En rueda de prensa, un día después de completarse la publicación de adjudicaciones, Rovira ha achacado los errores a que sus predecesores en el gobierno del Botànic no habían ni testado ni actualizado el programa para llevar a cabo el "extraordinario" proceso de este año, que incorporaba la estabilización de plantillas y la integración de técnicos de FP en Secundaria.
Por tanto, ha defendido que "era imposible" resolver las adjudicaciones a principios de agosto, como es habitual, ha asegurado que se hubieran retrasado con o sin cambio de gobierno --"a lo mejor no pensaban ganar en ningún caso", ha ironizado-- y ha avanzado que este curso priorizará la actualización del programa para evitar nuevos retrasos.
"Desde 2020 les advirtieron que el programa estaba obsoleto, no les hicieron caso y nos hemos encontrado con este marrón", ha manifestado en la sede de Conselleria, acompañado por el secretario autonómico de Educación, Daniel MacEvoy, y la directora general de Personal Docente, Sonia Sancho.
Actualmente, Rovira ha defendido que el proceso está "bastante estabilizado" y ha descartado que pueda haber un alto volumen de reclamaciones --que actualmente ha cifrado en unas 400 frente a las casi 300 del año pasado--, además de descartar que se pueda resarcir a estos docentes. Según ha apuntado, la mayoría de las reclamaciones del proceso actual son de técnicos de FP por la novedad de su integración en Secundaria.
Por otro lado, ha anunciado que pondrán en conocimiento de la Abogacía de la Generalitat el "abandono" de su puesto de trabajo de siete responsables de Conselleria, como los tres directores territoriales, directamente relacionados con la adjudicación de vacantes "justo cuando se inicia el procedimiento", tanto si fueron ceses a petición propia como cambios de destino.
"No me parece justo ni adecuado que hayan primado sus intereses personales, políticos o vacacionales incluso y que se hayan ido a casa dejando el proceso empantanado", ha aseverado, por lo que Abogacía deberá determinar "si puede ser motivo de expediente".
Acusa a Tamarit de cesar cargos antes del cambio de carteras
De acuerdo a su relato, antes de que él tomara posesión el 19 de julio, la exconsellera Raquel Tamarit (Compromís) "dejó preparados los ceses" a petición propia de siete responsables en el proceso de adjudicaciones, entre el total de 27 cargos cesados en su departamento tras el cambio de gobierno.
Este es uno de los motivos que, según él, provocó los retrasos, a lo que ha sumado que los datos de las plantillas se volcaron en el sistema el mismo día que tomó posesión, tras lo que "el 31 de julio llegaron las notas de las oposiciones en curso". "Es difícil que hubiéramos podido iniciar cualquier proceso antes del 1 de agosto", ha señalado.
También ha explicado que el programa no estaba "en absoluto" preparado para la integración de técnicos de FP en Secundaria y que el 1 de agosto recibieron el listado del Ministerio de Educación sobre la estabilización de interinos, a través de "un Excel del que los informáticos se tiraban de los pelos porque tenía muchos errores".
En este contexto, Rovira ha expuesto que no fue hasta el 2 de agosto cuando se inició el proceso de adjudicaciones, en un año que no ve "normal" por el alto nivel de participantes --8.845, "cinco veces más" que en 2022--.
Y todo ello, ha insistido, contando con un programa que no se ha actualizado desde que se creó, cuando él era director general hace 15 años, y del que la dirección general de Tecnologías de la Información --dependiente de Hacienda-- ya avisó por carta en 2020 a los anteriores responsables de Educación sobre su obsolescencia.
Desmarca el cese de 200 docentes de los retrasos
Por otro lado, Rovira ha descartado la afirmación del exsecretario autonómico Miquel Soler (PSPV) de que el cese de unos 200 docentes cuando se incorporó su equipo ha tenido que ver con los retrasos: "Me parecía una barbaridad que 200 señores y pico en vez de estar dando clase estuvieran haciendo otras funciones".
Ha deslizado que desconoce si eran "enchufados", ha remarcado que "alguno se ha ido voluntariamente" y ha advertido que "es grave" y se estudiará si es necesario tomar medidas legales.
En general, el conseller ha puesto en valor la colaboración de los sindicatos docentes durante el proceso y el trabajo de los funcionarios incluso en días festivos. La directora general de Personal, por su parte, ha rechazado que se ausentara de su cargo como denunció la oposición.