VALÈNCIA. El juzgado de Instrucción número 1 de Llíria ha imputado a la directora de la residencia DomusVi de la localidad y a dos empresas como personas jurídicas por el posible maltrato a ancianos en las instalaciones, según confirman fuentes conocedoras de la investigación. Las mismas especifican que a finales de octubre se incoaron diligencias previas, aunque todavía no está calificado inicialmente el delito por el que se siguen.
La denuncia que ha dado inicio a estas indagaciones partió de la Fiscalía Provincial de Valencia, que decidió abrir una investigación de oficio tras la difusión de varios vídeos en los que se evidenciaban situaciones de abandono y desprotección de los residentes. En las imágenes aparecían escenas como un anciano que sufría un golpe al caer al suelo sin que nadie acudiera a socorrerlo; una mujer que se encontraba sola y desnuda en una silla u otra de muy avanzada edad que intentaba comer un plato de comida sin ninguna ayuda y ni siquiera una mesa para apoyarlo.
El Ministerio Público, al tener conocimiento de ello, pidió a la Guardia Civil -que también llevó a cabo actuaciones desde el primer día- que informase sobre los hechos ocurridos y que enviase todo lo realizado hasta ese momento. Igualmente, solicitó a la Conselleria de Igualdad que remitiese un informe sobre la residencia.
En el atestado de la Guardia Civil constaban un total de 13 denuncias formuladas por familiares de varios residentes después de que trascendieran las duras imágenes. A ellas se sumaron las declaraciones de dos exempleados del centro -y que se añadieron a la de la persona que grabó los vídeos y que trabajó durante cuatro meses en el servicio de limpieza-. En ellas corroboraron maltrato, vejaciones, abandono y falta de cuidados de todo tipo hacia los ancianos.
Los estremecedores testimonios describían episodios como numerosas heridas por caídas, suciedad de la ropa "con manchas de heces y sangre", pérdida de hasta 30 kilos de peso, escasez de comida, falta de atención médica, no suministración de insulina, carencia de higiene o expresiones vejatorias del estilo "si te vuelves a levantar te parto la cara".
La Fiscalía concluyó en su escrito que el trato dispensado a los internos podría ser constitutivo de varios delitos contra la integridad moral, por lo que acordó remitir al juzgado decano de Llíria la investigación, que ahora ha recaído en Instrucción 1, para que se depuren las responsabilidades penales.
En el escrito, apuntó a la responsabilidad de la directora del centro, a quien pidió imputar como así ha ocurrido. "En su posición de garante del cuidado, vigilancia y atención de los residentes, socavó gravemente su dignidad e integridad moral. Hecho que todavía se hizo más patente y lacerante en el caso de aquellos que eran más vulnerables por su avanzada edad, por sus graves enfermedades psíquicas y físicas y, en suma, por su alto grado de dependencia al ser quienes requerían de la máxima protección", sostenía el fiscal. Todo ello, destacó, "desborda la mera responsabilidad administrativa" por la "gravedad e intensidad" de lo ocurrido.
Por su parte, DomusVi descartó en su investigación interna que se haya producido "ningún tipo de maltrato" desde que la empresa asumió la gestión en 2018 y aseguró que "el centro ha cumplido en todo momento con la normativa estatal frente a la covid".