València, ante la sentencia del TC de las expropiaciones rogadas: "No es una buena noticia"

VALÈNCIA. La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ha declarado inconstitucional toda la normativa del Consell en la que se recogían las sucesivas prórrogas para que los municipios de la Comunitat hicieran efectivas las expropiaciones rogadas pendientes ha sentado como un jarro de agua fría al Ayuntamiento de València. Tanto, que se le pregunte a quien le pregunte en el equipo de gobierno -pero principalmente Urbanismo y Hacienda-, todos la resumen con la siguiente frase porque ni siquiera saben a qué se puede enfrentar a partir de ahora el Cap i Casal: "No es una buena noticia". 

El lío se remonta a dos mandatos atrás, comenzó en 2016. A modo de ejemplo, imagine que es propietario de una parcela. Su ayuntamiento modifica el planeamiento y sobre los planos ubica, en su suelo, una dotación pública: una escuela, un hospital, una biblioteca, un jardín, una calle, etcétera. Para hacerla realidad, la administración deberá expropiarle y pagarle una indemnización. Pero de repente surgen imprevistos, como pudiera ser la llegada de una crisis económica u otras razones que frenan los desarrollos urbanísticos, y el consistorio finalmente acaba no ejecutando la expropiación. 

Si pasan cinco años desde la aprobación del plan –este es el requisito de tiempo que marca la normativa–, el propietario de esos terrenos puede exigir que se materialice la expropiación e iniciar para ello un expediente de justiprecio con el objetivo de determinar la cuantía de la indemnización. La administración tiene que comprar dichos terrenos, en muchas ocasiones a un precio superior al de mercado, y aunque no disponga de consignación presupuestaria y esté sujeta a la regla de gasto. En definitiva, las expropiaciones rogadas son las compras de suelo que están obligados a materializar los consistorios por exigencia de los propietarios afectados por proyectos urbanísticos sin ejecutar. 

Ante tal situación y el elevado coste que podía tener para las arcas de los ayuntamientos esta regulación, el Consell decidió suspender los plazos de las expropiaciones rogadas de forma sucesiva. Lo hizo en cuatro leyes de Medidas Fiscales (las conocidas como leyes de Acompañamiento, sin las cuales no pueden salir adelante los Presupuestos de la Generalitat cada año): las de 2016, 2018, 2019 y 2020, todas las cuales modificaban la ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) de 2014. 

Las prórrogas "salvaron" en su momento a los consistorios que se encontraban en esta tesitura, pero ahora el Constitucional ha declarado inconstitucional esas moratorias, según la sentencia adelantada este lunes por Valencia Plaza. Y las consecuencias económicas que ahora puede tener sobre las arcas municipales de diferentes ayuntamientos son difíciles de cuantificar. Uno de ellos, el de València. 

Desde la concejalía de Urbanismo que dirige Juan Giner reconocen que el contenido era "previsible" tras la cuestión de constitucionalidad que planteó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en 2022 tras el recurso contencioso interpuesto en 2019 por el abogado Luis Pérez de Guzmán. Sin embargo, la noticia no deja de ser un palo para los gestores actuales: "Es una herencia nefasta que nos han dejado y que ahora debemos afrontar por culpa de la inacción del anterior gobierno", se quejan desde esta área. 

Por lo pronto, Urbanismo ya estudia junto a la concejalía de Hacienda la estimación económica de lo que puede suponer para la arcas del Ayuntamiento de València este fallo y, a su vez, también analiza la cantidad de suelos que se encuentran en esta situación. 

En este sentido, lamentan que a pesar de que Compromís y PSPV supieran que las prórrogas que estaban validando desde Les Corts tenían un carácter temporal, no plantearan en todo este tiempo realizar modificaciones urbanísticas para obtener esos suelos dotacionales mediante, por ejemplo, aprovechamientos urbanísticos y ahora, ocho años después de la prórroga, deba ser el gobierno de PP y Vox quien asuma el coste de esta medida. 

A punto de acabar la última prórroga

Cabe recordar que el anterior Gobierno autonómico, dirigido por Ximo Puig, no modificó la normativa de 2014 y fue prorrogando la moratoria sucesivamente, e incluso mantuvo estos aplazamientos pese a la denuncia presentada y la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el TSJ. La última prórroga, aprobada en la Ley de Acompañamiento de 2020 estaba vigente hasta este año, por lo que el 31 de diciembre expira.

Tras las últimas elecciones y el cambio de Consell, ahora encabezado por Carlos Mazón, no se ha mostrado la intención de aprobar otra demora y, de hecho, la Ley de Acompañamiento de este año ultima su trámite parlamentario sin recoger nada sobre esta cuestión. De esta manera, con la suspensión finalizada y declarada la inconstitucionalidad de la medida, ahora los ayuntamientos valencianos están abocados a hacer frente a las expropiaciones pendientes.