Diputación plantea que el Gobierno pague la desaladora de Orpesa y exima a los vecinos

CASTELLÓ. El próximo pleno de la Diputación de Castellón planteará en la primera semana de septiembre que el Gobierno de España asuma el pago de la desaladora de Orpesa para evitar que a partir de marzo tengan que pagarlo los vecinos de este municipio, así como de Benicàssim y Cabanes. El equipo de gobierno ha presentado una moción en vista de que la Unión Europea obliga a que a partir del mes de marzo se pongan en marcha las instalaciones ya que financió la mayor parte de este proyecto impulsado en 2008 por el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero.

El portavoz del Ejecutivo provincial, Vicent Sales, es quien ha presentado la moción en la que se insta al Ministerio de Transición Ecológica a que asuma a través de su presupuesto el coste total de la construcción de la desaladora, que asciende a unos 74 millones de euros.

Sales ha asegurado que “es inadmisible que el gobierno socialista de Pedro Sánchez obligue a los vecinos de estos municipios a hacer frente a los costes del fiasco por culpa del derroche caprichoso del ejecutivo de Rodríguez Zapatero”. El vicepresidente primero de la institución provincial ha justificado esta moción, “que espero que se apruebe por unanimidad, porque se acaba ya el plazo que ha dado la Comisión Europea para poner en marcha la desaladora, que va a suponer una sangría para el recibo que pagan los vecinos, cuando además no tienen ninguna necesidad de usar el agua desalada”.

En la moción se recuerda que en el año 2008 se firmó por parte del entonces equipo socialista de gobierno municipal de Benicàssim y la empresa Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A. –Acuamed- un convenio regulador para la financiación y explotación del sistema de suministro de agua desalada, para los municipios de Orpesa, Benicàssim y Cabanes.

Dicho convenio se firmó dentro de la previsión ficticia de un escenario de desarrollo futuro y crecimiento urbanístico, que no se materializó, cuestión  que no fue tenida en cuenta y por tanto no prevé el convenio. Este obliga a que a partir de marzo de 2019 la Comisión Europea requerirá la devolución de los casi 50 millones de euros aportados como subvención a través de los Fondos Feder si no se ha puesto en funcionamiento la desaladora.

Fruto de ese convenio, se obliga a los ayuntamientos y a sus vecinos a asumir el coste de la infraestructura, lo que supone en este momento un montante cercano a los 74 millones de euros, teniendo en cuenta que esta cifra solo hace referencia al coste de amortización de la obra de la desaladora, que debería abonarse a lo largo de los próximos 25 años. El coste del funcionamiento irá aparte, lo que incrementará aún más el coste de la factura.