Vicent Marzà, conseller de Educación. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La Conselleria de Educación liderada por Vicent Marzà, miembro destacado de Compromís, ha remitido a la Fiscalía, Agencia Antifraude e Inspección de Trabajo las conclusiones de los planes de control realizados a las empresas de Juan y Enrique Adell Bover respecto las subvenciones por la promoción del valenciano en 2016 y 2017.
En los mencionados informes, el área de Promoción Lingüística detecta diversas irregularidades en la comprobación de las ayudas concedidas a las empresas Canal Maestrat y Kriol Produccions, ambas pertenecientes a la familia Adell Bover, por lo que insta, entre otras actuaciones, a iniciar un expediente de reintegro de las subvenciones que asciende a unos 200.000 euros.
Tal y como informó Valencia Plaza, este jueves declaró ante la Fiscalía en la Ciudad de la Justicia de València María Inés Aular, esposa de Enrique Adell Bover -aunque separados desde hace dos años- y extrabajadora de Canal Maestrat, quien había denunciado irregularidades presuntamente cometidas por las dos empresas. Acudió a declarar con unos 600 folios de documentación en un pendrive que contenía, según señaló, "numerosas pruebas" de que su marido y otros socios "integraban una red dedicada a la obtención de subvenciones mediante falsedades". Entre ellos, la denunciante incluyó al empresario de la comunicación, Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, a quien calificó como "socio en la sombra" de las empresas de su esposo.
Se trata de una denuncia paralela a la que interpuso el PPCV contra Francis Puig, también sobre las subvenciones al fomento del valenciano, por la que ha sido a llamado a declarar el 10 de diciembre como investigado -antes imputado- el hermano del presidente y el director de Política Lingüística, Rubén Trenzano, de Compromís, responsable de la concesión de estas ayudas.
Una situación ante la que ha reaccionado la Conselleria de Educación, que el pasado mes de mayo recibió a la denunciante en València, quien le transmitió la misma denuncia y los mismos documentos que ha entregado a la Fiscalía. La atendió Vicente Tortosa, entonces responsable de las líneas de ayuda al valenciano de la Dirección General de Política Lingüística y hoy concejal independiente de Compromís en Novetlé.
La Conselleria abrió sendos planes de control exhaustivo a las subvenciones de estas empresas. Cabe recordar que la Ley de Subvenciones señala que la comprobación de las ayudas puede estar sujeta -es lo habitual por una cuestión de volumen- a muestras aleatorias por lo que resulta posible que se concedan subvenciones concretas que sean aprobadas sin que pasen un control exhaustivo de la Administración.
A tenor de los controles ahora realizados por el departamento de Marzà, las subvenciones a Canal Maestrat y Kriol Produccions no habían sido sometidas a examen anteriormente, ya que en los ejercicios analizados de 2016 y 2017 se detectan ayudas no justificadas o mal justificadas por valor de 177.573 euros en el caso de Canal Maestrat y de 22.609 en el caso de Kriol Produccions, por lo que se exige el total de su devolución por parte de la Conselleria.
Pasando al detalle, se exige el retorno de 63.468 euros concedidos a Canal Maestrat en la modalidad de radio (para tres canales en total) por las ayudas recibidas en 2016. Entre los hechos que destaca el informe que podrían considerarse irregulares, se encuentran varias facturas eléctricas y de gas que no se corresponden con la sede social de la compañía, así como una decena de facturas realizadas por la empresa Nova C.B. que coincide con la sede social de Canal Maestrat. Por otro lado, la empresa declara no disponer de "ninguna copia legal" de las programaciones de Ser Maestrat 106.2, 40P Maestrat 98.2 ni de Ràdio la Vall d'Uixó debido a que el sistema "los borra automáticamente transcurridos seis meses por imperativo legal".
Por todo ello, el informe subraya que la justificación es "defectuosa o insuficiente" sobre "lo declarado en la cuenta justificativa" y los programas son "inexistentes", lo cual "hace imposible la ejecución del plan de control y la verificación de la finalidad para la que debían aplicarse los fondos recibidos".
Respecto a 2017, el montante total a devolver se sitúa en 106.372 euros de las tres radios mencionadas a lo que cabría sumar 7.731 euros en concepto de prensa digital. Entre los hechos que se citan en el documento de control, se señala que en todas las emisoras así como en la versión digital de una de ellas se acreditan gastos en concepto de Seguridad Social mediante un recibo de liquidación de cotizaciones donde aparecen cinco trabajadores pero no se especifica quiénes son ni qué gasto corresponde a cada uno de ellos. Además, también se incluyen también observaciones de facturas de Iberdrola, que en este caso están prorrateadas al 50% para tres medios de comunicación, lo cual arroja un total de un 150%, cuando el máximo subvencionable es, lógicamente, un 100%.
Por otro lado, también se repite el caso de 2016 respecto a los programas: tampoco existe ninguna copia por lo que resulta "imposible" la ejecución del plan de control y la "verificación" de la finalidad de los fondos recibidos.
En cuanto a Kriol Produccions, la subvención a devolver por el proyecto Telescola asciende a 22.609 euros. El informe apunta a más de 12.000 euros en facturas con fechas no coincidentes entre la cuenta justificativa y la aportada al plan de control. Por otro lado, los cinco capítulos aportados no exceden en ningún caso los 27 minutos cuando, según el la oferta presentada y subvencionada, la duración de cada uno iba a ser de 55 minutos.
Por otro lado, el plan de control menciona que la empresa aporta 22 nóminas por valor de 12.543 euros, si bien refleja la queja de una trabajadora -la denunciante- que asegura no haber trabajado allí ni haber sido receptora.
El documento, remitido a la Fiscalía, Inspección de Trabajo y Agencia Antifraude, expone en sus propuestas de actuación, además de solicitar el reintegro de las subvenciones, que en la Conselleria todos los expedientes donde tengan la condición de interesada las empresas Kriol y Canal Maestrat sean considerados "expedientes de riesgo".
