El "asunto colegios": el gran pelotazo 'all stars' del caso Azud

VALÈNCIA. El 19 de octubre de 2006, el empresario Jaime Febrer se citó con el entonces concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de València, Alfonso Grau. El único tema que había sobre la mesa en aquel de muchos encuentros: "asunto colegios". Un "asunto" de carácter urbanístico que habría reportado considerables beneficios económicos al constructor y que es, a la postre, una de las operaciones más importantes que investiga la justicia en el caso Azud de presunta corrupción.

La instructora de la macrocausa adopta en sus autos la nomenclatura "asuntos colegios" para referirse a la permuta que aprobó el consistorio, dirigido por Rita Barberá, para entregar varias parcelas a una compañía de Febrer a cambio de que esta asumiera una deuda del Ayuntamiento. Pero el intercambio se hizo adjudicando 'a dedo' los terrenos al empresario por un valor mucho menor del que realmente tenían, de manera opaca, y saltándose los procedimientos legales para evitar la concurrencia. Todo ello según los autos recogidos en la instrucción judicial.

Así pues, la magistrada califica esta operación como "paradigmática": para que llegara a buen puerto estuvieron vinculadas "la práctica totalidad de las personas investigadas" y fundamentalmente aquellas que, por su colaboración o silencio, habrían cobrado "grandes cantidades de dinero" en comisiones ilícitas. Es la operación 'all stars'. Así, habrían participado o se habrían beneficiado no solo Febrer y Grau, sino también el que fuera concejal de Urbanismo, Jorge Bellver; el cuñado de la entonces alcaldesa, José María Corbín; el otrora portavoz socialista en la oposición, Rafa Rubio; y el abogado vinculado al PSPV, José Luis Vera. Todos ellos, en definitiva, los protagonistas de la macrocausa.

En 2006 el Ayuntamiento de València tenía una deuda importante con una decena de colegios religiosos. Varios cambios urbanísticos aprobados en la remodelación del Plan General de 1988 les había perjudicado y la justicia falló que el consistorio debía indemnizarlos con unos 35 millones de euros. Una losa económica heredada por el gobierno de Barberá que el entramado presuntamente corrupto supo aprovechar: "urdió un plan", según los autos.

La operación, que estaba tutelada por Grau, era bastante sencilla: el Ayuntamiento cambió la calificación de varios suelos públicos dotacionales a un uso residencial y se los entregó a una compañía creada por el empresario Febrer para tal efecto. Esta, a cambio, asumía la deuda de 35 millones de euros que tenía que pagar el consistorio a los centros educativos privados en concepto de indemnizaciones. Una maniobra urbanística presuntamente ilegal, que contó con el impulso nada desdeñable -siempre según los autos- de uno de los funcionarios de la casa, el jefe de Asesoría Jurídica, Néstor Ramírez.

El trampantojo lingüístico

El último auto, del mes de febrero de este año, es muy contundente al señalar que Ramírez fue el encargado de "dar apariencia de legalidad al verdadero negocio orquestado" por el empresario en cuestión, a la sazón cabecilla del entramado. Así, el funcionario se acogió a una frase de la sentencia indemnizatoria a los colegios que permitía pagar en suelo "si las partes implicadas en el proceso lo acordaran así". Y Ramírez propuso separar varias parcelas para indemnizar en suelo "fruto de las negociaciones seguidas con las partes".

Claro está que el sintagma "las partes", en la práctica, se refería precisamente a la empresa de Febrer y no a las congregaciones religiosas propietarias de los colegios, que eran a las que debía indemnizar. Un trampantojo lingüístico -"falacia", dice la juez- que ocultó la verdadera operación desde el principio y permitió los cambios urbanísticos en las tres parcelas que previamente Febrer había escogido a su gusto.

La "falacia" de que se iba a pagar la deuda a las congregaciones con los tres suelos es fácilmente desmontable por la juez: era "imposible o cuanto menos inviable" repartir tres parcelas entre diez colegios. Y en el caso de que se hubiese hecho, se les hubieran entregado otro tipo de terrenos, y no los que entraron en la operación, "aptos para un desarrollo urbanístico" y "de proporciones económicas muy considerables", explica la instructora.

Pelotazo de al menos 19 millones

La operación requirió de la ocultación en las cuentas del Ayuntamiento, así como de la manipulación de datos contables relativos a las parcelas en cuestión. Pero donde más patente quedarían las irregularidades sería a la hora de tasar los terreno. Y no sólo extraña a la magistrada que el concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, contratara a una empresa ajena al consistorio para la tasación -el Ayuntamiento tiene técnicos calificados para ello-, sino que se eligiera 'a dedo' la misma compañía que hacía el servicio para Febrer. Decisión que obligó, según el relato del auto, a pagarle de manera fraccionada para evitar hacer una licitación pública.

La empresa contratada para realizar la tasación, Tinsa, valoró los tres terrenos en 40,8 millones de euros, pero "obvió" cuestiones como la destacable subida de los precios en el mercado inmobiliario por aquel entonces, en pleno boom (2007), así como la zona "con gran demanda" donde se ubicaban dichas parcelas. Es decir, que si bien su valoración debería haber ido a favor del Ayuntamiento, usó "un sesgo a la baja muy notable" con "perjuicio directo" a las arcas municipales.

La sorpresa llega cuando un informe pericial pedido por el juzgado al Catastro valora esos mismos terrenos en 54,8 millones de euros, incluso utilizando "un método de tasación más prudente". O lo que es lo mismo, las tres parcelas municipales "valían 14 millones de euros más" del valor que se empleó en la operación urbanística. Pero el desfase sería todavía mayor, dice la instructora, "si realmente Tinsa hubiera utilizado un método favorable" al consistorio, como dijo que había hecho.

Pero según el auto, hacía falta un apaño más: para que la operación encajara y pudiera hacerse la permuta sin problemas, era imprescindible que los suelos valieran, al menos en apariencia, lo mismo que la deuda del consistorio -35 millones-. Esto es, además del ya bajo valor que se les había dado, había que disminuirlo todavía más. Y para ello, se aprobó una moción según la cual en las parcelas se edificaría no sólo vivienda libre, sino también de protección oficial -más barata-, lo que redujo su valoración total "y de esta manera la tasación cuadró con el importe de la deuda".

Así pues, se entregaron a la compañía de Febrer suelos por un valor real superior a 54 millones a cambio de que asumiera una deuda de 35 millones. Beneficio que se ocultó en la tramitación administrativa. "El negocio" de Febrer, en conclusión, fue la adquisición de terrenos municipales "con precio determinado, con elección de tres parcelas cuyo valor hubiera podido alcanzar hasta el doble" y todo ello "vulnerando" la ley, puesto que para la enajenación de esas parcelas se tendría que haber convocado una subasta pública, según la juez.

2,2 millones en comisiones

Entre la documentación incautada durante la investigación se encuentra una tabla creada por la empresa de Febrer donde se hacía una "estimación del coste de la operación", entre cuyas partidas había tres asociadas a las letras A, N y R por valor de 1,2 millones, 360.000 y 300.000 respectivamente. Más tarde, las letras de los apuntes serían sustituidas por AG, NR y RR, siglas de Alfonso Grau, Néstor Ramírez -el funcionario-, y Rafa Rubio. De todo ello que la jueza señale estas cuantías como las comisiones ilegales cobradas por su colaboración en la operativa y, en el caso de Rubio, su silencio. 

De hecho, el auto recuerda que el portavoz socialista había denunciado públicamente con dureza los presuntos pelotazos urbanísticos que estaba llevando a cabo el gobierno local, lo que provocó que el empresario Febrer organizara una comida junto al jefe de Finanzas del PSPV, Pepe Cataluña, para tratar esta actitud con el propio Rubio. Cita para la que el abogado José Luis Vera habría hecho de facilitador e interlocutor para que "no hubiese escollo alguno" en la operación urbanística.

Así, la compañía de Febrer habría acordado el pago de 150.000 euros a Vera, identificado este por sus iniciales JLV. Un tercio de los cuales se pagaría con factura, y el resto en "B". Y Febrer habría hecho lo mismo, con la misma cuantía, para el cuñado de la alcaldesa, José María Corbín, que además habría suscrito un contrato con el objeto "Colegios" de casi 25.000 euros con el conglomerado mercantil del empresario . Todo pese a que "no consta" que Corbín tuviese intervención alguna "salvo por ser cuñado de la alcaldesa".