El auditor de la Fundación La Fe se niega a firmar las cuentas de 2017

VALÈNCIA. Por segundo año consecutivo, la Intervención de la Generalitat y la firma privada BDO Auditores han decidido no firmar las cuentas de la Fundación del Instituto de Investigación de La Fe. La auditoría de 2016 supuso el cese del director gerente del ente, José María Millán, y las de 2017, aunque no son tan alarmantes como las del año anterior, siguen teniendo problemas que deniegan el visto bueno del auditor.

La falta de información es uno de sus motivos, al no haber recibido respuesta a su solicitud de datos respecto a una selección de saldos a cobrar por ingresos de ensayos o subvenciones privadas y subvenciones públicas, cuyos importes a 31 de diciembre de 2017 ascendían a 1,05 millones de euros y 770.000 euros, respectivamente. 

"No se ha recibido conciliación entre los saldos indicados en las respuestas recibidas y el registro en contabilidad por importe de 109.000 euros y 3,6 millones, respectivamente", recogen. Esto les ha impedido llegar a una conclusión sobre la razonabilidad de los saldos mantenidos en algunos epígrafes del balance. Esta situación ocurre con más apartados.

La Fe no dispone de su parcela registrada

El inmueble donde la Fundación tiene su sede y ejerce parte de su actividad, y sobre el que ha realizado inversiones por 13,5 millones de euros, es propiedad de la Generalitat Valenciana. Esto hace que esté registrado en el epígrafe de “Inmovilizado Material” únicamente por el valor de las inversiones realizadas por la Fundación. "No podemos concluir sobre el adecuado registro y valoración del inmueble donde la Fundación tiene su sede y ejerce su actividad, así como el efecto que su adecuado tratamiento contable pudiera tener en el resultado del ejercicio", lamenta.

Esta situación hizo que el Ministerio de Economía comunicara a la Fundación el inicio de revocación del préstamo cuyo capital pendiente a 31 de diciembre de 2017 asciende a 2,6 millones de euros, al no disponer de la titularidad del edificio en el que se están acometiendo las inversiones objeto de la ayuda. Con esta situación sobre la mesa, la Fundación realizó los trámites para el traspaso de titularidad.

En enero de 2017, el Ministerio también solicitó la subsanación a la justificación de gastos de una ayuda de I+D+i recibida por la Fundación por importe de 1,1 millones de euros. Con fecha 10 de mayo de 2018 la Fundación aportó documentación justificando las inversiones realizadas. El auditor desconoce el desenlace final del procedimiento y sus posibles efectos en las cuentas.

No tiene clara la contabilidad de los proyectos

El balance también incluye pasivos financieros a largo y corto plazo por importe de 16,02 y 18,86 millones de euros respectivamente, correspondientes a deudas transformables en subvenciones vinculadas a proyectos de investigación, así como periodificaciones a corto plazo por importe de 9,56 millones de euros correspondientes a ingresos anticipados por ensayos clínicos.

Sin embargo, debido al sistema de control interno establecido en la Fundación en relación con la gestión de los expedientes, no han obtenido evidencia suficiente del adecuado control del corte de operaciones de ingresos y gastos al inicio y al cierre del ejercicio, ni han podido concluir sobre la posibilidad de que como consecuencia de la finalización del proceso de investigación o ensayo realizado, pudiera ponerse de manifiesto importes que fueran objeto de posible reintegro o que debieran reconocerse en la cuenta de resultados del ejercicio.

La auditoría también recuerda que a cierre del informe la Fundación se encuentra inmersa en un proceso judicial por la comisión de presuntas irregularidades en la gestión. A esto, suma que las cuentas anuales del ejercicio 2016 no han sido aprobadas por el Patronato de la Fundación, ni en su reunión del 28 de junio de 2017 ni en su reunión extraordinaria del 3 de mayo de 2018, como consecuencia de la denegación de opinión del informe de auditoría pública de regularidad contable emitido el 14 de marzo de 2018, así como por el proceso judicial.