Inmigrantes en el CIES de Zapadores. Foto: JESÚS G. PASTORVALÈNCIA (EFE). La Policía Nacional ha detenido en València a dieciséis migrantes llegados desde Canarias, a los que se les han efectuado las pruebas PCR y dos de ellos han dado positivo en coronavirus, según han indicado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.
Las dieciséis personas han sido trasladadas este jueves por la mañana a Alicante, ya que en aplicación del protocolo establecido, en el que también participa la Generalitat, los dos que han dado positivo irán a un hospital de la capital alicantina, y los otros catorce guardarán cuarentena en el hospital de campaña al haber sido contacto de los anteriores.
La Delegación del Gobierno ha explicado que tuvieron conocimiento este miércoles por la tarde de que había 16 migrantes procedentes de Canarias detenidos en la comisaría de Zapadores de València, si bien no les han informado de los motivos de esas detenciones. La Policía Nacional, consultada por EFE, tampoco ha ofrecido una explicación hasta el momento.
Las mismas fuentes de la Delegación del Gobierno han explicado que han sido trasladados a Alicante porque cuando se estableció el protocolo de atención este verano se pensó en migrantes que llegaran en patera a la Comunitat Valenciana, que sobre todo arriban a Alicante, y se acordó centralizarlo todo allí por cuestiones operativas.
Por otra parte, respecto a las llegadas masivas a la Comunitat de migrantes indocumentados y sin PCR que ha denunciado el Sindicato Unificado de Policía Nacional (SUP), las mismas fuentes han precisado que el Gobierno no tiene constancia de esas llegadas ya que no han fletado ningún avión, sino que han llegado por sus propios recursos y en vuelos comerciales.
Asimismo, han indicado que otra cosa es el plan que está negociando el Ministerio de Inclusión con las comunidades autónomas y ciudades que se han ofrecido a acoger a personas vulnerables que están en Canarias, sobre todo menores de edad y mujeres víctimas de violencia, unos traslados que organizará el Gobierno y que todavía no se han producido.
Más de 45.000 personas, en 2023, con toda seguridad profesionales preparados y con una costosa formación a cargo del Estado, que por motivos de diversa índole emigran para trabajar en otros países y obtener los beneficios y reconocimientos profesionales que en España no pueden conseguir. Esta es una delirante ineficiencia social
