Hoy es 15 de agosto
CASTELLÓ. Dos de cada tres partidas de cítricos turcos y egipcios rechazados en las fronteras de la Unión Europea por superar los límites máximos de residuos de pesticidas o por contener alguno prohibido en el territorio europeo tenían restos de clorpirifos o de alguno de sus derivados. Estos productos son la base de los fitosanitarios vetados desde hace año y medio en el territorio europeo en una decisión que alzó una gran polémica en la Comunitat Valenciana porque dejó a los citricultores sin el principal arma contra el cotonet de Sudáfrica, lo que ha permitido que la plaga se expanda sin control.
En un comunicado para criticar su "pasividad" por la entrada de fruta contaminada de estos dos países al imponer que el 20% de los cítricos procedentes de Turquía deberán ser revisados, tal y como ha avanzado Castellón Plaza, la interprofesional citrícola española, Intercitrus, ha destacado la cifra. No en vano, de las 226 partidas interceptadas que suman Turquía y Egipto, "el 66% contenían clorpirifos, metil clorpirifos o clorpirifos etil", indican desde la entidad.
Por esta razón, así como por el incremento desmesurado de las interceptaciones por fitosanitarios (en el caso de Turquía han pasado de 11 en 2019 a 181 en lo que va de año) desde Intercitrus critican la "doble moral" de la Unión Europea en esta cuestión.
En opinión de las empresas, productores y cooperativas citrícolas españolas, unidas en la interprofesional, no es aceptable que Bruselas pretenda forzar al sector agroalimentario europeo "a reducir un 50% el uso de fitosanitarios en los próximos ocho años" mientras solo inspeccionará el 20% de la fruta turca.
Esto significa que aproximadamente 240.000 toneladas entrarán sin revisión y muchas de ellas posiblemente con los fitosanitarios vetados en Europa. Así, la UE "permite que los pesticidas ya prohibidos en el mercado comunitario -como el propio clorpirifos- se sigan produciendo en su territorio y exportando a países terceros", señalan desde Intercitrus.
A ello se suma, advierte la organización, las presiones que las grandes cadenas de distribución europeas ejercen sobre las empresas y, consecuentemente, sobre los productores. Y es que, según la interprofesional, los supermercados e hipermercados imponen a los exportadores protocolos más exigentes que la propia normativa, como límites de residuos "hasta un 70% más bajos que los oficiales", sumas máximas de límites de varios productos e incluso "listas negras de plaguicidas prohibidos discrecionalmente".
Por todo ello, la presidenta de Intercitrus, Inmaculada Sanfeliu, censura la "complaciente" postura del Ejecutivo comunitario respecto a Turquía, que solo se entiende para evitar crisis migratorias como la vivida a principios de 2020 cuando el país abrió sus fronteras para facilitar el paso de refugiados sirios, indica. Además, Sanfeliu denuncia la "pérdida de crédito" que toda esta situación, y sobre todo en lo referente a la sanidad alimentaria, está suponiendo para la Unión Europea.