VALÈNCIA. El Ayuntamiento de Valencia culminó este lunes el costoso proceso para responder a las más de 22.400 alegaciones presentadas ante la revisión del Plan General de Valencia del año 2010. El proceso, que se abrió en 2014, se cierra tres años después con un nuevo equipo de Gobierno, que ha aprovechado el trámite para introducir en la ordenación su política urbanística. En materia residencial, las alegaciones aprobadas por Govern de la Nau acotan a dos áreas el crecimiento de la ciudad: el sector de La Punta y el de Benimàmet.
Por lo que respecta a La Punta, se trata de mantener como futura zona urbanizable la zona más próxima al núcleo urbano "para garantizar la conexión y permeabilidad con el barrio de Nazaret", todo mientras se protege la huerta del lugar. La decisión no implica que dicho espacio vaya a ser urbanizado a corto plazo, pero sí la señala en el mapa de la ciudad como la próxima zona importante a desarrollar cuando se completen los sectores que se están desarrollando en la actualidad.
En cuanto a Benimàmet, la expansión futura del barrio se prevé como consecuencia del futuro soterramiento del metro. El plan del consistorio es "obedecer a las obligaciones derivadas del convenio subscrito entre el Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana el 5 de octubre del 2007", una actuación que se reimpulsa -al menos sobre el papel- "sin perjuicio de instar a esa Administración la posibilidad de su revisión para estudiar una actuación urbanística más compatible con la realidad de la pedanía".
"El planeamiento y desarrollo urbanístico de este Sector no afectará las actuales
alineaciones del colegio Ave Maria previstas en el PGOU y, por lo tanto, en
cumplimiento de las mismas y de la licencia urbanística concedida en su día, el centro escolar tendrá que proceder cuanto antes a la cesión de la vía correspondiente y al retroceso del muro y la urbanización de la calle por sus medios, ajustando así las alineaciones de acuerdo al PGOU de 1988", advierte el consistorio.
Por contra, las alegaciones aprobadas vetan la ampliación de otras zonas de la ciudad con el objetivo de proteger la huerta. Tal y como reza el informe de contestación, el Ayuntamiento procede a "eliminar del proyecto los crecimientos de la ciudad para usos residenciales previstos a expensas de la ocupación de huerta correspondientes a los sectores de Vera I, Campanar y las inmediaciones de Tavernes Blanques, Alboraia y La Torre (sur)", una medida con la que el ordenamiento municipal busca su encaje en el Plan de l'Horta y el Plan de Movilidad -normativas impulsadas a nivel autonómico en la presente legislatura-.
El consistorio toma esta decisión con el argumento de que en la ciudad cuenta con "la existencia de suelo para construir unas 40.000 nuevas viviendas, las nuevas viviendas que puedan edificarse como resultado de la revisión de la ordenación detallada del PGOU de 1988 y la incorporación al mercado de aproximadamente 60.000 viviendas vacías que existen a partir del Plan Municipal de Rehabilitación". Todo ello, según las estimaciones del consistorio, garantizaría con holgura la demanda de vivienda por un periodo de 20 años.
Las alegaciones aprobadas al Plan Estructural se enfrentarán a un nuevo periodo de alegaciones de 45 días, tras el que podrá desarrollarse un Plan de Ordenación Pormenorizada que lleve al detalle los planes del Ayuntamiento para el futuro urbanístico de la ciudad.