Economía presiona a Hacienda con un decreto para Feria Valencia sin esperar a asumir su deuda

VALÈNCIA. La Conselleria de Economía Sostenible maniobra para forzar el desbloqueo de la reestructuración de Feria Valencia. El departamento que dirige Rafael Climent ha incluido en el orden del día del pleno del Consell de este viernes un decreto mediante el cual la actividad ferial se declarará de interés general. La aprobación de esta norma es uno de los pasos imprescindibles en el rescate que el Ayuntamiento, la Generalitat y el propio recinto pactaron poner en marcha hace un año y medio, pero no el único. La otra pieza clave es un decreto de la Conselleria de Hacienda para que la Generalitat asuma la millonaria deuda del recinto antes de ceder su explotación a una empresa mixta, pero para este segundo decreto aún no hay fecha prevista.

Según lo pactado entre las partes, las dos normas deberían aprobarse por el pleno del Consell de manera simultánea, pero las discrepancias que existen entre la Conselleria de Hacienda y la de Economía sobre si el control de la gestión de Feria Valencia ha de quedar en manos de la administración –como defiende Rafael Climent– o cederse a una firma con mayoría privada en el capital –según el departamento de Vicent Soler– los han ido retrasando sucesivamente.

Aunque hasta ahora la Dirección General de Comercio, que tiene las competencias directas sobre las ferias comerciales, sostenía que la hoja de ruta no podía arrancar sin la asunción de deuda como punto de partida, la parálisis que a su juicio se está produciendo en el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), el organismo que ha diseñado la operación con la deuda, les ha disuadido de cambiar el paso para tratar de presionar a Hacienda.

Según explican fuentes de Economía, el director del IVF, Manuel Illueca, remitió hace tres semanas a la Conselleria de Economía Sostenible un borrador del decreto mediante el cual la Generalitat se hará cargo de la totalidad de la deuda que el recinto adquirió en la ampliación ejecutada a principios de la pasada década.

Además de la solución técnica para asumir el pasivo, obligada porque la Intervención de la Generalitat considera que las transferencias que Feria Valencia recibe para devolver los créditos son un aval y no una subvención, el IVF incluyó dos aspectos con los que Economía no está conforme, por lo que alegó.

Por un lado, se determinó que la asunción sería únicamente de la deuda financiera, lo que excluiría otras obligaciones como la recientemente sobrevenida por la anulación del ERE del recinto de 2011, que en el peor de los casos costaría hasta 6 millones de euros. Por otro, el ente dependiente de la Conselleria de Hacienda también determinó que la mayoría en el capital de la empresa que gestionará Feria Valencia en el futuro ha de ser privada, algo a lo que Economía se muestra contraria porque defiende el control público o, al menos, que se deje abierta la cuestión de las mayorías hasta que Feria Valencia acuda al mercado en busca de socios potenciales.

Todos los empleados piden la readmisión

Respecto al despido colectivo anulado por la justicia, la práctica totalidad de los trabajadores afectados han solicitado ya su readmisión, a excepción de 38 personas prejubiladas. Los gestores feriales ya han empezado a notificarles su reincorporación a la empresa a lo largo de este mes para cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) que en noviembre de 2016 anuló este ERE.

El fallo rompe las previsiones económicas de Feria Valencia, que en 2016 obtuvo beneficios de explotación tras diez años en números rojos y que este año preveía cerrar en positivo. El proceso tendrá un coste añadido para el recinto bien en salarios de trabajadores con los que no cuenta o bien en indemnizaciones por tener que aplicar un nuevo proceso de despido colectivo.

En sus últimas cuentas, Feria Valencia provisionó un millón de euros ante el riesgo de que el ERE fuera anulado, pero el coste será probablemente superior.