La Diputación creará una comisión no permanente para la recuperación de las comarcas afectadas por la Dana

VALÈNCIA (VP). La Diputación de Valencia ha aprobado este lunes, por unanimidad, la creación de una comisión no permanente de estudio para la recuperación de las comarcas afectadas por la Dana. El objetivo de la comisión, que en principio se pondrá en marcha durante un período de seis meses prorrogable a otros seis, es el análisis de la participación directa e indirecta que la institución está teniendo en la respuesta inmediata a los afectados y el proceso de reconstrucción, incluyendo nuevas propuestas para seguir prestando la ayuda necesaria a los damnificados.

El máximo responsable provincial, Vicent Mompó, presidirá el órgano, que estará compuesto por el secretario de la corporación y los portavoces de todos los grupos con representación en la misma. Las sesiones podrían celebrarse semanalmente y contar con la participación de expertos, técnicos encargados de trabajos vinculados a la recuperación, otros miembros de la institución con materias delegadas y representantes de la ciudadanía a petición de los integrantes de la comisión. Todas estas personas tendrían voz pero no voto.

La iniciativa, que parte de una moción presentada por el grupo Compromís y enmendada por el Partido Popular, ha contado con el respaldo del equipo de gobierno provincial que forman el PP y Ens Uneix, que ha habilitado una respuesta inmediata de 150 millones de euros para atender las primeras necesidades y participar activamente en la reconstrucción. "Los alcaldes y alcaldesas saben que la Diputación no les va a dejar solos y que vamos a estar muy próximos a ellos para conocer las necesidades que van surgiendo en cada momento y ayudarles, con nuestros propios recursos o colaborando con otras instituciones para dar respuesta a problemas como el de la extracción del lodo de los garajes, que estamos a punto de culminar", señala el presidente Mompó.

Sin confrontación política

Por su parte, la diputada Imma González ha considerado que la comisión "debe estar centrada en el estudio sobre la gestión que está haciendo la Diputación de la catástrofe en el ámbito de sus competencias, dejando a un lado la confrontación política y con la finalidad de encontrar nuevas fórmulas para ayudar a los afectados". En la misma línea se ha expresado la portavoz de Ens Uneix, Natàlia Enguix, partidaria de "ofrecer públicamente toda la información de lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer para seguir ayudando a nuestros pueblos".

También han aprobado la comisión, con matices, los portavoces de Compromís y el PSPV. Dolors Gimeno cree que el nuevo órgano es "esencial para hablar de futuro y recoger todas las propuestas técnicas", pero lamenta que "se excluyan todos los detalles de lo que pasó el 29 de octubre y la información previa que tenían los responsables de esta institución". Carlos Fernández Bielsa, por su parte, insiste en "la repulsa social que existe hacia el presidente de la Generalitat Carlos Mazón" y reconoce el trabajo de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, en la gestión de la tragedia. A ambos ha afeado el portavoz de Vox, Sergio Pastor, "buscar el cálculo político en una institución que está actuando de forma ejemplar y que nos mantiene informados en todo momento".

El presidente, Vicent Mompó, ha zanjado el debate lamentando una vez más las consecuencias de la dana y defendiendo el trabajo que está realizando la corporación: "Ojalá nunca hubiera sucedido algo así, pero más allá de las críticas personales, que aquí estamos y vamos a seguir estando para dar la cara, estoy orgulloso de la implicación de todo el personal de esta institución y del apoyo a todos los afectados. Pocas veces se ha hablado tanto y tan bien de la Diputación, a la que debemos respetar por encima de las cuestiones políticas y personales".

Dos millones más para el fondo incondicionado

El pleno de enero de la Diputación ha vuelto a estar protagonizado principalmente por la gestión tras la dana y la adaptación de las cuentas provinciales a las necesidades de los municipios damnificados, sin olvidar los proyectos de presente y futuro del resto. En este sentido, la cámara provincial ha votado de forma unánime el incremento de 1.950.000 euros para el fondo incondicionado destinado a los ayuntamientos incluidos en el listado oficial de afectados.

Aras de los Olmos, Benagéber, Benimuslem, Casinos, Chelva, Gavarda, Losa del Obispo, Massalavés, Sant Joanet, Titaguas, Tuéjar, Villar del Arzobispo y Xeraco recibirán 150.000 euros cada uno, como el resto de consistorios incluidos en el decreto de la Generalitat. En su intervención, la diputada de Hacienda, Laura Sáez, ha agradecido el respaldo de todos los grupos y ha instado al portavoz socialista, Fernández Bielsa, a que reclame al Gobierno central incluir estos municipios en las ayudas estatales, tal y como aprobó en sesión plenaria la propia Diputación.

Flexibilidad del Pla Obert

Estos 13 ayuntamientos se suman a un listado autonómico que alcanza el centenar de consistorios y podrán acogerse a la reformulación del Pla Obert, el principal programa inversor de la Diputación con 350 millones de euros para municipios y mancomunidades. Entre otras medidas para facilitar la recuperación a estos pueblos, se contempla la supresión de los límites obligatorios de inversión del 10% en el ciclo del agua y otro tanto en zonas verdes e instalaciones deportivas; así como la eliminación del requisito de presentación previa de los proyectos a ejecutar.

Tal y como explicó en su momento la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, responsable de Cooperación y coordinadora del Pla Obert, "los alcaldes y alcaldesas podrán decidir el destino del importe total de las ayudas en función de las necesidades de sus municipios, sin ningún tipo de condicionante o incentivos que establecimos en su momento para garantizar la ejecución de proyectos que consideramos relevantes y ajustados a los criterios de desarrollo sostenible". Además, "buscamos agilizar la puesta en marcha y ejecución de esas obras que decidan acometer, reduciendo al mínimo posible la burocracia, como hicimos suspendiendo los plazos de los expedientes presentados por los municipios que han registrado daños".

Revisión de los protocolos de acoso sexual

Otras mociones han salido adelante en el pleno provincial del mes de enero, caso de la propuesta de la portavoz de Ens Uneix, Natàlia Enguix, para revisar los protocolos locales de acoso sexual tras el caso denunciado por la concejala de Alzira, Mar Chordá. La moción insta al ayuntamiento de la Ribera Alta a iniciar el procedimiento que recoge el protocolo local y provincial para hacer frente a casos de denuncia de un presunto acoso por razón de sexo.

La vicepresidenta Enguix ha destacado la gravedad de una denuncia por presunto acoso laboral y sexual que se conoció a finales de 2024. En ella se recogen "episodios de violencia verbal, vejaciones, coacciones, gestos obscenos y toda una serie de conductas denigrantes solo por el hecho de ser mujer". La denunciante atribuye estas conductas humillantes a su compañero Enrique Montalvá, también concejal en el consistorio. Ante la falta de respuesta por parte del ayuntamiento, la responsable provincial solicita al equipo de gobierno de Alzira la adopción de cuantas medidas resulten oportunas para crear un entorno laboral seguro y respetuoso que permita a la concejala continuar ejerciendo con normalidad sus funciones.

La moción insta a los ayuntamientos de toda la provincia a que revisen los Protocolos de acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso discriminatorio en cuanto a la literalidad de su ámbito de aplicación, incluyendo a la totalidad del personal empleado público con vinculación funcionarial, personal eventual, personal laboral, cargos electos, personal en prácticas o becario, con independencia de su jerarquía institucional.

La propuesta se ha aprobado con los votos a favor del equipo de gobierno y la abstención del resto de grupos. La vicepresidenta Enguix ha lamentado "las excusas de los partidos progresistas para no votar a favor". "Es vergonzoso que no nos pongamos todos del lado de una mujer que ha denunciado, creyéndola, hasta que la justicia se pronuncie. No somos jueces sino políticos, y lo que se espera de nosotros es una condena firme de estos hechos, no un silencio cómplice", ha añadido Enguix.

Consulta sobre la lengua vehicular

También se ha aprobado en el pleno de enero una propuesta del grupo Ens Uneix para suspender la consulta de la lengua vehicular a las familias de los centros educativos valencianos. En este caso, el grupo socialista y Compromís han votado junto a Natàlia Enguix para instar a la Generalitat a suspender la consulta tanto en los centros públicos como privados, y devolver a los consejos escolares las prerrogativas para consensuar el proyecto lingüístico de cada centro. 

En opinión de Enguix, "esta política de votación simplista supone un ataque al valenciano y contra nuestra riqueza lingüística, ya que la lengua es una de nuestras señas de identidad y, estando en minoría respecto al castellano, debe ser defendida desde las administraciones públicas, en lugar de fomentar confrontaciones estériles entre familias y territorios".

Central nuclear Cofrentes

En último lugar, ha salido adelante la moción presentada por el grupo Vox en la que se manifiesta la oposición de la Diputación al cierre de la central nuclear de Cofrentes previsto para 2030, y se insta al Gobierno de España a "prorrogar y garantizar la vida útil de la central y elaborar y poner en marcha en Plan Nacional de Soberanía Energética".