BENIDORM. La Corte de Mediación y Arbitraje de la Cámara de València sigue tratando de dar con un acuerdo entre todas las partes del conflicto de Gemelos 28 de Benidorm. Así lo confirman a este diario fuentes del Ayuntamiento de Benidorm, la Conselleria Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad y la propia Cámara de València. A pesar de que en un primer intento, no se llegó a un acuerdo entre ellos, el expediente sigue a la espera de una resolución. Y poco se sabe de en qué estado se encuentra el procedimiento, ya que "es secreto para garantizar la confidencialidad de las partes", según explican desde la Cámara.
Mientras tanto, los propietarios de estos pisos siguen viviendo con la incertidumbre de qué pasará con sus propias casas en las que siguen residiendo. Y las administraciones públicas, en concreto la Generalitat, de saber si tendrán que desembolsar una gran cantidad de dinero para hacer frente al derribo que pesa sobre el inmueble.
Como ha explicado este diario, en diciembre de 2019 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana reunió a las partes implicadas en el procedimiento judicial, en cuya sesión se planteó derivarlo a la Corte de Mediación. Una decisión que se terminó aprobando una vez manifestada la posición a favor de todas las partes, entre las que se encontraba el Ayuntamiento de Benidorm.
La intención era encontrar una solución diferente a la acordada por el Tribunal Superior de Justicia: el derribo del edificio y consignar cada año 100 millones de euros, que es lo que se prevé que pueda costar. Esto último, confirman fuentes de la Conselleria, se sigue haciendo año tras año, a pesar de que todavía no hay una decisión tomada por parte de la Corte de Mediación, que es la vía a la que la derivó el Tribunal Superior de Justicia después de la sentencia condenatoria.
El Ayuntamiento también ha hecho lo posible por evitar el derribo, así, en agosto de 2020 anunciaba que acudiría a "todas las instancias que proceda" para lograr el reconocimiento de "utilidad pública" e "interés municipal" para la no demolición de las torres Gemelos 28, como parte afectada en el procedimiento de derribo. En este sentido el secretario municipal exponía algunas razones para la declaración de utilidad pública para no demoler Gemelos 28. En primer lugar cita que la demolición no impedirá "la posibilidad urbanística de reedificación de la parcela".
Incide, además, en que la parcela se encuentra fuera del ámbito del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de Serra Gelada y su zona litoral.
Otra de las razones expuestas es el "elevadísimo" coste de eliminación de los bloques. "El precio a soportar no justifica la utilidad pública de la ejecución de la sentencia, antes bien al contrario" afirma el informe, que califica el coste de "absolutamente desmesurado y desproporcionado para el objetivo a alcanzar".