La consellera de Igualdad, Mónica Oltra. Foto: ROBER SOLSONA/EPVALÈNCIA. La compañía DomusVi ha acudido al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales para recurrir la decisión de la Conselleria de Igualdad, que dirige Mónica Oltra, de suspender el concurso para adjudicar la gestión de la residencia de mayores de Velluters, en València. La firma iba adjudicarse el contrato mediante su filial, SAR Residencial y Asistencial, al obtener la mayor valoración en la licitación pero la Conselleria decidió desistir del procedimiento tras numerosas quejas de familiares por el hecho de que DomusVi fuera a gestionar el centro.
DomusVi fue expedientada y sancionada por la Generalitat por su gestión durante la pandemia de la residencia que tiene en Alcoy en la que se produjeron más de 70 fallecimientos por covid. También tuvo problemas en la de Llíria, donde un juez abrió una causa por presunto maltrato tras una denuncia de la Fiscalía Provincial, procedimiento que se archivó por falta de pruebas. Y más recientemente, el pasado mes de septiembre, los familiares del centro de DomusVi en Vila-real pidieron la intervención de Sanidad ante un brote que afectó a más de 50 residentes.
En este contexto, la noticia de que la compañía iba a resultar adjudicataria del servicio en la residencia de mayores de Velluters provocó cierto malestar entre los familiares. Las instalaciones estaban gestionadas por Gestio Socio-Sanitària al Mediterrani (Gesmed), que tras conocer el resultado favorable a la filial de DomusVi en el concurso presentó alegaciones pidiendo la retroacción de las actuaciones o el desistimieno por parte de la Conselleria, que es lo que finalmente se produjo hace un mes.
A raíz de estas alegaciones, la Dirección General de Infraestructuras de Servicios Sociales de la Conselleria emitió un informe en el que solo admitía un error en la puntuación de la innovación tecnológica. Debido a ese error y ante la imposibilidad de modificar la puntuación de la oferta técnica una vez conocida la económica, la Dirección General de Personas Mayores propuso el desistimiento con el visto bueno de la Abogacía de la Generalitat.
Ahora DomusVi lleva a la administración ante el Tribunal de Recursos, dependiente del Ministerio de Hacienda, para que dirima sobre la pertinencia de la decisión de la Conselleria. El recurso, según ha podido saber este diario, habla de que la decisión de reevaluar los proyectos de cada empresa aspirante fue arbitraria. La compañía se extraña, entre otras cosas, de que la rectificación de la puntuación se suscribió por la jefatura de servicio y no por los técnicos que inicialmente valoraron las propuestas, y que todo el proceso duró un año aproximadamente.
En ese sentido, lo que solicita la firma al Tribunal es anular la rectificación de errores que hizo la Conselleria y, por tanto, que deje sin efecto la decisión de desistir del procedimiento y volver al punto anterior de esa revisión de valoraciones. El organismo administrativo deberá dirimir ahora en este conflicto.
Cuando saltó la polémica, la consellera Mónica Oltra ya avanzó que, en el caso de que hubiera un nuevo concurso, se quería introducir cambios en los pliegos de licitación para "evitar situaciones en las que al final siempre desempate el precio". Por contra, se pretende valorar "unas condiciones técnicas evaluables que hagan que sea la calidad técnica asistencial y la atención a las personas lo que realmente determine la adjudicación y no el precio".
Así pues, según explicaron fuentes de Igualdad cuando se anuló la licitación, el departamento pretendía sacar en los próximos meses los pliegos del nuevo concurso donde, además de lo mencionado, se tuviera en cuent el aprendizaje de la gestión de la covid-19. Ahora, esta nueva licitación está en el aire mientras el Tribunal de Recursos decide si la anulación de la anterior fue legal.
