El alcalde, Gabriel Echávarri, durante su comparecencia pública de este lunes. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Echávarri sigue apostándolo todo a la estrategia de la resistencia frente a su procesamiento por el supuesto fraccionamiento de contratos que se investiga en el llamado caso Comercio y vuelve a ganar tiempo para seguir en la Alcaldía de Alicante. Como ha venido contando Alicante Plaza, no piensa dimitir de forma voluntaria salvo que se produzcan dos condiciones básicas. En sentido estricto, ninguna de ellas es nueva. Son las que viene esgrimiendo desde el principio del proceso para defender su continuidad en el cargo: que se dicte un auto de apertura de juicio oral firme contra él y que se reúnan los votos de quince concejales (mayoría absoluta de la corporación) que resultan necesarios para que se produzca la investidura de otro alcalde socialista. En su breve comparecencia de este lunes, sólo hizo que ir un paso más allá y expresar públicamente lo que venía trasladando a su partido desde hace meses. Por primera vez, Echávarri admitió un escenario de posible dimisión e incluso habló de posibles plazos, consciente de que el penúltimo flotador al que podía aferrarse -que la Audiencia Provincial admitiese su recurso frente al auto de procesamiento- ha acabado pinchándose. Hasta hace unos meses, a la pregunta de si pensaba dimitir en el caso de que se ratificase su procesamiento, se limitaba a responder con un: "Ya cruzaremos ese puente cuando lleguemos al río".
A ese río llegó el viernes y, tres días después (este lunes), tuvo que responder ante la opinión pública y dar cuenta de los compromisos adquiridos de puertas hacia dentro. De ahí que posiblemente el único dato noticioso y concreto que añadió en su comparecencia de este lunes fuese la identidad de la persona que él sostiene que debe sucederle: Eva Montesinos, la número 2 de la candidatura con la que el PSPV-PSOE se presentó a las municipales de 2015. Se trata hasta cierto punto de un relevo natural, ya que Montesinos es la actual vicealcaldesa y la portavoz del equipo de Gobierno, además de edil de Urbanismo y persona de la máxima confianza de Echávarri. Con ese planteamiento, el primer edil trataría de reproducir el mismo esquema que ya desveló el sábado, durante la reunión extraordinaria de la ejecutiva del partido, sobre su renuncia a presentarse a la reelección como secretario general, pese a que se había postulado para tratar de repetir. Eso sí, en el ámbito orgánico, su paso atrás es incondicional: Echávarri propondrá igualmente a Montesinos como su relevo al frente de la agrupación local, pero sin vincular esa posición a su propia renuncia.
La estrategia desvelada por el primer edil fue comunicada a la cúpula del PSPV el pasado viernes, en un encuentro mantenido en Alicante con el secretario de Organización, José Muñoz. En ese encuentro, Echávarri pidió que se respetaran los tiempos y que se le permitiese ser él quien anunciara los términos de su decisión. Su hoja de ruta cuenta, en consecuencia, con el beneplácito de la dirección autonómica y de su propio secretario general, Ximo Puig. En primer lugar, porque se piensa que la situación de Echávarri no es comparable con la de Sonia Castedo (PP), procesada en el caso Brugal por el supuesto amaño del Plan General en favor del empresario Enrique Ortiz, y que comparar ambos casos es poco menos que un insulto. Pero sobre todo porque en el PSPV se es consciente de que no basta con que Echávarri dimita, sino que se debe garantizar la continuidad de un alcalde socialista a partir de la negociación política. Como también viene contando este diario, el PSPV tiene claro que sin el apoyo de quince concejales para investir a un nuevo regidor, la renuncia de Echávarri conlleva entregar el poder al PP como lista más votada en mayo de 2015. Y esa situación no se va a permitir. Hasta la dirección nacional del PSOE avala esa operación, según precisaron fuentes del PSPV y según evidenció la vicesecretaria general, Adriana Lastra, en sus declaraciones sobre Echávarri, al subrayar que se estaba en permanente comunicación con la federación valenciana.
¿Significan las palabras de Lastra que el PSOE está incumpliendo su propio código ético y sus estatutos? No necesariamente: no se ha acordado la expulsión de Echávarri, pero tampoco se mirará hacia otro lado. Según fuentes del PSPV, lo normal y lógico es que se le abra expediente sancionador porque ese es el paso automático. Otra cosa es cómo y cuándo se resolverá ese expediente: en principio, nunca antes de que llegue ese auto de apertura de juicio.
Esa es ahora una de las claves de la cuestión. Echávarri apuntó que ese auto puede demorarse aún "un mes o un mes y medio; quizá más si se tiene en cuenta la Semana Santa", después de que las acusaciones (el PP y la Fiscalía) y las defensas hayan presentado sus posibles escritos de calificación (el PP ya ha anunciado que lo hará; de Fiscalía, nadie puede asegurarlo aún) y de oposición. Y añadió que su intención es quedan acciones legales por resolver ("un par de recursos", dijo). Al menos, uno de ellos es un escrito de queja por el rechazo a la concesión de un plazo adicional. Y lo que se da por seguro es que su defensa ejercerá todas las acciones que estén a su alcance para tratar de corregir las decisiones que le son desfavorables, lo que, en último término, trataría de evitar que ese auto adquiera firmeza y pueda surtir efectos. Todo, pese a que se subraya que hasta ahora no se han desplegado las supuestas maniobras dilatorias que se esgrimen por parte del PP.
En cualquier caso, ¿de qué nuevas acciones legales se trataría? Según las fuentes jurídicas consultadas, la resolución comunicada por la Audiencia Provincial el pasado viernes no es recurrible. En todo caso, la defensa del alcalde y la de sus cargos de confianza procesados (el jefe de gabinete de Alcaldía, Lalo Díez, y el asesor de Comercio, Pedro de Gea) sí podrían solicitar la práctica de nuevas pruebas cuando el expediente judicial llegue al Juzgado de lo Penal en el que recaiga por turno de reparto la celebración del juicio. En ese caso, se podría devolver el expediente al juzgado de instrucción, con lo que la fecha de la vista oral se retrasaría. Mientras, Echávarri continuaría en el cargo.
¿Qué pasará si se dicta el auto de apertura de juicio firme, se agotan todas las posibles acciones legales y se sigue sin contar con el apoyo de quince concejales para investir a Montesinos? De acuerdo con las palabras de Echávarri, él continuaría. Como mínimo, es lo que ha venido haciendo hasta ahora: superar paso a paso cada nueva situación que se ha ido planteando, afrontando cada nuevo problema sin renunciar a sus responsabilidades públicas.
La segunda cuestión clave son, precisamente, los términos de las condiciones propuestas por el alcalde para que se produzca su posible renuncia. Como se ha dicho, Echávarri señaló, primero, que la alcaldable debía ser Eva Montesinos y, después, que él mismo iba a liderar las negociaciones para buscar la suma de los 15 votos sin plegarse a condiciones previas, ni tampoco para reeditar un tripartito. La primera premisa también cuenta con el aval del PSPV. Se considera que la vicealcaldesa es la mejor posicionada para sucederle. Eso sí, como ya quedó claro este lunes, no va a ser fácil que cuente con el respaldo de Guanyar. Al menos no con el de su portavoz municipal, Miguel Ángel Pavón, quien señaló que las decisiones tomadas por Montesinos en la Concejalía de Urbanismo y su participación directa o indirecta en el episodio del dispositivo de grabación supuestamente detectado en su despacho no la convierten en una candidata de consenso.
Lo cierto es que el PSOE local y los ediles que conforman el grupo municipal socialista vienen manteniendo desde la ruptura del tripartito que no volverán a pactar con Guanyar mientras se mantengan sus actuales representantes. Las fuentes socialistas consultadas por Alicante Plaza volvieron a reiterar esa posición el pasado viernes: no se tiene intención de dar un paso atrás en esa dirección. Es más, desde la ruptura del tripartito, el equipo de Gobierno del PSOE se ha obstinado en distanciarse de la mayor parte de las decisiones impulsadas por Guanyar. Ahora bien, fuentes municipales precisaron que, con ese rechazo sobre Guanyar y sobre sus representantes, el PSOE podría estar tratando de acentuar la división interna que ya existe entre los cinco concejales de esa plataforma electoral en busca de un posible relevo en su dirección.
Sea como fuere, sin los votos de los cinco concejales de Guanyar, la única opción posible para reunir los quince votos es contar con los ediles de Ciudadanos (Cs), además de los dos concejales no adscritos, Fernando Sepulcre y Nerea Belmonte. Por el momento, tanto los representantes de Cs como los dos no adscritos insisten en que el primer paso que debe darse es la dimisión de Echávarri para poder negociar su posible respaldo a otro candidato, de modo que también en ese frente se prevé una situación compleja. Igualmente que en el caso de Guanyar, casi imposible.
Con todo, en el ámbito de las negociaciones sí existirían diferencias respecto a la posición que parece mantener la cúpula del PSPV. Las fuentes consultadas insistieron en que la dirección autonómica también participará en esas conversaciones desde València y que se entablará contactos con las fuerzas alineadas con los supuestos ideológicos de la izquierda. Esa referencia incluye explícitamente a Compromís (aliado en el Consell del Botànic) y a EU (todavía sin coordinador autonómico), socio mayoritario de Guanyar. ¿Significa eso que se excluye a Cs? No, el partido de Albert Rivera no está descartado, pero no es la opción más lógica.
