La edil de Bienestar Social, Isa Lozano. Foto: VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València aprobará este viernes en la Junta de Gobierno Local el proyecto de una ordenanza que regulará las ayudas económicas dirigidas a personas en situación de urgente necesidad y a mejorar la autonomía de personas mayores. Una regulación municipal que, según se preocupó en resaltar la edil de Bienestar Social, Isabel Lozano, es "la más ambiciosa de España".
El nombre técnico es el de prestación económica individualizada, y es de dos tipos: la de necesidad social de urgencia, y la de autonomía para personas mayores. En la primera se incluyen por un lado, según el documento normativo, partidas relacionadas con la vivienda -deudas de alquiler, la entrada para una vivienda, los gastos de comunidad, el coste de alojamientos alternativos o reparaciones y adaptaciones de la vivienda habitual o incluso la desinsectación y desratización del inmueble-.
Asimismo, esta prestación engloba "gastos excepcionales" y que se consideran "de interés para la atención de personas con importante problemática". Aquí se recogen conceptos como prótesis oculares, necesidades odontológicas o podológicas, gastos farmacéuticos, tasas por tramitaciones burocráticas, la adquisición de mobiliario básico en la vivienda, etcétera. Manutención, gastos por desplazamientos a centros sanitarios o para la inserción laboral, y los derivados de la deuda de suministros básicos de agua, luz y gas, son otros apartados numerados en la nueva regulación.
La segunda línea, las ayudas para la mejora de la autonomía de las personas mayores, cuentan con dos subtipos: técnicas, como audífonos o adaptación de vivienda para personas con movilidad reducida, y adaptación de vehículos a motor. Para recibirlas hay que tener más de 60 años y demostrar algún grado de discapacidad motor o sensorial.
Lozano resaltó a este respecto que es la primera ordenanza de este tipo que pone en marcha el consistorio y uno de sus pilares fundamentales es que contempla una gran gama de ayudas. A ellas se van a destinar en 2020 un total de 5,2 millones de euros, cantidad similar que el pasado ejercicio.
Lo importante es que cuando se apruebe definitivamente el proyecto de normativa, se regularizarán estas ayudas, consideradas como un "derecho subjetivo y universal", sin depender de una convocatoria concreta y se homogeneizarán las distintas clases, su cuantía y los criterios y requisitos.
Estas subvenciones también poseen un elemento de contraprestación: quien reciba la ayuda no solo cobrará, sino que, por otro lado, también firmará un compromiso personalizado de realizar acciones de manera proactiva para mejorar su situación. Si bien este extremo ya se incluía en convocatorias de ayudas municipales, antes "no se firmaba nada", explican en la delegación de Bienestar Social. "Con la ordenanza se regularizará el compromiso mediante la firma", aclaran.
Los requisitos para solicitar estas prestaciones son estar empadronado en la ciudad de València o, en situaciones excepcionales, demostrar que se reside en la ciudad, como los extranjeros que no tienen regularizada su situación y están en situaciones de demanda de asilo o refugio. Además, la renta per cápita de las unidades de convivencia del beneficiario no podrán exceder el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
Por su parte, las personas que acrediten la condición de víctima de violencia machista recibirán un 10% adicional. Los dos tipos de prestaciones son compatibles con otras ayudas, subvenciones o ingresos procedentes de cualquier administración, mientras que las familias que ya sean beneficiarias de la renta valenciana de inclusión que ofrece la Generalitat Valenciana tendrán una concepción directa.
Fruto de las ayudas se verán reforzado los 12 centros municipales de servicios sociales de València, con la incorporación de una decena de trabajadores para lograr "una herramienta de intervención comunitaria potente". El Ayuntamiento también estudia habilitar un centro de llamadas para liberar a estos puntos de la tarea de información y atención.
