VALENCIA. La conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo abrirá expediente informativo, a través del servicio de inspección de la Dirección General de Comercio y Consumo, a algunas cadenas de distribución alimentaria sobre los precios que están aplicando en sus ofertas con el objetivo de comprobar si ha existido prácticas ilegales de venta que atenten contra los derechos de los productores y consumidores.
Así se ha comprometido el director general de Comercio y Consumo, Natxo Costa, tras mantener este jueves una reunión con AVA -ASAJA y la Unió de Llauradors para tratar la situación de venta a bajos precios de los productos agrarios en algunos establecimientos comerciales ubicados en la Comunitat Valenciana.
Estas organizaciones agrarias han trasladado al director general su preocupación por la práctica de algunos supermercados y superficies de venta de alimentos de comercializar frutas y hortalizas a unos precios "por debajo del umbral mínimo, ocasionando un grave perjuicio a los agricultores".
En la reunión, Costa se ha comprometido a la apertura de un expediente informativo, a través del servicio de inspección de la Dirección General de Comercio y Consumo, sobre los precios que están aplicando en sus ofertas algunas cadenas de distribución alimentaria, con el objetivo de comprobar si ha existido efectivamente prácticas ilegales de venta que atenten contra los derechos de los productores y consumidores y, en su caso, abrir expediente sancionador.
Asimismo, se ha comprometido a revisar los procesos de actuación que existen actualmente en la Generalitat en relación con los controles alimentarios de frutas y hortalizas, por parte de los diferentes Departamentos implicados, con el fin de "favorecer la coordinación y evitar que se venda a precios que ni siquiera cubren los costes de producción de los agricultores y ganaderos".
Además, ha invitado a los representantes de estas dos organizaciones agrarias a participar en el proceso de elaboración de la nueva Ley de Comercio Sostenible y del Estatuto de los Consumidores en los que está trabajando actualmente la Conselleria para que puedan hacer sus aportaciones en relación con el tratamiento integral de la cadena de producción, desde el campo hasta el consumidor, en coordinación con la Conselleria de Agricultura.