VALENCIA (EP). La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte propone que para aplicar la jornada continua en un centro sea necesario obtener, al menos, el 55 por ciento de votos favorables de la totalidad del censo de madres y padres, así como un informe favorable del ayuntamiento, previa consulta al Consejo Escolar Municipal, entre otros requisitos.
Así figura en el borrador de la orden por la cual se regulan las condiciones y el procedimiento de solicitud y de autorización de un plan específico de organización de la jornada escolar en los centros sostenidos con fondos públicos de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial de la Comunitat. El documento será estudiado en la Mesa Sectorial del próximo 10 de marzo.
El borrador, consultado por Europa Press, recuerda que este año es el tercer curso escolar de experimentación de los nueve centros escolares que determinó la primera resolución --aprobada por el anterior equipo de la Conselleria-- para regular la jornada continua y el segundo curso para el resto de los centros autorizados.
Considerando el tiempo transcurrido, prosigue, se ha procedido a investigar la incidencia de esta planificación horaria en los centros donde se ha efectuado la experimentación y una revisión de otras experiencias en España y otros países "con la intención de ofrecer en los centros una alternativa a la organización única posible hasta el momento actual pero con garantías suficientes que permiten lograr los objetivos educativos previstos con la escolarización", argumentan desde el departamento de Campanar.
La propuesta de la administración pasa por que el plan específico de organización de la jornada escolar tenga una vigencia de tres años y que la administración pueda anular la autorización a un centro en el caso de incumplimiento.
Para la aprobación de dicho plan, se necesitará el informe favorable del ayuntamiento de cada municipio donde se ubica el centro, previa consulta al Consejo Escolar Municipal; la aprobación por dos tercios de los miembros del claustro, convocado en sesión extraordinaria; la aprobación por dos tercios de los miembros del Consejo Escolar convocado, también, en una sesión extraordinaria; y la obtención de un mínimo del 55 por ciento de votos favorables de la totalidad del censo de madres y padres.
El procedimiento de solicitud será iniciado por el consejo escolar del centro. El director pedirá al ayuntamiento el correspondiente informe --favorable o no-- y este, por su parte, lo dictará tras consultar al consejo escolar del municipio. Una vez aprobado el plan por el claustro y el consejo escolar, se remitirá a la Dirección Territorial de Educación.
Después de examinar a documentación, la Dirección de Política Educativa emitirá una autorización provisional condicionada a la consulta de las familias, que serán informadas y se pronunciarán sobre el cambio de horario. El voto será directo, secreto y no delegable y se efectuará a través de la papeleta. También se podrá participar por correo certificado o entregándolo a la dirección del centro antes del escrutinio. Las familias monoparentales o aquellas en las que solo haya un tutor contarán con dos votos. Todo el proceso de autorización tendrá que tener lugar en el mismo curso académico.
En todo caso, en estos planes de jornada escolar las actividades extraescolares de carácter voluntario serán de oferta obligada para el centro y voluntarias y gratuitas para las familias. La propuesta de Educación que las acciones del proyecto pedagógico deberán ser "inclusivas, contribuirán a la normalización lingüística del valenciano y atenderán a la diversidad e igualdad de género".
Además, se garantizará que durante la apertura de las instalaciones escolares, desde las 9 a les 17 horas, mientras se efectúan actividades no lectivas, habrá presencia, al menos, de un miembro del claustro y de un integrante del equipo directivo, así como la continuidad de los servicios de comedor y transporte escolar.
El borrador establece que los centros experimentales en los que ya se aplicaba la jornada continua tendrán que concurrir a la nueva convocatoria en igualdad de condiciones que el resto. Recuerda que los centros privados establecen la jornada con la autonomía que les otorga la ley y, respecto a los concertados, se señala que los planes específicos no pueden suponer variaciones en la financiación.
Tras un primer análisis y a falta de una lectura en profundidad, desde el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) han valorado que se regule un tema "tan serio" aunque han expresado dudas respecto a dos cuestiones: el período de vigencia de tres años del plan y, sobre todo, que el porcentaje de voto favorable de las familias se establezca con respecto al censo total porque "puede crear disfunciones".
Esta entidad ha remitido a centros y afiliados el documento para que de aquí al jueves puedan realizar aportaciones. "Lo importante es que sea la comunidad educativa" la que se pronuncie y decida sobre su modelo de jornada, ha remarcado el portavoz de STEPV, Marc Candela, a Europa Press.
Por su parte, ANPE CV ha mostrado, en un comunicado, su "total rechazo" a algunos puntos que indica el borrador porque "parecen especialmente diseñados a obstaculizar la implantación de la jornada continua". En este sentido, el sindicato alude la exigencia de que se oferten actividades extraescolares totalmente gratuitas para las familias, "cuando en la actualidad, no se exige en horario de jornada partida", o que "la atención en horario no lectivo deba estar garantizada a través de la actuación cooperativa y coordinada del claustro de profesores y del ayuntamiento del municipio".
También critican que se pida a la dirección del centro que garantice la presencia de miembros del claustro de profesores y de un miembro del equipo directivo durante las actividades no lectivas, ya que, a su parecer, "todos estos puntos constituyen un claro abuso sobre el horario de permanencia en el centro de los docentes, obligándoles además a trabajar más horas sin percibir ninguna remuneración a cambio".
Tampoco comparte ANPE que se exija el mínimo del 55% de votos favorables de la totalidad del censo de madres y padres, "cuando la administración sabe que hay centros que no lograrán una participación suficiente debido a las condiciones sociales, económicas y culturales de sus familias" o que se pida un informe del ayuntamiento, que califican como "claro ataque a la libre autonomía de los centros".
En resumen, reprochan un "claro intervencionismo de esta normativa" y exige "una rectificación de esta actitud poco democrática".