Sí que hay políticas para combatir el despoblamiento en aquellos municipios que están en riesgo de perder más habitantes; aquí la gran duda es si las políticas que hay son eficaces. Es verdad que todas las administraciones tienen sus planes y, sobre todo, mucha inversión, pero los resultados siguen brillando por su ausencia.
El reto demográfico lo pusieron en el foco mediático territorios como Soria y Teruel. Fue el primer gobierno de Pedro Sánchez quien dio esa nomenclatura a un ministerio, en concreto al de Transición Ecológica, que también lo era de Reto Demográfico. El primer Consell de Ximo Puig también tuvo algún departamento específico; más tarde una agencia, y una ley. También se puso en marcha el Fondo de Cooperación Municipal, que posteriormente copiaron algunas diputaciones para mantener el relato.
Pero fue tras la pandemia cuando las administraciones públicas iniciaron una pugna por regar a todos los consistorios, pero especialmente a los pequeños, sin reparar la eficacia de ese dinero. El Fondo de Cooperación se convirtió en un elemento de pugna por ver quién debía poner el dinero y quién lo repartía mejor entre los más pequeños, insisto, sin reparar si todo ese dinero cumple su misión: si se consigue, si se gasta adecuadamente y lo más importante, si ayuda a retener población o, en el mejor de los casos, a atraer nuevos negocios y, por lo tanto, nuevos habitantes.
Lo del Fondo de Cooperación acabó en el Constitucional, que dijó que sí que el instrumento es válido, pero que las instituciones se pongan de acuerdo en el reparto. Lo que parecía un allanamiento a las diputaciones quedó en un empate. Veremos el Plan Simplifica, que persigue lo contrario de lo que se quejaba en su día el PP -que el de arriba te diga cómo debes abrir las piernas-, cómo acaba.
Cuestiono, o tengo mis dudas, sobre las actuales políticas contra el despoblamiento porque lo escuché en un foro de Alicante Plaza sobre el reto demográfico: allí los alcaldes, de todos los signos políticos, se quejaron de que les falta personal para optar a las ayudas y después justificarlas y que les falta flexibilidad en determinadas normas para generar excepciones que posibiliten o faciliten la irrupción de negocios que ayuden a fijar población.
Los ayuntamientos pequeños apenas tienen personal administrativo. Y si lo tienen, a veces deben compartirlo. Y con él deben enfrentarse a la burocracia administrativa. Después están las dificultades legislativas en municipios donde los problemas son trasversales: falta vivienda, como en las grandes ciudades; la formación del entorno a veces no se ajusta a sus necesidades y requieren de facilidades en forma de excepción para atraer nuevos negocios.
¿Quién podría hacer eso? Lo normal es que fuera un ente, llámese mancomunidad o las propias diputaciones, que ejerzan de articuladores de necesidades, que canalicen las demandas, pero con capacidad ejecutiva para generar los pequeños cambios que posibiliten sus grandes objetivos: crear oportunidades de negocios para que haya un equilibrio poblacional… Insisto, son pequeñas cosas: crear o rehabilitar viviendas en régimen de alquiler, establecer escuelas; rehabilitar antiguas industrias o negocios; implantar residencias de la tercera edad, permitir pequeños polígonos con naves a precios asequibles… A veces todo eso no es cuestión de dinero o de ayudas; es de voluntad política para cambiar las cosas. Y todo ello ayuda a fijar población; sea para el turismo, la agricultura, la industria o los servicios. Si después hay buenas infraestructuras para comunicarse, pues será más fácil. ¿Por qué no puede haber nómadas digitales en plena naturaleza? ¿no pueden estar los pequeños núcleos bien comunicados con los grandes por carretera o transporte compartido a demanda? ¿y un cuerpo de funcionarios para esos municipios, pequeños pueblos que deben compartir administrativos?… ¿O una atractiva política de incentivos, o, por qué no, de exenciones fiscales?
Por mucho dinero que se ponga sobre la mesa, si no hay una política a pie de municipio que posibilite esos cambios, poco será posible. Los políticos seguirán compitiendo en dar dinero al reto del despoblamiento, pero los censos apenas se moverán. Las diputaciones, en muchos casos, siguen con el foco equivocado: o son contrapoder, o son escenarios de las grandes políticas, o fastos puntuales. Pero, ¿y los pequeños? Si de repartir dinero se trata, lo hacen bien, pero que no olviden que un ordenador también lo puede hacer. Posiblemente hagan muchas cosas, pero entre sus objetivos también debería estar el de mantener y hacer crecer los censos de los municipios pequeños. El ejemplo de Cervera del Maestre, en Castellón, debería cundir más.
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