Albert Rivera durante el mitin en Valencia. FOTO: EVA MÁÑEZEl discurso aparentemente unánime de la formación liderada por Albert Rivera choca en algunas cuestiones como la deuda histórica valenciana, la reforma estatutaria o el derecho civil
VALENCIA. Desde su salto a la política nacional, Ciudadanos ha tratado de mantener un discurso unitario. Este precisamente ha sido uno de los principales valores en el discurso de la formación naranja: defender el mismo mensaje en toda España y mantener una coherencia constante entre posiciones públicas y sentido del voto. Una música que ha sonado armoniosamente en mitines y televisiones pero que, a la hora de la puesta en práctica, ha comenzado a tener fisuras.
Ciudadanos nace en Cataluña como un movimiento de intelectuales frente al nacionalismo catalán y denunciaban la “desaparición” de la “lengua común de todos los españoles” de las instituciones y documentos oficiales. Cuando C's da el salto nacional, sus organizaciones fuera de Cataluña son, en muchas ocasiones, una fusión de dirigentes y militantes de otros partidos políticos como los desencantados con el PP y, en el caso valenciano, con un importante arrastre de parte de UPyD.
Al margen de los cambios en las decisiones sobre el pacto de Gobierno, algo habitual en las negociaciones políticas, la formación liderada por Albert Rivera se contradice en algunas cuestiones y cambia el sentido del voto en función de la institución en la que se encuentre. Desde la formación naranja defienden que son liberales en lo económico y progresistas en lo social, que no son ni de izquierdas, ni de derechas; sino de centro y que su discurso -calificado por muchos de ambiguo-responde a un ideario y no a una ideología. Este mestizaje ideológico y de procedencia se traduce en que para la misma materia la orientación del mensaje o el sentido del voto varía en función del lugar geográfico, la institución o el documento.
Del mismo modo, parece que las pretensiones de la formación en les Corts, orientadas más hacia algunas posturas progresistas, son frenadas desde la dirección nacional, que se muestra más conservadora. Propuestas que en el parlamento valenciano Ciudadanos ha apoyado no han corrido la misma suerte cuando se han trasladado al Congreso. Es el caso de la reforma del Estatut de Autonomía o del reconocimiento de la deuda histórica. Sin embargo, la contradicción no es exclusiva entre Valencia y Madrid.
Un ejemplo de estos cambios es el caso de la votación de la paralización de la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa). En febrero, Ciudadanos firma un pacto con el PSOE en el que ambos se comprometen a "paralizar con carácter inmediato el calendario de implantación de la LOMCE en todos aquellos aspectos que no han entrado en vigor". En marzo, cuando se vota la moción de los socialistas para dicha paralización, Ciudadanos vota a favor. Ya en abril, cuando vuelve a votarse la misma iniciativa en el Congreso, Ciudadanos se abstiene.
No menos sonoro ha resultado el cambio de postura respecto a la deuda histórica valenciana. Mientras que en la Comunitat, cuando Carolina Punset estaba al frente de la formación, se firmó en les Corts un documento en el que se exigía "el reconocimiento de los déficits de financiación acumulados desde que se llevaron a término las transferencias de competencias de la Comunitat Valenciana cifrada en al menos 12.433 millones de euros desde 2002 a 2013, así como la definición y establecimiento de un mecanismo de compensación de estos déficits". O, en otras palabras, la deuda histórica del Estado con la Comunitat.
Este documento fue firmado el pasado mes de octubre en el parlamento valenciano. Meses más tarde, ya en marzo y en Madrid, el secretario del grupo parlamentario, Miguel Gutiérrez, consideró que esta legislatura no hay "espacio" para afrontar esta deuda, ante la falta de recursos económicos, algo que el propio Albert Rivera vino a esgrimir en su visita fallera a Valencia.
El líder actual de C's en Valencia, Fernando Giner, salió en defensa de la dirección nacional y consideró que "hablar de deuda histórica es populismo" y explicó que la solución que propone la formación naranja, una reforma del sistema de financiación, "atajará el verdadero problema de la Comunitat Valenciana".
El mismo líder, en una entrevista a Valencia Plaza, posteriormente sí reconocía la existencia de ese "déficit de financiación acumulado", pero, siguiendo la línea marcada desde Barcelona, rechazaba llamarlo deuda histórica, aunque sí abría la puerta a una posible compensación.
Este martes se votó en el Congreso, tras cuatro años, la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. La votación de la reforma que estipula que las inversiones del Estado en la región sean equivalentes al peso de su población por un periodo de siete años contó con la posición favorable de toda la cámara salvo de Ciudadanos.
La diputada de Ciudadanos por Alicante, Marta Martín justificó esta posición manifestando que esta reforma no significa "un sólo euro más a los valencianos". Su síndic en les Corts, Alexis Marí, calificó la reforma de "brindis al sol".
No obstante, en el documento firmado en octubre del año pasado por todos los grupos parlamentarios valencianos, incluido C's, figuraba como uno de los tres puntos precisamente esa equiparación en las inversiones estatales.
Otro caso de notable relevancia en el territorio valenciano ha sido el apoyo o rechazo a la iniciativa que pide la retirada de los tres recursos de inconstitucionalidad del Gobierno central contra leyes de derecho civil valenciano. La campaña, organizada por la Asociació de Juristes Valencians (AJV), pronto fue trasladada a las instituciones. Tanto a nivel local como autonómico, los diferentes ayuntamientos de la Comunitat, así como en les Corts, se están debatiendo mociones y declaraciones institucionales para instar al Ejecutivo central a retirar estos recursos ante el Tribunal Constitucional.
El sentido del voto de Ciudadanos en la iniciativa que se plantea en les Corts el próximo miércoles en esta materia es todo un misterio, ya que en algunos ayuntamientos ha votado en contra -en Castellón, por ejemplo- y en otros, como en el de Valencia, se abstuvo. Cabe destacar que, cuando en una votación se requiere la aprobación por unanimidad, la abstención permite que se apruebe.
La formación naranja optó por esta fórmula al considerar que en la moción lo que se debate es "si una institución pública debe inferir en el trabajo de los tribunales" y pide "respeto a la separación de poderes" y a la independencia del poder judicial. Sin embargo, el contenido del manifiesto de la AJV y de las mociones presentadas en los ayuntamientos no se dirige al Tribunal Constitucional, sino al Gobierno Central.
Durante su mitin de precampaña para las Elecciones Generales, Albert Rivera también se comprometió en Valencia a construir el Corredor Mediterráneo. "Nosotros defendemos el Corredor en toda España y nos comprometemos a añadirlo en los Presupuestos Generales del Estado", dijo Rivera.
Cierto es que se trata de una promesa electoral imposible de cumplir hasta la formación de un nuevo gobierno, pero ni siquiera aparece en el acuerdo firmado con el PSOE, aunque sí se haya mencionado públicamente.
De este modo es como se resquebraja uno de los pilares que ha utilizado la formación naranja para presentarse como alternativa electoral, la homogeneidad en el discurso y en los valores. El ideario y no la ideología. O donde dije digo, digo Diego.
