El 43% de colegios concertados no cumple los requisitos mínimos en cuanto a instalaciones

VALÈNCIA. (EP). El 43% de los centros privados concertados (un total de 38) de la ciudad de València "no cumple con los requisitos mínimos que la legislación vigente establece" en cuanto a instalaciones, frente al 2% de los centros públicos (3) en la misma situación.

Además, casi el 88% de los centros concertados (un total de 78) cuenta con instalaciones "insuficientes" para el servicio escolar que desarrollan y cuentan con un número de unidades mayor del recomendable para sus instalaciones, estando la mayoría "saturados", de acuerdo con las recomendaciones establecidas por la administración educativa valenciana. En el caso de los centros públicos suman 65 centros, el 52%.

Así se refleja en el informe 'Mapa escolar de la ciudad de València: procesos de elección de centro y segregación escolar', consultado por Europa Press, y elaborado por la Universitat de València, a raíz de un convenio con el Ayuntamiento de la ciudad, que ha sido presentado este jueves en La Nau.

El estudio señala que de los 216 centros escolares de la ciudad, el 60% son públicos y el 40% concertados pero estos últimos concentran el 60% de las plazas.

Destaca también la existencia de "mecanismos de selección económica" por parte de centros concertados a pesar de la supuesta gratuidad de los centros, mediante el pago por las familias de diversos conceptos más o menos inevitables (uniformes o actividades que realiza todo el alumnado) o bastante generalizados; o se encarecen servicios básicos como el comedor.

'Guetos'

Asimismo, advierte de una "alarmante" segregación del alumnado, que hace que las familias de más alto nivel económico y cultural se concentren en determinados colegios, principalmente concertados, y sobre todo religiosos, que "siguen manteniendo privilegios pese a estar sostenidos con dinero público", ha explicado el profesor de Sociología en la UV, José Manuel Rodríguez, coordinador del informe.

Mientras, los alumnos de rentas más bajas se concentran en centros públicos, aunque también reproducen procesos de segregación, y en determinados centros falta "heterogeneidad" creando 'guetos' ya sea de rentas altas o bajas, sin diversidad.

También se observa segregación vinculada al origen y a la etnia y "constata con horror que la segregación de las familias de origen gitano en determinados colegios se sigue produciendo de un modo alarmante para estar en 2019", ha lamentado Rodríguez.

Según el experto, hay distritos escolares como Pla del Real que tienen alta concentración de población con mejores recursos económicos y culturales y otros vinculados a zona del puerto o Nazaret donde se distribuyen escolares de familias con rentas más bajas.

De hecho, el informe señala que en la Comunitat Valenciana habría que cambiar al 22% del alumnado para más vulnerable d e unos centros a otros para eliminar la segregación, cuyo índice se sitúa en un 0,22. En España, el índice alcanzan el 0,31, lo que la sitúa en sexto lugar entre los países de la Unión Europea más segregados.

El estudio constata a su vez "prácticas irregulares" en los procesos de matriculación en el uso de la renta para la obtención de puntos, por lo que insta a establecer mecanismos de control más "rigurosos". Según Rodríguez, "todo el mundo lo sabía pero ahora lo sabemos con datos y podemos decir en qué lugares se producen prácticas más irregulares y eso es lo que va a permitir actuar para transformar la realidad educativa" por una "mayor inclusión social, mayor relación de la diversidad y equidad educativa".

En este sentido, la profesora Sandra García (UV), una de las redactoras del informe, ha señalado se produce una "sorprendente" concentración de alumnos con renta baja en centros privados concertado, así como asignaciones "dudosas" por domicilios.

En la misma línea, el profesor Daniel Gabaldón (UV), también participante en el estudio, ha señalado que el criterio de renta "no discrimina" adecuadamente, ya sea porque se obtienen puntos sin tener una renta realmente baja -cuando se podría hacer por tramos- o porque la declaración que se presenta no tiene "veracidad", una cuestión que considera "un problema muy grave" que afecta Hacienda.

Por su parte, el profesor Borja de Madaria (UV) ha puesto el foco en el criterio de proximidad para aprobar porque se tenga en cuenta la "distancia real" del alumno al centro en lugar de la actual división por distritos, que a veces deja a escolares en la frontera para obtener los puntos de proximidad.