VALÈNCIA. El secreto de sumario del caso Erial, que investiga al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana por blanqueo de capitales, ya está en poder de las defensas. Según dicho sumario, al que ha tenida acceso Valencia Plaza, los dos principales imputados de la causa son el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, y su el que fuera su jefe de gabinete Juan Francisco García. De hecho, García no entró en prisión porque los investigadores tenían localizado su supuesto dinero B, al haberse acogido éste a la amnistía fiscal de Montoro y haberlo repatriado.
Sin embargo, más complicado lo han tenido con Zaplana quien, supuestamente, no ha dejado de mover el dinero en estos años. Hasta nueve sociedades han encontrado los investigadores vinculadas a él. Dichas sociedades, según relata el fiscal Anticorrupción, Pablo Ponce, en su escrito son: Imison International con residencia en Luxemburgo, Inversiones Imison, Servicios de Excavaciones SA actualmente Asedes Capital SLU, Valencia de Revisiones SL, Levantina de Obras y Servicios SL, Proyectos Eólicos Valencianos, Inversiones Impega y Poinds Net.
Varias de las sociedades como Imison o Servicios de Excavaciones están a nombre de Vicente Cotino y José Cotino, los adjudicatarios de los contratos bajo investigación judicial y de los cuales supuestamente habrían salido las mordidas de casi once millones de euros.
También expone el Ministerio Público cómo los responsables de estas sociedades realizaron diversas maniobras financieras para que sus nombres no aparecieran. Un ejemplo de este tipo de actuaciones se produjo con Inversiones Imison, creada en 2001, y cuyo administrador único era Vicente Cotino con el 0,01 por ciento de las participaciones, y el otro Servicio y Excavaciones SA. Sin embargo se realizó una compra venta de participaciones que “no se inscribe en el registro para ocultar sus verdadero orígenes”.
Explica el fiscal en uno de sus escritos que la documentación que dio origen al caso Erial salió de un registro en el despacho del abogado de Marcos Benavent, uno de los principales acusados en el caso Taula. Pero matiza que originariamente, dichos papeles proceden de “una antigua casa de Zaplana” y que, éstos, “señalaban una serie de sociedades y pasos a seguir en determinadas adjudicaciones públicas, que todavía no se habían producido, pero que dependían en gran medida de la intervención política de los máximos responsables en dicho momento”.
El expresidente valenciano y exministro de Trabajo fue detenido el pasado 22 de mayo a la salida de su domicilio en València. Según sospechan los investigadores, Zaplana, y los que la Policía considera sus testaferros, Joaquín Barceló y Francisco Grau Jornet, así como el resto de investigados entre los que destacan el exconseller y ex director general de la Policía Juan Cotino; el ex jefe de gabinete de Zaplana Juan Francisco García; su secretaria, Mitsouko Henríquez, y su mujer, Rosa Barceló, están imputados en diferente medida por delitos como cohecho, prevaricación, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental y de formar una asociación ilícita y un grupo criminal organizado para delinquir.
En el caso Erial se investiga, entre otras actuaciones, el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003.
La Fiscalía Anticorrupción, la magistrada y la Guardia Civil rastreaban el supuesto blanqueo de casi once millones de euros en comisiones ilegales recibidas presuntamente por la adjudicación de los citados contratos públicos.