VALÈNCIA. La Diputació de València concede una subvención por valor de 80.322,22 euros a ocho mancomunidades y al Consorcio Pacto Territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord, destinada a la mejora de la empleabilidad de mujeres en riesgo de exclusión social.
Para la responsable provincial del área de Igualdad, Natàlia Enguix, “estas ayudas son un ejemplo de cómo se puede favorecer la inserción laboral de las mujeres a través de las mancomunidades y consorcios, que son entes con los que trabaja directamente la Diputación”.
Del total de la ayuda concedida, 61.052,31 euros se han repartido entre las ocho mancomunidades y 19.269,91 euros han ido a parar al Consorcio Pactem Nord. Todas las entidades se encuentran al día con sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, requisito imprescindible para ser beneficiario.
Enguix contempla estas subvenciones como “un granito de arena más en la construcción de ese eje de la igualdad que caracteriza la gestión de la Diputación”, junto a “las ayudas que cada año concedemos a los ayuntamientos que forman parte de la red provincial de municipios frente a la violencia ejercida contra las mujeres y a las asociaciones feministas que trabajan en la misma dirección”.
Tres son las agrupaciones comarcales cuya ayuda excede los 10.000 euros: la Mancomunidad de la Ribera Baixa, con 16.601,77 euros; la Mancomunidad de La Costera-Canal, con 12.000,00; y la Mancomunidad Servicios Sociales AMABS, con 10.376,11 euros.
Los 22.074,43 euros restantes se han repartido entre la Mancomunidad Tierra del Vino (6.776,88 euros), la Mancomunidad de l'Horta Sud (4.355,00), la Mancomunidad de l'Horta Nord (3.956,70), la Mancomunidad de la Vall d'Albaida (3.800,00) y la Mancomunidad de La Serranía (3.185,85).
Algunas entidades comarcales han sido desestimadas por diversos motivos. La Mancomunidad de La Ribera Alta y la Mancomunitat Serveis Socials Porta de la Vall no se ajustaban a las bases de la convocatoria al no incluir el presupuesto. Por otro lado, la Mancomunidad la Canal de Navarrés incumplía la ley general de subvenciones al estar ya financiada. Y, por último, en el caso de la Mancomunidad del Carraixet, esta no se ajustaba al objeto de la solicitud.