VALÈNCIA. (EP). El abogado del expresidente de la ANC Jordi Sànchez y del exconsejero catalán Josep Rull ha pedido a los magistrados del Tribunal Supremo que han comenzado este martes a juzgar el 'procés' independentista en Cataluña que "hagan de jueces" y "no de salvadores de la patria".
Así lo ha dicho el letrado Jordi Pina durante su primera intervención en la vista oral, en la que ha expuesto las cuestiones previas, dirigidas a denunciar las posibles vulneraciones de derechos fundamentales antes de dar comienzo al juicio en sí con los interrogatorios de los procesados. El letrado ha comenzado este alegato dudando de la imparcialidad de los magistrados del Supremo, desde el presidente de la Sala de lo Penal y del tribunal, Manuel Marchena, hasta el juez instructor de la causa, Pablo Llarena.
Pina ha hecho mención a una carta publicada en un medio de comunicación, que fue enviada por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, al juez de Barcelona (fallecido), que inició la investigación de los preparativos del referéndum ilegal, Juan Antonio Ramírez-Sunyer. En ella, el máximo representante del Poder Judicial aseguraba que el magistrado era un "héroe nacional" porque había "cambiado el rumbo" de España.
"Son magistrados, no héroes nacionales", ha recordado el abogado, ironizando que esta afirmación hace pensar que los magistrados del alto tribunal están para "mantener la unidad de España". "Hagan de jueces, no de salvadores de la patria", ha pedido.
Para el abogado de Sànchez --para el que Fiscalía pide 17 años de prisión por rebelión-- y Rull --que se enfrenta a 16 años de cárcel por el mismo delito-- la muestra de que el juez instructor Pablo Llarena no ha sido imparcial es que en dos de sus autos se expresó en primera persona del plural. Sobre Marchena, ha recordado la polémica generada por el 'whatsapp' del senador Ignacio Cosidó en el que se jactaba de que si este magistrado era elegido como presidente del Consejo General del Poder Judicial podría controlar la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo "desde detrás".
Asimismo, ha resaltado que cuatro de los siete miembros del tribunal que juzga a los 12 líderes independentistas están "contaminados", entre ellos el propio presidente, porque fueron los magistrados que admitieron a trámite la querella presentada por la Fiscalía General del Estado contra el Gobierno de Carles Puigdemont, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y cinco exmiembros de la Mesa, que inició la causa.
"Hay una apariencia de falta de imparcialidad" y "Europa nos dice que las apariencias son muy importantes", ha aseverado el abogado, haciendo alusión a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre Arnaldo Otegi en la que dictó que no había tenido un juicio justo.
Por otro lado, Pina ha solicitado al tribunal que reconsidere todas las pruebas que le han sido denegadas como la declaración como testigo del Rey Felipe VI: "Sería interesante para este proceso escuchar lo que pueda decirnos el Rey de España", ha indicado. El artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) prohíbe expresamente la comparecencia ante el tribunal del jefe del Estado.
En cuanto a otras de las declaraciones, el abogado ha lamentado que se haya denegado la comparecencia de Puigdemont debido a que está procesado en esta causa y declarado en rebeldía y, por tanto sus argumentación puede que "no sea veraz"; pero que no se haya mantenido el mismo criterio para aceptar la declaración como testigo del mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, acusado por rebelión en la Audiencia Nacional.
Tras la intervención del abogado de Jordi Sànchez y Josep Rull, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, alrededor de las 12.15 horas ha decidido hacer un receso de 30 minutos, durante el cual los nueve acusados en prisión provisional han sido trasladados en la sala habilitada para ellos.
Antes de este 'parón', Jordi Pina ha planteado la posibilidad la suspensión de la vista oral para poder analizar parte de la prueba documental que ha sido admitida y a la que aún no han tenido acceso. Según ha apostillado, si no pueden examinar dichos documentos antes de los interrogatorios de los acusados se puede incurrir en una vulneración del derecho de defensa.
Considera que otra vulneración es que sus clientes no puedan declarar en catalán. Por ello, ha vuelto a solicitar la posibilidad de que las declaraciones se traduzcan de forma simultánea -- "no es lo mismo si tenemos que estar cada pocos minutos parando", ha añadido para descartar la posibilidad de que la traducción sea consecutiva-- porque, al igual que en su caso, les "cuesta" expresarse en castellano.
Ana Bernaola, en representación del exconsejero Turull, ha sido la primera en comparecer tras el receso y se ha adherido a todas las manifestaciones anteriores realizadas por su compañero Pina y ha interesado también la suspensión del juicio hasta que no esté a su disposición toda la prueba documental.
Se ha quejado también esta letrada de que la "nube virtual" mediante la cual los abogados tienen acceso al sumario presentaba varios fallos, como la existencia de carpetas vacías y parte del sumario al que no han podido acceder, y que los problemas técnicos persisten a día de hoy. Todo ello ha producido una vulneración del derecho de defensa.
Igualmente ha considerado "insólito" que no se haya permitido el acceso a esta defensa a documentos que contenían información sobre lesiones sufrida por policías y guardias civiles que participaron en el 1-O. Es esencial para esta parte recordar que las acusaciones formuladas se sustentan exclusivamente en los atestados policiales procedentes del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la organización del 1-O, a las que se han ido incorporando aleatoriamente resoluciones de dicho órgano.
Por último, ha alegado vulneración del derechos fundamentales en relación a lo señalado hace unos días por la secretaria de Estado responsable de la campaña España Globarl, Irene Lozano, quien en una entrevista a la BBC el pasado 21 de diciembre afirmó que el juicio del 'procés' es un reto "para el sistema judicial español" porque "el hecho de que haya líderes políticos que hayan cometido delitos penales que estén siendo juzgados no es algo que ocurra habitualmente". Según esta parte, estas expresiones suponen una vulneración a la presunción de inocencia de sus clientes.
Una vez que Bernaola ha finalizado su exposición, el tribunal ha hecho otro receso de hora y media para comer. La vista se reanudará a las 16.00 horas, cuando comenzarán a intervenir las defensas de Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila.
