Un momento del Congreso Profesional del Mediterráneo celebrado en 2021. Foto: ECONOMISTASALICANTE. Tras años de trabajo y dedicación, por fin ha visto la luz la nueva ley concursal española, que adapta la legislación nacional a las indicaciones europeas. Se prevé que entrará en vigor a finales de este mes de septiembre, una vez transcurridos veinte días desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que se ha producido este martes.
El 6º Congreso Profesional del Mediterráneo - CPM2022, se celebrará los próximos 15 y 16 de este mismo mes, en el Hotel Villaitana de Benidorm y será de los primeros encuentros de profesionales que se encargará de analizar y debatir la nueva ley. Esta es la sexta edición de este encuentro organizado por los Colegios de Economistas de Alicante, Murcia, Valencia y Castellón; y los Colegios de Abogados de Alicante, Murcia y Valencia.
En este sentido, Maribel Robles, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Economistas de Alicante e integrante del comité organizador del Congreso, señala que esta iniciativa, que transpone al derecho español la directiva 2019/1023, tiene por objetivo introducir otras reformas en el ámbito concursal “para disponer de instrumentos más ágiles y eficaces que mejoren los procedimientos de insolvencia y faciliten el mantenimiento de empresas viables, pero que se encuentran en dificultades financieras que pueden amenazar la solvencia y acarrear el consiguiente concurso. Estas medidas también van encaminadas a la descongestión de los Juzgados”.
Destaca Robles, como uno de los elementos más novedosos de la ley, los planes de reestructuración “para facilitar que las empresas deudoras viables dispongan de un instrumento eficaz para evitar la insolvencia o salir de ella”. La ley también incorpora un nuevo procedimiento para microempresas de menos de 10 trabajadores y autónomos. “Está previsto que su coste sea muy reducido para incrementar la posibilidad de dar continuidad a las empresas viables. Ese nuevo procedimiento entrará en vigor el 1 de enero de 2023 y se ha establecido un período transitorio hasta que la plataforma tecnológica donde deberá gestionarse esté funcionando”, apunta la economista.
Por otro lado, la ley modifica el procedimiento de segunda oportunidad endureciendo el régimen que, pese a sus evidentes mejoras, ha generado también, según Maribel Robles, “una interesante discusión doctrinal”. La Directiva apuesta por la profesionalización de los asistentes del juez en la tramitación de la insolvencia, lo que ha llevado al gobierno a proponer un muevo modelo de administración concursal, con mayor vinculación a los acreedores, así como a la introducción de un nuevo auxiliar en materia de insolvencia, el experto en reestructuración, que intervendrá en los trámites preconcursales, designado extramuros del juzgado.
Otras materias e instituciones sufren también modificaciones importantes, como las que afectan a la tramitación de los concursos sin masa, la desaparición de los planes de liquidación, la introducción del llamado Prepack para facilitar las ventas de las unidades productivas o la nueva configuración de la sección de calificación del concurso.
Los Juzgados de lo Mercantil a partir de ahora tendrán competencia exclusiva en materia concursal. La intervención del juez en estos casos se limitará a momentos clave del proceso y los plazos serán de máximo 12 meses desde la apertura de la primera fase y el cierre de la quinta. Como conclusión, señala Robles, “la intención el texto, a priori, es que lo anterior suponga una gran mejoría con respecto a la media de duración del proceso en la actualidad que está entre los 4 y 5 años, y un plazo de 2 meses para resolver los recursos de apelación ante las Audiencias Provinciales. Estaremos atentos para ver cómo se desarrollan en la práctica estas novedades”.
El 6º Congreso Profesional del Mediterráneo se centrarán en examinar y analizar exhaustivamente el objetivo de la nueva Ley Concursal, que no han conseguido cumplir ninguna de sus antecesoras. Es decir, que la antigua suspensión de pagos, hoy concurso de acreedores, sirva realmente para que empresas con problemas puntuales pero viables en el largo plazo puedan superar dichas insolvencias coyunturales.
El objetivo de la Reforma es paliar las declaraciones de concursos de acreedores otorgando a los planes de reestructuración un papel primordial. Para lograrlo, el texto recién aprobado introduce algunas nuevas herramientas y modifica otras. Además, se cree que entrará en vigor justo cuando se espera una avalancha de concursos de empresas desde 2020 y que se han acogido a la moratoria concursal que finalizó en junio.
Todo esto se debatirá y estudiará en detalle durante el desarrollo del encuentro. Como en ediciones anteriores, el Congreso Profesional del Mediterráneo: insolvencia y sociedades, espera reunir a prestigiosos especialistas a nivel nacional e internacional. El principal objetivo de este año es exponer, debatir y analizar la nueva Ley Concursal, para de este modo poder cumplir con la obligación de España de transponer la Directiva Comunitaria sobre reestructuraciones e insolvencias.
