Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA (EP). La Conselleria de Educación defiende que el nuevo Decreto de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados de la Comunitat Valenciana, que recupera el sistema de distrito único escolar, "garantiza la igualdad de oportunidades, elimina barreras geográficas, promueve la diversidad en las aulas y facilita la movilidad social".
El director general de Centros Docentes, Jorge Cabo, que ha presentado el borrador en la Mesa Sectorial celebrada este jueves, señala que este decreto "refleja un firme compromiso con la construcción de un sistema educativo más equitativo, inclusivo y adaptado a las necesidades del siglo XXI".
"La Comunitat Valenciana da un paso trascendental hacia la equidad educativa y la eficiencia administrativa con la presentación de un nuevo decreto que redefine el proceso de admisión de alumnado", ha manifestado el director general, que ha aseverado que el objetivo es que las familias "puedan elegir el centro educativo que consideren más adecuado, y por eso optamos por la implementación de un sistema de zona única, dejando atrás el enfoque previo basado en zonificación".
"Este cambio estratégico responde a las limitaciones evidenciadas por el actual modelo de admisión, que ha afectado la libertad de elección de las familias y la inclusión efectiva de todo el alumnado en el sistema educativo", ha señalado.
Así, Jorge Cabo ha indicado que la delimitación zonal, "a pesar de su estructura, ha dado lugar a situaciones desfavorables para las familias que, aun residiendo en las cercanías de centros educativos, no pueden acceder a ellos debido a las restricciones geográficas impuestas por la zonificación".
"Con el propósito de superar estas limitaciones, el nuevo decreto busca otorgar menos peso al criterio zonal y permitir que las familias elijan libremente el centro que mejor se ajuste a sus intereses y convicciones", ha manifestado.
Desde la administración afirman que este cambio en el paradigma de admisión se traduce en la simplificación del proceso, reduciendo la carga burocrática tanto para los centros educativos como para las familias.
Además, se anuncia un "innovador" enfoque en el proceso de admisión, dividido en tres fases: ordinaria, extraordinaria y continua. La fase ordinaria inicia el proceso estándar, la fase extraordinaria establece un procedimiento para la adjudicación de las plazas que han resultado vacantes en el proceso ordinario, y la fase continua se encuentra abierta durante todo el curso para atender escolarizaciones sobrevenidas, asegurando así, un acceso flexible y continuo.
"La propuesta consolida un proceso de admisión exclusivamente telemático, pero asegurando el acceso a aquellas familias que no dispongan de medios electrónicos o conocimientos suficientes", ha explicado Cabo.
Sin embargo, el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) rechaza el distrito único porque "incrementa la segregación escolar allá donde se ha aplicado, según varios estudios".
"Precisamente porque ya se aplicó durante los anteriores gobiernos del PP sabemos que la aplicación del distrito único incrementó la segregación escolar por motivos socioeconómicos y solo ha beneficiado la patronal de la concertada que también defiende este modelo", asegura STEPV en un comunicado.
Añade que eliminar los distritos escolares de las poblaciones para pasar a un distrito único "significa que se facilita la matrícula en un centro a cualquier alumno de cualquier lugar de la localidad, lo que históricamente favorece a los centros concertados puesto que son las familias con más recursos quienes se aprovechan de esta medida para matricular sus hijos e hijas en centros concertados lejos de su lugar de residencia".
Por lo tanto, concluye, "se está regulando una nueva normativa para atender unos intereses minoritarios y particulares en contra del interés colectivo y, en contra de principios superiores como son la equidad y la lucha contra la segregación escolar". "Esta es la falsa libertad de elección de centro, que solo es exclusiva para una parte de la población", reprochan.
Además, STEPV critica que se ha añadido una propuesta para poder "saltar la reserva inicial de plazas de compensación educativa en determinados centros con el argumento de la libertad de elección de centro por parte de las familias, hecho que impedirá una matriculación equitativa del alumnado tal como marca la LOE y la normativa autonómica de inclusión". Por eso, STEPV ha pedido la retirada de la regulación del distrito único del decreto.
Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha expuesto su petición de que el distrito único no se traduzca en la eliminación "de ningún grupo ni línea ni plaza docente".
CSIF ha alertado de que "el hecho de que algunos centros pierdan matriculaciones y sufran un descenso de alumnado puede suponer una pérdida de grupos o líneas y, por consiguiente, de plazas docentes". Por ello, ha exigido a la Conselleria "un compromiso para garantizar que esa situación no se producirá y que se mantendrá la calidad educativa
asegurando para el próximo curso todos los grupos y líneas existentes en los centros educativos".
La central sindical considera "fundamental" este factor para "garantizar la calidad educativa y la igualdad de oportunidades del alumnado".
Por su parte, ANPE reclama al departamento que dirige José Antonio Rovira "un procedimiento de admisión equilibrado, sin discriminaciones y priorizando la educación pública".
Para este sindicato, "con independencia del modelo de admisión que se establezca, debe primar ante todas las cosas, y así debe de quedar garantizado en este nuevo decreto, la distribución equilibrada del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo entre todos los centros sostenidos con fondos públicos, la no discriminación por cualquier causa, la garantización de recursos para la educación pública y la reducción de la burocracia que conlleva el procedimiento para los centros".
Así pues, un "aspecto crítico que debería abordar el nuevo Decreto es que el procedimiento garantice una distribución equitativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo", sostiene.
"Esta equidad, -prosiguen- junto a la asignación de recursos y apoyos necesarios, es esencial para proporcionar una educación inclusiva que atienda las diversas necesidades de los estudiantes, evitando concentraciones excesivas de este tipo de alumnado en ciertos centros públicos y garantizando un acceso justo a los recursos necesarios, dando solución a la problemática actual".
De igual modo, ANPE ha invitado a la administración a afrontar este nuevo decreto "con valentía para que se otorgue prioridad absoluta al funcionamiento de las unidades de los centros públicos".
