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EL ivf no está por la labor de aceptar la dación en pago

El administrador concursal incluye en su informe la tasación que salvaría a Coepa

31/05/2016 - 

VALENCIA. El juez de lo Mercantil 1 de Alicante ya tiene en su poder el informe del administrador sobre el concurso de acreedores de la Confederación Empresarial de Alicante (Coepa). El documento, que detalla la relación de acreedores de la patronal y repasa sus bienes, incluye una tasación del centro de cualificación profesional de Babel encargada en el marco del concurso que le otorga una valoración sensiblemente por encima de la deuda que ha provocado la entrada en concurso de la organización.

En concreto, la tasación estima el valor del inmueble en algo más de 4,3 millones de euros. La cantidad es bastante superior a los 3 millones de euros del crédito que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) le concedió en 2006 para la segunda fase de la construcción de ese centro de formación. La imposibilidad de devolver ese préstamo y los 900.000 euros de intereses correspondientes han arrastrado a la organización a la situación de insolvencia en la que se encuentra.

La valoración de ese centro era una de las cuestiones esenciales de las que Coepa estaba pendiente habida cuenta de que prácticamente su única alternativa para superar el concurso es que el IVF acepte la dación en pago del edificio como contrapartida para librarse de la deuda.

Aunque el administrador no incluye en el informe depositado en el juzgado ninguna consideración sobre las medidas a adoptar, sí se contempla la dación en pago como una de las soluciones que daría viabilidad a la organización, según explican fuentes de la administración concursal.

El propio presidente de Coepa, Francisco Gómez, aseguró hace apenas unos días que el futuro de la patronal alicantina "pintaba bien" a la vista del resultado de la tasación. La organización ha reivindicado como solución a sus problemas la dación en pago del edificio desde antes incluso de su entrada en concurso, forzada por la solicitud de embargo del IVF contra los bienes de Coepa.

En el marco del concurso, Coepa ha planteado también un plan de viabilidad que consiste en reducir al mínimo su estructura directiva y recortar su plantilla hasta dejarla en solo tres trabajadores, así como aumentar las empresas directamente asociadas para aumentar los ingresos.

No obstante, cualquier solución en ese sentido está condicionada a que el principal acreedor, el IVF, acepte esa solución. Antes de que el administrador entregara su informe en el juzgado con la tasación que valora el edificio por encima de 4,3 millones de euros el organismo dependiente de la Conselleria de Hacienda era contrario a esa solución.

Por su parte, la organización empresarial considera que el hecho de que el administrador haya incluido esa tasación en su informe refuerza su posición en la negociación con su principal acreedor.

La evolución del concurso de acreedores de Coepa es seguida con enorme interés desde la patronal autonómica Cierval, cuyo proceso de reorganización interna está condicionado por el futuro de la patronal alicantina, y desde la confederación empresarial de Valencia (CEV). 

Posible denuncia en fiscalía

En cualquier caso, los problemas de la organización empresarial alicantina no terminan con el concurso. Tal y como publicó este periódico, la Intervención de la Generalitat está analizando si denunciar a Coepa ante la fiscalía a la vista de la información que han puesto en su conocimiento desde la Conselleria de Hacienda y la de Economía sobre el uso de facturas duplicadas para justificar créditos y subvenciones.

La cantidad bajo sospecha alcanza los 3,3 millones de euros por facturas correspondientes a las obras del centro de formación emitidas entre 2006 y 2010 que fueron presentadas al Servef y a al Dirección General de Empleo tras haber sido presentadas también ante el IVF. El asunto podría ser constitutivo de un delito de fraude en subvenciones.

En paralelo, el Servef ha iniciado un proceso de revisión de la verificación de las ayudas concedidas a la organización en los últimos años para cursos de formación que ha desembocado en un requerimiento por parte de la administración de 1,9 millones de euros por subvenciones que no habrían sido correctamente acreditadas.

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