Las plusvalías recurridas al Ayuntamiento equivalen a 3,2 millones de euros

VALÈNCIA. La polémica por la plusvalía municipal llegó este jueves al pleno del Ayuntamiento. Durante la sesión se aprobado instar al Gobierno del Estado a que solucione, mediante la aprobación de las medidas pertinentes, la problemática planteada por la resolución del Tribunal Constitucional en el caso de que la sentencia relativa al Impuesto sobre el Incremento de Valores de los Terrenos Urbanos de Naturaleza Urbana (conocido como Impuesto de Plusvalías), que afecta al territorio foral de Guipúzcoa, se extienda al resto del Estado Español.

El 16 de febrero pasado, el Tribunal Constitucional resolvió la cuestión de inconstitucionalidad promovida por un juez de lo contencioso de Guipúzcoa sobre determinados preceptos de la Norma Foral que regula el impuesto. Dado que se trata de preceptos idénticos a los recogidos en la Ley de Haciendas Locales y en la Ordenanza Reguladora de nuestra ciudad, “la resolución pone de manifiesto la posible inadecuada regulación del impuesto, que –explicó Ramón Vilar— ha obligado a realizar frente a pagos a numerosos contribuyentes que pudieran no haber obtenido ningún beneficio/plusvalía en la transmisión de inmuebles en nuestra localidad”.

Por ello, ha añadido el concejal de Hacienda, es necesario que el Ayuntamiento prevea medidas dirigidas a que se pueda exigir el tributo con arreglo a la constitucionalidad de la totalidad del articulado del impuesto, y reparar a quienes hayan hecho frente al gravamen, cuando no tenían obligación.

En ese sentido, según información del consistorio, en el Ayuntamiento desde 2011, año en el que se empezó a plantear esta posibilidad, se han tramitado 170 expedientes. Están incluidos tantas rectificaciones de autoliquidaciones, solicitudes de no sujeción, devolución de ingresos, recursos de reposición contra liquidaciones y reclamaciones económico-administrativas. Afectan, según la información del consistorio a 701 liquidaciones y por importe total de 3,2 millones de euros.

Más medios para Hacienda

El Pleno ha aprobado también que se dispongan los medios materiales y humanos necesarios para dotar de la adecuada infraestructura a la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Valencia “con el fin de poder dar debido cumplimiento a las consecuencias que pudieran derivarse” de la resolución del Constitucional.

La moción del concejal de Hacienda se ha planteado como alternativa a la propuesta que había realizado inicialmente el Grupo Ciudadanos, que ya incluía la referencia al incremento de medios en la Concejalía, entre otros aspectos como la modificación de la Ordenanza Reguladora del impuesto.

Además de la moción alternativa del concejal de Hacienda, también el Grupo Popular ha planteado en una enmienda transaccional para que se rebaje el tipo de gravamen del impuesto al 5% y que se aplique una bonificación en los casos de herencia del 95%, “dado que la sentencia todavía no afecta al Ayuntamiento y aún no se puede saber cómo quedarán determinados aspectos (la retroactividad, por ejemplo)”, en palabras de Eusebio Monzó.

Vilar ha rechazado la propuesta del PP “que no viene a cuento con lo que se está tratando, y que parece que se les acaba de ocurrir”, mientras que el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, ha mostrado su acuerdo con la iniciativa “pero no como alternativa al tema de las plusvalías”, sino para poder aprobarla en otra sesión plenaria.

El concejal de Hacienda ha defendido su propuesta y ha asegurado que “ningún ciudadano que tenga derecho a cobrar un dinero que ha pagado irregularmente por esta causa se va a quedar sin cobrarlo. Pero –ha añadido- tampoco las entidades locales van a dejar de cobrarlo”.

La propuesta planteada por Ramón Vilar, y aprobada finalmente con los votos del Gobierno Local, incluye también que se establezca “la correspondiente compensación por parte del Estado, de los efectos que sobre las arcas municipales puedan prever las sentencias del Tribunal Constitucional, con la finalidad de cumplir el principio constitucional de la estabilidad presupuestaria atendiendo a la Responsabilidad del Legislador.