El asesor del PP Luis Salom pide de nuevo el archivo del 'caso Taula'

VALÈNCIA. Uno de los investigados en el caso Taula, el asesor del PP de València Luis Salom, ha solicitado de nuevo el archivo de la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia y que estalló en enero de 2016 con varias detenciones. Entre sus argumentos, el que fuera asesor de la ex alcaldesa Rita Barberá esgrime una sentencia absolutoria reciente del Tribunal Supremo referente al caso Emarsa, al considerar que las razones de aquel fallo pueden trasponerse a este.

Así consta en un escrito remitido recientemente por la defensa de Salom al mencionado juzgado, en el que solicita el sobreseimiento de las actuaciones de la 'pieza A' del caso Taula, –la del llamado 'pitufeo'–, que ha sido la más mediática de la macrocausa por sus protagonistas: 50 imputados –entre ellos nueve de los diez concejales del PP de la pasada legislatura–, asesores y la ex secretaria del grupo municipal, Mari Carmen García Fuster.

De acuerdo con el juez y la Fiscalía, todos ellos habrían realizado una aportación de mil euros para la campaña electoral de 2015 que después se les habría devuelto en dos billetes de 500. En total, un supuesto blanqueo de capitales de 50.000 euros cuya investigación solicita ahora el asesor popular archivar después de que la jueza sustituta diera por finalizada la instrucción el pasado enero.

El escrito defiende el sobreseimiento con dos alegaciones principales. Por un lado, que para fundamentar el delito de blanqueo de capitales es necesario probar que los investigados conocían el origen ilícito del dinero que habrían recibido. Por otro, que el informe policial sobre los comentarios en los grupos de Whatsapp estaría sesgado "maliciosamente".

Origen ilícito del dinero y conocimiento de ello

En primer lugar, la defensa del asesor esgrime varias resoluciones de algunas causas cuyos argumentos, a su juicio, serían válidos en este caso. Por ejemplo, el fallo del Supremo que absolvía a tres condenados por blanquear dinero de las mordidas de Emarsa.

Esa sentencia, publicada por Valencia Plaza, libraba al empresario Vicente Gil y a sus hijos de la condena al no poder probar con "certeza y/o convicción absoluta" que ellos supieran que estaban cooperando en una operación de blanqueo con las cantidades que entregaban al considerado cerebro de la trama. "Esto último no consta en modo alguno. Ni de los hechos probados, ni de la prueba practicada", concluía al respecto.

La defensa de Salom lo replica en Taula: "No consta documento o declaración que apunte, ni tan siquiera indiciariamente, que los 50 investigados [...] conocían el presunto origen ilícito y delictivo del dinero que supuestamente debía blanquearse". "Únicamente por este motivo, la causa ya no puede prosperar", explica el escrito.

El fallo del caso Emarsa también sostenía que el delito de blanqueo de capitales "no es un delito de sospecha" sino que exige "prueba de la concurrencia de todos y cada uno de sus elementos típicos": entre ellos también el origen criminal del dinero. "Debe quedar claro el origen delictivo del dinero, no su mera ilicitud", explicaba el fallo.

Para trasladar aquel argumento a las circunstancias de Taula, el letrado de Salom insiste en que "no consta en ningún momento [...] que se haya podido establecer un posible origen ilícito y delictivo de los 50.000 euros, que han resultado ser ficticios", y apunta a que tres ex asesores del grupo municipal que supuestamente se negaron a participar de la operación "reconocieron desconocer cuál podía ser ese origen ilícito y delictivo".

En resumen: si no se ha probado el origen ilegal del dinero, no se puede asegurar que los investigados conocieran ese origen ilegal. Por ende, concluye el escrito en este punto, "faltan inexorablemente dos de los tres requisitos del tipo penal".

También cita los argumentos recogidos en el auto de archivo del caso de la Fórmula 1 en el que estaba investigado el ex president de la Generalitat, Francisco Camps, según los cuales es "inútil" desde el punto de vista penal perseguir un delito "si no existen razones sólidas que lo justifiquen" y cuando "el material fáctico" reunido en la investigación y la "debilidad indiciaria" impiden "todo pronóstico de eficacia en el desarrollo del proceso".

Acusa a la Guardia Civil de una interpretación "maliciosa"

La petición menciona igualmente el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analizaba los mensajes de un grupo de Whatsapp entre asesores donde, a juicio de los agentes, se evidencia "la efectiva recepción de los dos billetes de 500 euros".

La conversación, en tono jocoso, recoge frases como "Todas juntas las vamos a cobrar", "En billetes de 500 como te descuides", "No los coloco, estoy por enmarcarlos", "Sí, y poner en el cristal 'rómpase en caso de emergencia'", o "Si voy al banco dirán 'otro tonto del PP'". 

La defensa del asesor popular aportó a la investigación el acta de toda la conversación porque considera que "maliciosamente" la Guardia Civil hace una interpretación "errónea" porque "tan sólo han sido reproducidos e incluidos en las actuaciones determinados comentarios, frases o extractos de forma aislada y totalmente sesgada".