Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. El caso de las subvenciones en el que está imputado un hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, dio otra vuelta de tuerca este jueves con la declaración ante la Fiscalía de una denunciante que fue trabajadora de la empresa de comunicación Canal Maestrat. Esta firma es propiedad de los hermanos Juan y Enrique Adell Bover -Enrique es esposo de la denunciante, aunque están separados desde hace dos años-, muy vinculados en sus negocios a Francis Puig hasta el punto de que la denunciante asegura en la declaración que el hermano del presidente es "socio en la sombra de las empresas de su marido".
La denunciante, María Inés Aular -que nada tiene que ver con el PPCV, que a su vez ha denunciado a Francis Puig por fraude de subvenciones- compareció durante dos horas en la Ciudad de la Justicia de València para ratificar una denuncia que realizó hace meses, con un pendrive en el que aseguro tener numerosas pruebas de los hechos que relata, una documentación que ocupa alrededor de 600 folios.
Tras hacer entrega del pendrive, declaró que las empresas de los hermanos Adell Bover "integraban un red dedicada a la obtención de subvenciones mediante falsedades, que las obtienen de todas las consellerias posibles, que a veces creaban asociaciones que no existían únicamente para obtener la subvención". Las empresas a las que se refería eran Kriol Produccions, Canal Maestrat "y otras más de Vinaroz, Castellón y Morella". Según su relato ante el fiscal, en fiestas que celebraba la empresa "ya se oía que cuando Ximo Puig ganase las elecciones se iban a forrar".
En la denuncia, a la que ha tenido acceso Valencia Plaza, la testigo dice que "Francis Puig sabía que lo más importante para obtener subvenciones era el fomento del valenciano, y que para obtenerlas bastaba con presentar un proyecto, cumplir con las bases que podían falsearse, que tienen que ser siempre inferiores a 60.000 euros porque si la cantidad es superior hay obligación desde el principio de presentar toda la documentación".
Se refería a las mismas subvenciones que ha denunciado el PPCV y que actualmente se encuentran bajo investigación en el Juzgado de Instrucción número 4 de València en el conocido como caso Mas Mut. En referencia a algunas de estas subvenciones, contó que "estaban subvencionados programas de radio que se hacían en castellano, y otros que decían que eran en valenciano, pero que no se hicieron".
En la declaración, la denunciante habla sobre todo de la empresa Kriol Produccions, de la que dice que en el año 2015 recibió subvenciones por más de 100.000 euros y que en 2016 superó los 60.000. Y al respecto dijo haber escuchado que si se presentaban con el hermano del presidente Puig, "no les iban a poner ningún problema".
Respecto a Canal Maestrat, explica que gestiona las emisoras locales de la Cadena Ser en Vinaroz y la Vall d'Uixó y la de "los 40 Principales" en Vinaroz. Como ejemplo de las presuntas irregularidades, asegura que 40 Principales se emitía desde el año 2017 desde Madrid "y, por supuesto, no era en valenciano, y le dieron más de 15.000 euros por supuestamente hacerlo en valenciano". Añade que, a este respecto, ella escuchó a Enrique Adell decirle a uno de los locutores que "grabase alguna cuña en valenciano" para poder justificar el cobro de la subvención. Para demostrar este extremo, la denunciante entregó a la Fiscalía un pendrive con los programas donde, supuestamente, se puede contrastar que toda la programación de esta cadena se emitía en castellano pese a haber obtenido una subvención de fomento del valenciano.
María Inés Aular asegura que el pasado 30 de mayo de 2019 puso estos hechos en conocimiento de la Conselleria de Educación y entregó un pendrive con el mismo contenido que el entregado este jueves en la Fiscalía. Allí la atendió Vicente Tortosa, entonces responsable de las líneas de ayuda al valenciano de la Dirección General de Política Lingüística y hoy concejal independiente de Compromís en Novetlé, con quien ya había hablado un año antes por teléfono "y le había dicho todo". La denunciante cree que la Conselleria está investigándolo porque "su marido no deja de enviarle wasaps (sic), que ya aportó en su denuncia a la Fiscalía, en los que él le echa la culpa y le dice que va a arruinar a sus hijos".
El departamento de Política Lingüística que dirige Rubén Trenzano no ha convocado este año las ayudas al valenciano, hecho que se produce después de que este alto cargo haya sido citado como imputado en el caso Mas Mut por las ayudas dadas a las empresas de Francis Puig, también investigado.
Entre los hechos presuntamente irregulares narrados en la denuncia, se encuentra un punto ya denunciado por el PPCV respecto a las empresas de Francis Puig, la duplicación de facturas. En este caso con un agravante, la presunta falsificación documental.
Afirma que su suegra, la madre de los Adell, quiso que firmara nueve nóminas de Kriol, una empresa en la que ella "nunca había trabajado" y que la mujer le dijo que "era para justificar una subvención que le habían dado". Según lo declarado, la subvención era del proyecto Telescola. Se negó a firmarlas.
Aseveró que las nóminas eran como auxiliar administrativa y que ella era periodista, pero que además eran para una empresa en la cual nunca había trabajado. No obstante, asegura que le ingresaron 4.500 euros en la cuenta conjunta con su marido, y que éste sacó el dinero de dicha cuenta, pero que ella tuvo que pagar a Hacienda la parte proporcional de impuestos.
Otro de los temas peliagudos incluidos en la denuncia es el referido a los socios de las empresas. Según la denunciante, las esposas eran socias de las empresas que fundaban los Adell Bover, pero "cada vez que creaban una empresa, a los dos días les hacían firmar a las mujeres de los socios para renunciasen. Excepto en Kriol, donde sigue siendo socia porque, según cree, "se les pasó". Sobre este punto, declaró al fiscal que "esto pasa porque Francis Puig, hermano del presidente y socio en la sombra de las empresas de su marido, sobre todo desde que ganó las elecciones (Ximo Puig) no quería que estuvieran las esposas en las empresas".
Entre la documentación aportada, asegura que hay cruce de facturas entre las empresas de los Adell y de Francis Puig, como nóminas presentadas por Kriol para justificar subvenciones que pertenecen a trabajadores de las empresas de Puig o a ella misma, que nunca trabajó en Kriol. O pagos de las empresas de Puig "por gastos como soporte técnico, alquiler de una unidad móvil, producciones audiovisuales y otros para el proyecto Telescola, subvencionado con 22.000 y pico euros y que nunca existió".
La relación entre los Adell Bover y Francis Puig -cuyas empresas son Mas Mut Produccions y Comunicacions del Ports- es conocida y reconocida por ellos, aunque insisten en que es una relación meramente comercial entre dos grupos que se dedican al negocio audiovisual en Castellón. Ambos grupos están siendo investigados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a raíz de una denuncia de la televisión autonómica valenciana que detectó un presunto pacto de precios entre ambos en un concurso público. La mesa de contratación de À Punt detectó el posible pacto de precios para repartirse el contrato y paralizó el proceso al tiempo que pedía explicaciones a las empresas. La empresa de Francis Puig renunció entonces a presentarse.
Dada la conexión entre ambos casos, aunque provengan de denuncias diferentes, fuentes del Ministerio Público consultadas por este periódico ven muy probable que la declaración y todo lo entregado este jueves por la denunciante se remitirá al juzgado que investiga al hermano del presidente Puig.
